El gobierno de María Eugenia Vidal intimó a unos mil comisarios que aún no presentaron su declaración jurada de bienes a que lo hagan en un plazo de diez días o los denunciará ante la Unidad de Información Financiera (UIF) para que investigue si incurrieron en lavado de dinero.
El plazo para presentar la documentación ante la Escribanía General de Gobierno y la Dirección de Asuntos Internos, que depende del Ministerio de Seguridad, venció el último viernes y hasta entonces lo habían hecho 5341 de los 6340 comisarios que están obligados a declarar su patrimonio por el decreto 116 firmado por Vidal en marzo.
El gobierno decidió extender 10 días el plazo para que regularicen su situación, pero ya avisó que habrá sanciones para los que no lo hagan: sumario administrativo, suspensión y descuentos en los salarios de los comisarios. Todos ellos perciben sueldos de entre 27 mil y 50 mil pesos. Sobre estos haberes, en forma proporcional, se descontarán los días de suspensión. La principal sanción, no obstante, será la denuncia ante la UIF ya que expone a los uniformados a una posterior denuncia penal por enriquecimiento ilícito.
Las declaraciones juradas son para Vidal un elemento clave para atacar la corrupción en las filas de la fuerza y desarticular el sistema de recaudación ilegal ya que la documentación permitirá ver si hay comisarios que no pueden justificar su patrimonio.
La política de seguridad de Vidal, y de su ministro Cristian Ritondo, atraviesa un momento crítico luego de que el jefe de la Policía quedara en el centro de las miradas por la denuncia que formuló la diputada nacional Elisa Carrió, quien lo vinculó al narcotráfico. Por esta denuncia, Ritondo deberá ir a dar explicaciones a la Legislatura tras el receso invernal.
