En esta breve nota (siempre se es breve cuando se trata de referirse a aquella dictadura) reponemos algunos tópicos fundamentales del mayor drama político y social de nuestra historia reciente. Para las jóvenes generaciones y para quienes, perplejos ante el reflujo negacionista, gustan repasar datos y argumentos. Cabe recordar que hace 50 años comenzó la última de una zaga de dictaduras: 1930-1943, 1943-1946, 1955-1958, 1962-1963, 1966-1971-1873, 1976-1983. Ninguna tuvo características populares ni mucho menos cercanía con un pensamiento de izquierda, todo lo contrario, se trató siempre, sin excepciones, de militares y civiles entre liberal conservadores, nacionalistas o neoliberales y en todos los casos las cúpulas económicas (agroexportadoras, industriales, bancarias) fueron cómplices. En particular, la última dictadura contó con apoyo, en distintos niveles, de Estados Unidos (en el marco del Plan Cóndor en toda la región), con sus agencias de seguridad y de inteligencia involucradas.
El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue precedido por un gobierno (Juan Perón e Isabel Perón) que albergó en su seno una agrupación paraestatal armada, la Alianza Argentina Anticomunista, responsable de más de 1.500 asesinatos por razones políticas, mientras las fuerzas de seguridad, que ya torturaban, mataban y desaparecían personas, encarcelaron alrededor de 5.000 personas por motivos ideológicos. Se cuentan alrededor de 900 desaparecidos entre 1973 y 1976, metodología que, a partir del golpe de Estado, se volvió sistemática y masiva. En términos de economía y conflicto social, los liberales a cargo del ministerio, Celestino Rodrigo, Ricardo Zinn (de la UCEDE) y un joven Pedro Pou (quien sería presidente del BCRA en la segunda etapa del gobierno de Menem), generaron las condiciones del plan que presentaría el ultra liberal José Alfredo Martínez de Hoz una vez producido el golpe.
¿Cuál fue el cometido principal de los militares y las corporaciones económicas a cargo del gobierno de facto? Desde nuestro punto de vista, vinieron a neutralizar, interrumpir y, en efecto, eliminar la creciente organización obrera, la participación de los trabajadores en el total de la riqueza producida, la transversalidad de actores sociales con alto potencial de rebeldía: movimiento estudiantil, movimiento villero, sindicatos, curas de la teología de la liberación, escritores, periodistas, movimiento feminista, Frente de Liberación Homosexual, circuitos de contracultura, entre tantos otros. Lo que, en el fondo, pretendieron extirpar de la sociedad fueron los efectos progresivos de la serie de revueltas que habían tenido lugar entre 1968 y 1969, siendo el Cordobazo, la más emblemática (junto al Rosariazo, el Villazo, el Tucumanazo, el Rocazo, etc.).
¿En qué consistió el terrorismo de Estado? Se trató de un plan sistemático (demostrado a nivel académico, jurídico y político) de secuestro, tortura, violación, expropiación, robo de bebés, asesinato y desaparición forzada. Para llevarlo a cabo se montaron alrededor de 500 Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio (CCDTyE), donde los secuestrados eran torturados con el fin de extraerles información o por goce perverso de los torturadores. Luego eran asesinados, liberados o detenidos “legalmente” y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Los cuerpos de los asesinados, en la mayoría de los casos eran enterrados como NN en cementerios, incinerados o arrojados, aun estando vivos, al río o al mar argentino. Los hijos de las víctimas, también secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio durante el secuestro de su madre, eran robados y entregados a familias allegadas al entorno militar o policial.
¿Fueron 30.000? Es odiosa toda discusión sobre asesinatos y desapariciones en términos de números, por eso el número de 30.000 funciona como un dique de contención, un corte para pasar a la discusión más importante sobre causas, procedimientos, desenlace, efectos… y, sobre todo, hacer justicia. Sin embargo, como ocurre con los negacionistas antisemitas a la hora de referirse al Holocausto, el negacionismo en Argentina se empeña en discutir la cifra sin ofrecer como contrapartida solución alguna. Ya que, por definición, no hay cifra oficial, en la medida en que son los responsables quienes debieran brindar los datos (militares, iglesia católica, empresarios, fuerzas policiales). El lugar común de los nagacionistas consiste en citar la cifra de la Conadep. Esta comisión publicó un informe conocido como “Nunca Más” que sirvió de base para el Juicio a las Juntas Militares (1985) en el cual figuran las denuncias de 8.960 desapariciones y el reconocimiento de 340 Centros Clandestinos. Pero es obvio que se trató de una tarea tan invaluable como parcial, ya que primó el sentido de la oportunidad dada la decisión política de juzgar a los responsables. Con el tiempo se descubrieron más centros de detención y muchos más casos de desapariciones.
