La sentencia de la jueza Loretta Preska contra el Estado argentino por la estatización de la mayoría del capital accionario de YPF se conocerá después de las PASO del próximo domingo 13.

La certeza de que el fallo será negativo para la Argentina abrió un abanico de especulaciones acerca de cómo haría la Argentina para pagar. En esa elección pesan varias consideraciones, desde el monto (se habla de entre U$S 4000 y U$S 7000) y la mejor relación costo/beneficio hasta los plazos de pago que se determinen.

La resolución de la jueza Preska impactará, además, en la campaña electoral ya que desde la oposición se le facturará a los candidatos del oficialismo, especialmente al gobernador Axel Kicillof, por la responsabilidad en la decisión de 2012 de tomar el control de la petrolera, hasta ese momento 100% privada con la española Repsol como su accionista principal y una firma del Grupo Eskenazi como el secundario.

Presiones para vender

Por debajo de la superficie que muestran los medios de comunicación se está moviendo una opinión que asegura que la mejor forma de cancelar el pasivo que surja de la sentencia del tribunal de Nueva York será vendiendo activos de YPF. En la mira de estas personas, vinculadas a la industria petrolera y energética nacional, se encuentran los llamados «activos centrales», es decir, las reservas de gas no convencional de Vaca Muerta. Cabe recordar que la petrolera tiene en concesión el 40% de la superficie de ese enorme depósito de gas y petróleo no convencional.

No conformes con eso, en algunas versiones se menciona que se podría conformar una bolsa de activos con un mix que combine las reservas con otros valores como el negocio de refinerías o la red de comercialización de estaciones de servicio, compuesta por unas 1500 bocas en todo el país.

Para avanzar en este sentido, este sector está reflotando la idea de que sea un banquero quien presida YPF en el nuevo gobierno que surja, ya que una persona con ese perfil podría «entender mejor» el escenario.

En esto entra una sutileza sobre la que el personal de Juntos por el Cambio tiene experiencia: en 2016 decidió pagar el 100% que los fondos buitres reclamaban en el mismo tribunal neoyorquino, que ocupaba en aquel momento Thomas Griesa, cortando las negociaciones en marcha y cerrándole el paso a nuevas instancias judiciales. La sentencia de Preska es apelable, pero con la excusa de la «inserción de la Argentina en el mundo», JxC podría llegar a pagar bajando las apelaciones y desmembrando a YPF.