El año 2025 no contó con Ley de Presupuesto que oficiara de guía sobre las fuentes de recaudación y el destino de los fondos. Lo mismo ocurrió durante el ejercicio 2024. En ambos casos fue el gobierno el que buscó algún mecanismo para eludir su obligación de proponer una ley para que el Congreso Nacional considerara.
De esta forma, durante los primeros dos años de gobierno de Javier Milei, la única herramienta capaz de ofrecer alguna pauta para el manejo de los recursos del Estado con algún control del resto de los poderes resultó ser el presupuesto 2023 que, con una inflación superior al 200% sin contar la de los años siguientes (117% y alrededor de 30%), careció de cualquier solidez y referencia con la realidad.
De esta forma, el uso y recaudación de los recursos quedó a merced de la arbitrariedad del Ejecutivo, un escenario ideal para imponer un ajuste fiscal sin precedentes orientado a los sectores más sensibles.
Espiar sí, educar no
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) da cuenta de un ajuste del gasto estatal del 29% que, además, ostenta una fuerte heterogeneidad en la medida en que algunas partidas sufrieron recortes de hasta el 100% mientras que, otras, se beneficiaron con un sensible crecimiento en términos reales. Un análisis pormenorizado no deja dudas sobre la orientación polítca, económica, social y hasta cultural del gobierno libertario.
Es que, en primer lugar, resalta la suba del 52% en términos reales que registró la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con relación a lo recibido en 2023 que contraste con el ajuste que, incluso, exhiben otras fuerzas de seguridad como la Policía Federal (-31%) o la Gendarmería y Prefectura, ambas con recortes del 29%.
Pero el foco del recorte, claramente, estuvo puesto en la salud, la educación, las transferencias a las provincias (herramienta de extorsión a gobernadores y legisladores) y la obra pública en todos sus niveles.
El CEPA destaca que “los Servicios de Deuda Pública representan el 8 % del gasto total, manteniendo un peso relevante en la estructura presupuestaria”.
Del otro lado, llama la atención que “en materia de organismos públicos, se observan fuertes recortes en la mayoría de las áreas de Salud, incluyendo la Superintendencia de Servicios de Salud (-72 %), hospitales nacionales con ajustes entre -20 % y -42 %, el Instituto Malbrán (-26 %) y la ANMAT (-25 %)”.
El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, destaca el informe, “registra una caída del 38 %, mientras que el INCUCAI presenta un aumento del 24 % en su ejecución”. Este último es el organismo encargado de gestionar la donación de órganos para su trasplante. Su mejora en términos reales resulta sugestiva en tanto el mismo Javier Milei había dicho en campaña electoral que las personas tenían derecho a vender sus órganos si así lo desearan.
Ciencia y universidad, afuera
El sector científico y la educación en todos sus niveles también recibió un recorte “preferencial”. Por caso el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación redujo sus partidas un 82 %, la CONAE (-19 %), CONICET (-32 %), Servicio Geológico Minero Argentino (-25 %), Servicio Meteorológico Nacional (-34 %), Fundación Miguel Lillo (-32 %) y la CONEAU (-8 %).
Al mismo tiempo, el recorte durante 2025 muestra ensañamiento con los organismos de Seguridad Social que siguen siendo un componente mayoritario del presupuesto y que “muestran disminuciones relevantes” que resultan exponenciales a la luz del peso específico que tienen en las cuentas y, claro, en la vida de las personas. La ANSES en su conjunto registra un recorte del 5 %, mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió un recorte del 73 %, y el INAES, que gestiona fondos para la economía social, tuvo que soportar un ajuste del 73 %.
Más pobreza para los más pobres
Pero son los programas de Desarrollo Social donde se observa una caída casi total que indica una decisión política definida. En el ítem de Economía Social y el Plan Nacional de Protección Social el recorte es del 100 % mientras que el programa de Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia se ajustó un 90 % de sus recursos.
En un marco de creciente pobreza y persecución judicial a las organizaciones sociales los Comedores Comunitarios y Merenderos sufrieron un ajuste del 52 %.
En materia de desarrollo productivo, destaca el CEPA, “los recortes afectan a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-72 %), al INTA (-41 %) y el INTI (-41 %)”. Lo mismo ocurre con “los organismos vinculados a energía” que “presentan también fuertes ajustes, incluyendo la Comisión Nacional de Energía Atómica (-42 %), la Autoridad Regulatoria Nuclear (-14 %), el ENRE (-13 %) y el ENARGAS (-32 %)”.
Por programa
Más en detalle, en el área educativa, “los programas críticos registran ejecuciones casi nulas, como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100 %), Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles (-90 %), Becas y Gestión Estudiantil (-78 %), Acciones de Formación Docente (-75 %), Infraestructura y Equipamiento (-37 %) y Desarrollo de la Educación Superior (-29 %)”.
En salud, “se destacan programas virtualmente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100 %), Prevención de Enfermedades de Patologías Específicas (-88 %) y Prevención de Enfermedades Endémicas (-71 %)”.
Por último, “en transporte y obra pública, la ejecución es extremadamente baja, con caídas que van del 74 % al 100 %”. Con especial foco en “Infraestructura en Municipios (-100 %), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-98 %), Construcción de Túneles y Puentes Grandes (-95 %), Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-95,2 %), Desarrollo de Obra Pública (-93,5 %), Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo (-92 %) y Rutas Seguras (-89 %)”.
Finalmente, dice el CEPA, “las transferencias del Tesoro Nacional a provincias y municipios muestran fuertes ajustes: Asistencia Financiera y Técnica a Municipios (-98 %), Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (-100 %), Asistencia Financiera a Provincias y Municipios (-100 %), transferencias a entes de la Secretaría de Obras Públicas (-92 %) y a la Secretaría de Energía (-77 %), mientras que Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional presenta una caída del 68 %”.
En síntesis, concluye el informe, “la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria, afectando programas clave de salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia”.
