Con techo y paredes vidriadas, 48 dársenas para micros, locales comerciales y estacionamiento, además de un sector que en el futuro sería destinado a la construcción de una extensión de la línea E del subte, la Terminal Dellepiane fue pensada para descomprimir la terminal de micros de larga distancia de Retiro. Llevaba más de dos meses terminada, pero recién se inauguró este miércoles. Nació con un defecto de origen: la mayoría de las empresas de transporte no quieren trasladar parte de sus servicios hasta el predio de Villa Soldati, aseguran que económicamente no les conviene.

De hecho, por el momento sólo se operarán desde Dellepiane tres destinos: Rosario, Bariloche y Misiones. El secretario de Desarrollo urbano y Transporte porteño, Juanjo Méndez, y el ministro de Modernización, Andy Freire, participaron del acto de inauguración y se mostraron esperanzados en que la terminal absorba en el mediano plazo hasta el 40% del tráfico de Retiro.

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En realidad, los bemoles de la mudanza tienen raíces más profundas y refieren directamente a la concesión de la nueva terminal, en manos del mismo empresario que durante los últimos 23 años manejó la de Retiro.

En efecto, el nombre de Néstor Otero, titular de la empresa TEBA, sobrevuela todo el entuerto. Tras más de dos décadas de desidia en la concesión de Retiro, el gobierno nacional lanzó una licitación que prevé renovar la estación de micros con una inversión de 500 millones de pesos, para transferirla luego a la órbita de la Ciudad. Nación licita la obra por una sencilla razón: eludir a la Legislatura porteña, que entiende en cualquier concesión que supere los cinco años.

La idea del Ministerio de Transporte de la Nación es más ambiciosa: le ofrecerá al nuevo operador de Retiro –que se conocerá en junio– un período de 20 años de concesión. Y le entrega, a cambio del pago de un canon, la explotación del estacionamiento, los locales comerciales, las estaciones de servicio y carga de combustible que operen en la terminal, además de boleterías, oficinas, el servicio de maleteros y la publicidad.

Otero tiene la concesión desde 1993, y a pesar de los incumplimientos repetidos, descriptos en informes lapidarios de la Auditoría General de la Nación, en 2006 capitalizó los favores que le había hecho al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. El gobierno nacional le extendió la concesión por diez años más, además de rebajarle el canon acordado.

La historia posterior de Jaime y Otero es conocida. En un juicio abreviado, el empresario fue condenado por dádivas –admitió que pagaba los alquileres de dos departamentos de lujo que utilizaba Jaime– y pidió una probation.

Pero lo cierto es que Otero también tiene aceitados vínculos con el macrismo. Y la terminal Dellepiane es un proyecto que el propio empresario propuso al gobierno porteño, bajo la saludable premisa de desconcentrar el tráfico de micros de Retiro. A la licitación que hizo la Corporación Buenos Aires Sur, en 2012, sólo se presentó TEBA, y la gestión PRO le entregó el predio de 4,4 hectáreas en Autopista Dellepiane y Perito Moreno.

En rigor, lo que hizo el gobierno de Macri fue privatizar ese terreno, dándole a Otero la posibilidad de comprarlo en un leasing a 18 años, asumiendo el costo de construcción de la nueva terminal, pero pudiendo comprarla al terminar ese período por un ínfimo porcentaje del valor original y ya libre del pago de un canon –fijado en $ 6 millones trimestrales– a la Comuna. Un negocio a perpetuidad para Otero, que desde luego incluye toda la explotación comercial de la terminal de Soldati.

Todo bien (o mal) hasta ahí. El dilema fue convencer a las compañías de micros para que aceptaran ir. La Cámara de Empresas de Buses de Larga Distancia (CELADI), en medio de una larga disputa con el hombre fuerte de Terminales Terrestres Argentinas (TTA) –la empresa con la que Otero gestiona este emprendimiento y otras terminales como las de Mar del Plata y Santiago del Estero–, ya había advertido las contras de operar allí: la nueva terminal no tiene conexión con el Metrobus de la Autopista 25 de Mayo, su “recio de toque de dársena” no está regulado por el Estado y los costos, aseguran, se duplican, un incremento que se trasladaría directamente a los boletos.