Se cumplieron 15 años de la desaparición forzada y asesinato de Luciano Arruga, que apenas contaba 16 años de edad. Por eso familiares, allegados, distintas organizaciones sociales y de Derechos Humanos realizaron una serie de actividades que fueron organizadas por la hermana del joven, Vanesa Orieta.
Luciano desapareció el 31 de enero de 2009, tras haber sido detenido por la Policía Bonaerense en la localidad de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Su muerte se produjo un día después de haber sido secuestrado por los uniformados, el 1º de febrero, cuando cruzó corriendo la Avenida General Paz a la altura de Mosconi y fue embestido por un auto.
Estuvo desaparecido por más de 11 años. Finalmente el hallazgo se produjo en el cementerio de la Chacarita, tras una denuncia presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por la cual se logró la exhumación de un cuerpo que había sido enterrado como NN. Así pudieron comprobar que se trataba del joven Arruga, víctima de un caso ícono de la violencia institucional.
Reclamo de verdad y justicia
Durante los últimos días de enero una multitud marchó por el barrio de Lomas del Mirador, donde realizaron distintas expresiones artísticas charlas colectivas sobre los hechos de brutalidad policial: “Las actividades se hicieron con el objetivo -como todos los años- de seguir visibilizando el caso de mi hermano, el reclamo del derecho a saber la verdad y poder lograr que condenen a todos los responsables materiales, judiciales y políticos”, aseguró Vanesa a Tiempo.
Fue un momento para «poder comunicar que la causa está en la Justicia Federal con una carátula de desaparición forzada de persona y que todavía permanece en la etapa de instrucción hace 15 años”, explicó en relación a la situación penal.
Los organizadores aprovecharon para comunicar a la gente que “actualmente nos encontramos a la espera de una resolución para que se haga el juicio político que venimos reclamando hace varios años para que juzguen al juez Gustavo Banco, del Juzgado de Garantías Nº 5 de La Matanza; a las fiscales Roxana Andrea Castelli y Celia Cejas Martin, todos ellos del mismo Departamento Judicial”, reclamó Vanesa.
Una desaparición forzada
Denunciaron a estos tres magistrados “por habernos negado el acceso a la información de la causa, por haber delegado la investigación a la misma policía que nosotros señalamos como responsable del secuestro y desaparición forzada de Luciano”, aseveró Vanesa. También, “por espiarnos a los familiares por medio de pinchaduras telefónicas durante un año y seis meses, invirtiendo tiempo y dinero del Estado en función de perseguir a las víctimas y no a los responsables del terrible hecho”, explicó Vanesa.
Siguió recordando que durante una de las actividades profundizaron “en que niñas, niños y adolescentes no son peligrosos, sino que están en peligro, que sufren la problemática base de la violencia institucional”, remarcó la mujer. Explicó que se refiere a la “falta de derechos fundamentales, como no poder comer, no poder acceder a la salud, a la educación y a una vivienda digna”.
Por otro lado, “esto permite que nuestras niñas, niños y adolescentes sean rehenes de otra problemática de represión estatal, que ejerce la tortura, el fusilamiento, la desaparición forzada y el hostigamiento, que en los barios es moneda corriente”, enfatizó.
Continuó la hermana de Luciano Arruga asegurando que “nuestros jóvenes están fuertemente discriminados, son considerados peligrosos, caen sobre ellos miradas discriminatorias y criminalizantes que hacen que la gente pida medidas cada vez más duras, más fuerzas de seguridad en los barrios para agudizar los controles sobre los cuerpos de las personas empobrecidas”, se quejó Vanesa.
Sobre la precariedad del Poder Judicial
La organización social y cultural llamada “Familiares y Amigos de Luciano Arruga”, tiene como principal objetivo velar por los Derechos Humanos. “Se nos hace muy difícil después de 15 años poder pensar que nuestro reclamo sigue exigiendo justicia”, dijo respecto al desgano “de los funcionarios judiciales en esclarecer el caso”.
Existe una gran impunidad “que ha logrado que nuestro derecho a saber la verdad sea vulnerado, por lo tanto, poder acceder a la justicia se ve dificultado en este sentido, por eso queremos visibilizar que el Estado es responsable”, denunció la hermana del joven.
Dijo que la represión estatal “goza de impunidad, que se manifiesta claramente en la falta de políticas públicas que atiendan la problemática tanto de violencia institucional, como a la falta de derechos fundamentales que garanticen necesidades básicas”, apuntó la mujer.
Ninguno de los gobiernos “constitucionales ha hecho prevalecer el respeto hacia las niñas, niños y adolescentes que resultan víctimas, todo lo contrario, han dado lugar a diferentes discursos de odio dirigidos a las personas empobrecidas a través de políticas de seguridad y la brutalidad policial”, subrayó.
La causa está federalizada con la carátula de “desaparición forzada de persona” y esperan el jury de enjuiciamiento a los tres funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. “Venimos visibilizando hace años la impunidad de un Estado que sigue violando sistemáticamente los Derechos Humanos de las personas pobres”, aseguró.
El fantasma genocida
También adelantó que los próximos pasos a seguir durante los próximos días, meses y años, “tienen que ver con continuar visibilizando, sensibilizando, concientizando sobre la problemática de represión estatal”. Además, explicó que entienden “que debemos hacer un ejercicio dinámico de construcción de memoria que dé cuenta de lo que nos ha pasado durante la última dictadura cívico, militar y religiosa, para opacar a ese fantasma genocida que aún ronda en la sociedad”.
Porque hay muchos casos “que se asemejan a los ocurridos en esos momentos horrorosos, las fuerzas de seguridad siguen cometiendo crímenes atroces como desapariciones forzadas, torturas y fusilamientos”, denunció Vanesa.
Citó casos como “Santiago Maldonado, Facundo Rivera Alegre, Daniel Solano, Sergio Ávalos, Theuel de la Torre, entre muchos otros casos más en los cuales podemos encontrar prácticas de desapariciones forzadas”, explicó.
Siguió relatando que continuarán luchando “porque hoy tenemos el gobierno de Javier Milei que intenta llevar adelante políticas entreguistas, colonizadoras, desbastadoras para nuestra sociedad y está tomando decisiones terriblemente injustas para el pueblo”, enfatizó la mujer.
Mensaje a la comunidad
Le pide a todas las personas “que se acerquen y escuchen las voces de las madres, hermanas, tías, abuelas y las amigas, de todas aquellas mujeres que levantamos las fotos de nuestros familiares que fueron fusilados, torturados, desaparecidos o privados de libertad en situaciones irregulares”. Porque los diferentes “gobiernos constitucionales profundizaron en las violaciones a los Derechos Humanos”, apuntó.
Por eso pretenden transmitir “a través de la sensibilización, que desde la organización y la lucha se puede provocar la visibilización de esta problemática e instar a que las palabras de las familias víctimas sean escuchadas con respeto”, alentó. Agregó que hay que tener en cuenta “que somos parte de un dolor muy profundo de la sociedad argentina que merece ser saldado”.
Es por todo ello que desde la organización popular recomiendan “seguir reivindicando la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, exigiendo la apertura de los archivos, la recuperación de todos los nietos y nietas, las condenas a todos los responsables del atroz genocidio que cometieron en nuestra sociedad”, ahondó.
Señaló que todo esto debe servir “para construir memoria, reclamar que en democracia no vuelva a ocurrir lo que ha pasado durante la década de los ‘70 y que todos los gobiernos constitucionales que vengan en el futuro entiendan que hemos dicho, nunca más”, concluyó.
