El Tribunal Oral Federal 5 rechazó los pedidos realizados a través de los beneficios que otorga la derogada ley del 2x1. Giribone es ex jefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo y apropiador del nieto recuperado 106. En tanto que el otro condenado participaba de los partos de las detenidas-desaparecidas en la ESMA.
Giribone es un ex jefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo y apropiador del nieto recuperado 106, Pablo Gaona Miranda, condenado a 8 años de prisión por el robo y ocultamiento de identidad.
Los jueces Adriana Palliotti, Ángel Nardiello y Oscar Hergott emitieron distintos votos en los que resaltaron que los fallos de la Corte sientan jurisprudencia pero no generan obligaciones para los tribunales inferiores y que Giribone no estaba en condiciones de reclamar el 2×1.
El TOF 5 también rechazó este viernes el pedido de Jorge Luis Magnacco -el obstetra de la ESMA- de ser beneficiado con la derogada ley del 2×1 tal como lo había solicitado su abogado defensor esta mañana. La decisión fue tomada por los jueces Adriana Palliotti y Leopoldo Bruglia quienes no se pronunciaron sobre la validez del 2×1 sino que rechazaron el planteo por cuestiones formales, según informaron a Télam fuentes judiciales.
Giribone permaneció detenido desde el 20 de setiembre de 2012 y fue condenado el 9 de setiembre de 2014 por lo que no estuvo en prisión preventiva los dos años «que resultan condición necesaria» para aplicar el cómputo de 2×1, sostuvo Palliotti.
El juez Nardiello, por su parte, señaló que los fallos de los tribunales superiores aludidos por la defensa de Giribone no son de obligatoria aplicación para los tribunales inferiores. Es decir, sientan jurisprudencia pero no generan obligación.
«La ley resulta ser nuestra fuente fundamental del derecho, sin perjuicio de que la jurisprudencia también lo es pero, no en forma obligatoria (…) Las sentencias de la Corte tienen para los demás tribunales un valor no vinculante», sostuvo.
En tanto, Hergott rechazó el pedido de la defensa de Giribone que los delitos que se le atribuyeron al condenado son alcanzados por penas que nos son alcanzadas por cambios de valoración colectiva por estar vinculados al terrorismo estatal o porque no cesan en su comisión.
En paralelo, Juan Antonio Azic, apropiador de la actual diputada nacional Victoria Donda, y el obstetra de la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA, Jorge Magnacco, pidieron hoy la libertad condicional en base al cómputo procesal del 2×1, , en tanto que una fiscal reclamó la inconstitucionalidad de este beneficio al rechazar la excarcelación de otro represor, el ex agente del Batallón 601 del Ejército Victor Gallo.
El ex prefecto Azic (76), quien también se apropió de Laura Ruiz Dameri, solicitó que se recalcule su pena a través de un recurso presentado por su abogado en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro. Sin embargo, Donda salió esta noche a negar que su apropiador haya pedido su libertad.
En 2012, Azic fue condenado a catorce años y medio de prisión por la apropiación de Donda en 2012; y dos años más tarde a 10 años por la apropiación de Dameri, en 2014.
Por su parte, Magnacco hizo un planteo similar a través de su defensa oficial ante el Tribunal Oral Federal 5 que lo condenó a 15 años de prisión en un megajuicio por robo de bebés y ahora lo juzga en otro tramo de esa causa, explicaron fuentes judiciales.
En tanto, la fiscal federal Ángeles Ramos solicitó hoy al Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal que declare la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del beneficio del 2×1, al rechazar la excarcelación pedida por la defensa de Víctor Alejandro Gallo, condenado por crímenes de lesa humanidad.
La defensa de Gallo, apropiador del hijo de desaparecidos Francisco Madariaga Quintela, uno de los hechos por los que recibió condenas con pena unificada en 25 años, pidió la aplicación a su caso del reciente fallo de la Corte Suprema que invocó la derogada ley 24390 en beneficio del represor Luis Muiña, con el cómputo doble de los días que permaneció en prisión preventiva sin sentencia firme.
La fiscal Ramos -que integra la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad- solicitó a los jueces que declaren la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad ultra activa del artículo 7 de la ley 24.390 (conocida como 2×1) «en función de que resulta violatorio del principio de proporcionalidad de la pena, derivado del artículo 18 de la Constitución Nacional».
«Voy a postular la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del art. 7 de la ley 24.390, en su modalidad ultractiva, por afectación al principio de proporcionalidad de las penas», sostuvo Ramos en el dictamen entregado al Tribunal y al que accedió Télam.
La fiscal entendió que el caso de Gallo, condenado por la apropiación del nieto recuperado Francisco Madariaga y por otros delitos de lesa humanidad a una pena única de 25 años de prisión, es diferente al precedente «Bignone-Muiña», firmado por la Corte Suprema.
«La aplicación del precedente no resulta válido, puedo decir como primera cuestión que, aunque en ambos casos se trataron de delitos de lesa humanidad, los hechos imputados en el fallo tienen distinta naturaleza y alcance que aquellos por los cuales fue condenado Gallo», advirtió.
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidió ante la Justicia que se incluya en el programa de protección de testigos al nieto recuperado Francisco Madariaga ante la eventualidad de que su apropiador, Gallo, recupere la libertad.
Madariaga nació en un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar y fue apropiado por Gallo, quien lo amenazó en reiteradas ocasiones, según recordaron Abuelas a través de un comunicado.
También el represor Alejandro Lazo, condenado a 10 años de prisión por torturar en 1976 a perseguidos políticos, entre ellos a la actual jueza sanjuanina Margarita Camus, pidió hoy ser liberado mediante el beneficio del 2×1, que la Corte Suprema aplicó esta semana por primera vez a un condenado por delitos de lesa humanidad.
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