Tres episodios de los últimos días sirven para pintar el año que se va en materia social. Uno: familiares de niñas y niños con discapacidad tuvieron que llamar uno por uno a legisladores para pedir que no los abandonen y defiendan sus derechos en el Congreso, ante la discusión de un Presupuesto con el que Javier Milei pretendía –otra vez- vulnerarlos. Dos: investigadores, docentes y becarios tuvieron que armar un árbol de Navidad gigante frente al Polo Científico –coronado por la Estrella Culona– para visibilizar el desguace y pedir buenos deseos para el sector, arrasado por el cientificidio en curso. Tres: por la decisión del Ministerio de Salud de quitarle peso y autonomía a la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), las sociedades médicas tuvieron que salir a decir que, sin políticas públicas sostenidas y fomentadas por el Estado nacional, la vacunación seguirá cayendo en picada. Los tres actos podrían resumirse con un mensaje que suele aparecer en forma de pancarta en las marchas de protesta desde que asumió el mileísmo: “No puede ser que estemos discutiendo esto”.
Habían pasado sólo 16 días de 2025 cuando se publicó en el Boletín Oficial una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que usaba los términos de “Idiota”, “Imbécil” y “Débil mental” para referirse a personas con discapacidad. Formaban parte de una normativa que establecía criterios retrógrados para el otorgamiento de pensiones no contributivas, que además luego serían recortadas entre irregularidades y maltratos. Ese escándalo estalló en febrero. Faltaban todavía seis largos meses para que se desatara otro, que aún resuena: en agosto se conocieron audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, punta del ovillo para descubrir un entramado de corrupción a costa de ese sector que el Gobierno se dedica a estigmatizar y ajustar. También ese mes el Presidente vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, protegida del veto en el Congreso en septiembre gracias a la lucha en las calles de un colectivo que debió volver a salir, días atrás, a defender esa ley que pretendía ser derogada mediante el Presupuesto 2026.
“A pesar de lo sistemático de los ataques a las personas con discapacidad, a prestadores, a profesionales, a familiares, las luchas son colectivas. Que cada uno defienda estos derechos con uñas y dientes, junto con la sociedad que se solidarizó, hizo posible que esto triunfara”, destaca Gabriela Troiano, presidenta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), tras el logro que implicó dejar fuera del Presupuesto el Capítulo XI, que incluía la derogación de dos leyes tan peleadas: la de Emergencia en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. “Nuestra lucha sigue, esto no terminó”, avisa, mientras los reclamos del sector se dirimen además en la Justicia. Lo que no se salvó del Presupuesto 2026 fue el fin del piso mínimo de fondos para educación, ciencia y escuelas técnicas, que vuelven a ser desechadas como en los ’90 y en el macrismo.
Crueldad y coherencia
En el plano científico, el gobierno también se lució por su coherencia. Comenzó el año con la publicación de la Resolución 10/2025, en enero, que determinó la eliminación de los programas de investigación que no correspondieran con los sectores definidos como prioritarios: agroindustria, energía, minería, economía del conocimiento e innovación en salud. Al filo del año hubo una decisión más drástica aún: se dieron de baja los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) de 2022 y 2023. En los hechos, se dejó de financiar la ciencia básica. Un ataque al corazón del sistema científico argentino, a contramano del mundo. De aquellos años de satélites, Tecnópolis y científicos repatriados ya nada más queda.
“Hay una política a la que no le podemos poner otro nombre que ‘cientificidio’. Porque es mucho más que un ajuste. Eso se está sufriendo en cada laboratorio, en cada área del país, en cada disciplina. Estamos perdiendo una generación de jóvenes científicos. Algunos se están yendo hacia otras cosas y otros, muchos, se están yendo a continuar actividades científicas en el exterior”, advierte Jorge Geffner, doctor en bioquímica, inmunólogo e investigador del Conicet.
Algunas cifras sirven para describir el panorama. “Veníamos en el gobierno anterior con un presupuesto que ya era bajo en ciencia y técnica, 0,31% del PBI. La Ley de Financiamiento decía que en pocos años había que llevarlo al 1 por ciento. No creció: durante el gobierno de Milei bajó a 0,15%. La mitad del anterior. Es decir que estamos en la lista de los peores países en cuanto a inversión en ciencia y técnica”, remarca Geffner.
Otra variable del cientificidio: mientras la inflación alcanzó un 249,5% desde la asunción de la actual gestión, la variación de sueldos en ciencia está más de 100 puntos por debajo, según un informe del Grupo EPC.
“No se puede creer el retroceso”
Analizia Astudillo también habla de números. Es obstetra y ginecóloga del Hospital Garrahan, especialista en medicina fetal. A mediados de año fue noticia por un hito médico: asistió el parto por cesárea de una bebé que ella misma había operado dentro del útero de su mamá, por una grave malformación congénita. El Garrahan se convirtió así en el primer hospital público pediátrico del país en lograrlo, en plena lucha de su personal por mejoras salariales y presupuestarias.
Pese a ese logro personal, para el que se había formado durante toda su carrera, el balance anual de Astudillo sobre el sistema de salud público es desolador. “Este año en salud pública los números fueron un desastre. La tasa de vacunación por debajo del 50%. Casos de sarampión, tos convulsa, aumento de sífilis, enfermedades de transmisión sexual. Los números son los que empiezan a hablar. No se puede creer el retroceso. Y en muy poco tiempo”, lamenta. Lo atribuye al “desfinanciamiento sistemático» de los hospitales públicos: «El Garrahan es el estandarte, pero le pasó igual al Bonaparte y a todos los nacionales”. En el medio, la «batalla cultural» de un Gobierno empecinado en instaurar el individualismo, el sálvese quien pueda, el negacionismo y el Estado ausente.
Otras cifras reflejan el panorama: más de 250 profesionales que renunciaron en busca de mejores salarios, un aumento del 60% logrado a fuerza de lucha pero aplicado sobre básicos que estaban por el piso, con una demanda en aumento porque muchas familias no pueden sostener las obras sociales y prepagas y pasan al sistema público. Y un pronóstico: “El sistema público está yendo hacia el colapso”. «
El gobierno declaró la guerra
“Si tomamos como fuente el decreto presidencial por el cual se anunció que no se iba a cumplir la ley universitaria –aunque la Justicia ya falló que hay que cumplirla-, lo que allí se dice es que el poder adquisitivo del salario docente y no docente se deterioró un 45% desde diciembre de 2023”, apunta Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Y acota que la falta de actualización de gastos de funcionamiento «implica no solamente que estén afectados los edificios, sino además las becas, los insumos para los proyectos de investigación, la posibilidad de organización de jornadas y viajes académicos, es evidente que el gobierno nacional nos ha declarado la guerra a la educación, a las universidades y al sistema científico”. Destaca lo ocurrido en Diputados durante la discusión del Presupuesto 2026: “Que el capítulo once del Presupuesto no se haya votado es el mejor de los regalos que nos pudo traer Papá Noel en este fin de año”. El conflicto está lejos de resolverse.
