Por decreto, la gobernadora María Eugenia Vidal extendió hasta el 31 de octubre, y «de manera excepcional», el plazo para que los funcionarios del Poder Ejecutivo y de la Policía bonaerense presenten la declaración jurada patrimonial integral ante la Escribanía General de Gobierno. El límite original para cumplir con esa obligación era mañana, 31 de agosto. La mandataria sortea así la campaña electoral.

El decreto 407, que fue publicado hoy en el Boletín Oficial, introduce una serie de cambios en la presentación de las DDJJ. El más importante es que amplía el universo de funcionarios policiales alcanzados por esa obligatoriedad. Además dispone que el trámite deberá realizarse de manera digital y no en papel como era hasta ahora.

La normativa firmada por Vidal amplía la cantidad de policías que deberán publicar sus bienes al disponer que deberán presentar una declaración jurada de bienes el personal de las Policías a partir del rango de oficial inspector o equivalente; todo el personal de jerarquía inferior a cargo de una comisaría y la totalidad del personal que preste servicios, sin importar jerarquía o función, en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado. Hasta ahora, la obligatoriedad de presentación de declaraciones juradas era desde subcomisario hasta comisarios generales.

También deberá presentar su declaración jurada el personal del Servicio Penitenciario con grado igual o superior al de alcaide o equivalente, personal de jerarquía inferior a cargo de unidades penitenciarias o alcaidías. 

En el marco de estos cambios, en el artículo 16 del decreto se determina «excepcionalmente y por única vez» que el plazo establecido se extenderá «hasta el último día hábil de octubre» y extiende así el tiempo hasta después de las elecciones legislativas convocadas para el próximo 22 de octubre.

El decreto establece también que las declaraciones deben ser presentadas en formato digital y no en papel. «La presentación en el formato actual genera grandes cantidades de papel a almacenar dificultando la sistematización de la información y acceso a la misma», sostiene el decreto y agrega que «debido al volumen de sujetos obligados que integran el universo y su dispersión en el territorio provincial deviene necesario implementar un sistema centralizado de presentación». El Ministerio de Justicia pondrá a disposición de los sujetos obligados una aplicación web para la carga y remisión de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales.

En la provincia, la obligatoriedad alcanza a un total de 55 mil funcionarios, entre ellos la propia gobernadora y su vice, los ministros, los secretarios, los subsecretarios, los titulares de organismos autárquicos y descentralizados y «todo otro funcionario con jerarquía equivalente, directores provinciales, directores y todo otro funcionario con jerarquía equivalente o superior a director, personal de Gabinete y secretario privado».