Más allá de la publicación de Rodolfo Walsh, un año antes de su famosa “Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar”, en ANCLA, donde afirma que eran “15 mil los detenidos políticos e incontables los muertos y desaparecidos” (apenas en agosto de 1976), o del informe de la Comisión Argentina de Abogados (CADHU) en 1977, donde afirmaba la cuenta de 20.000 desaparecidos hasta ese entonces, incluso del planteo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga por los Derechos del Hombre, los Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, quienes empezaron a hablar de 30.000 desaparecidos en 1979, es interesante remitirse a otro tipo de fuentes, más cercanas a los perpetradores. El 24 de marzo de 2006, el periodista Hugo Alconada Mon escribió en el diario La Nación, que el Ejército Argentino reconoció haber asesinado y desaparecido a 22.000 personas entre 1975 y 1978 (es decir, quedando por delante cinco años más de dictadura), tras acceder a copias del Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, donde había llegado esa información a través de Enrique Arancibia Clavel, agente de la Dirección de Inteligencia chilena (DINA) en Buenos Aires. Aparte, como relata Juan Chazarreta en el prólogo a la segunda edición de su libro Operación Chacabuco (Red Editorial, 2026), en 1977 llegó a la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el “oficial político” Allen “Tex” Harris, enviado por la Casa Blanca para monitorear el plan de la dictadura y, tras investigar en profundidad documentos provistos por los propios militares, afirmó en una entrevista (Perfil, 20/06/2025) que el número 30.000 es una cifra bastante aproximada de la magnitud del genocidio en Argentina. Además, llegó a decir que el número en términos reales puede llegar a ascender a 50.000y afirmó que “no fue gente asesinada por poner bombas, sino por sus ideas”. Además, hay otras formas de contabilizar, reuniendo información dispersa de los más de 500 centros clandestinos de detención. Por ejemplo, si en el denominado “circuito Camps” (del que participó Roque Carlos Presti, el padre del actual ministro de Defensa, un militar en servicio), hubo alrededor de 5.000 desaparecidos, no es muy difícil imaginar que, aun con la heterogeneidad de escalas, la sumatoria puede llegar a superar con creces los 30.000 detenidos desaparecidos en todo el país. De modo que, sí, como dicen los negacionistas, la cifra es política y es simbólica, pero no porque esté “inflada”, al contrario, cumple la función de establecer un corte y forma parte de un consenso popular, un número insignia para dejar de hablar de números. Para dejar de hablar de “guerra” y nombrar lo que sucedió como corresponde: fue un genocidio.
¿Genocidio o guerra? A propósito de la caracterización de ese genocidio como “guerra”, que era el cuento de los militares y los negacionistas de hoy hacen suyo, ¿cuál fue el rol de las agrupaciones guerrilleras? En realidad, tanto Montoneros, como el PRT, las FAR, FAP, entre otros, fueron espacios políticos con militancia y acción territorial y cultural, que contaron con su brazo armado surgido durante dictaduras anteriores. Los negacionistas de diverso pelaje suelen justificar aquella dictadura por el hecho de que algunas de las agrupaciones mencionadas sostuvieron su estrategia guerrillera en el corto período democrático tras el retorno de Perón al país. Pero el argumento que pretende legitimar los crímenes de la dictadura por la acción de grupos políticos armados que los militares consideraban “subversivos” es falaz. Esto lo expresó el mismo Comando en Jefe del Ejército Argentino un mes después de la fallida operación del ERP en Monte Chingolo: “el ataque al Arsenal 601 y el considerable rechazo del intento demuestra la impotencia absoluta de las organizaciones terroristas respecto de su presunto poder militar (…) la derrota reveló grandes falencias organizativas y operativas que muestran escasa capacidad militar” (…) el episodio indica la incapacidad de los grupos subversivos para trascender al plano militar”. (Juan Chazarreta, www.coyunturas.com.ar) El citado comunicado del Ejército fue publicado por el Diario Clarín el 31 de enero de 1976, y lo que el propio Ejército admite ex ante, es que la dictadura no combatió a ninguna “guerrilla subversiva”, sino que su blanco fue la sociedad civil, personas que se le oponían con ideas y actitudes. Sin esa falacia se cae el argumento de la guerra. Pero aun si hubiera sido cierto que la guerrilla representaba un peligro para los valores “cristianos y occidentales”, de ninguna manera se puede afirmar que existió una guerra entre un Estado con todas sus fuerzas militares y agrupaciones guerrilleras compuestas por unos pocos cientos de jóvenes inexpertos o apenas entrados en el mundo de las armas. Aún más, no es solo una cuestión de magnitud, sino que conceptualmente el Estado tiene por definición una responsabilidad respecto de la ley y la protección de los ciudadanos, que hace imposible la equivalencia entre un atentado “terrorista” de un grupo militante y un plan sistemático de secuestros, torturas, violaciones, asesinatos, expropiaciones, robos de bebés y desapariciones forzadas. Nora Cortiñas lo decía con claridad: un crimen de Estado es un crimen de crímenes.
¿Cuáles fueron los números de la economía? Tras la visita de Hayek y de Milton Friedman a Chile para estrechar la mano del dictador asesino Pinochet, quedó claro que los neoliberales consideran problemático al Estado social, pero no al Estado policial. Los neoliberales y conservadores argentinos no son distintos; así, con un Estado policial y, digamos, terrorista, como soporte, llevaron adelante un cruento plan de desguace de lo público y descuartizamiento del aparato productivo. Ese programa, con variantes, volvió una y otra vez en democracia, con Menem, Macri y Milei… a las Tres A, siguieron las Tres M. Un trabajo en curso del historiador económico e investigador Bruno Napoli resulta esclarecedor para comprender el alcance de la impericia y la obstinación ideológica y ventajismo del plan económico de la dictadura:
Seis ministros de economía pasaron por los ocho mandatos que se sucedieron entre 1976 y 1983. A través de distintos estudios se concluye (por la medición de NBI: Necesidades Básicas Insatisfechas y otras variables) que entre 1974 y 1975 se registraba alrededor de un 4% de pobreza, hasta la megadevaluación conocida con el nombre de “Rodrigazo”, meses antes del golpe. Dice Napoli que la reconstrucción de datos de todas las “bibliotecas” indica para 1982 un 22% y para 1983 cerca del 27% de pobreza. Otro dato interesante es el hecho de que durante la dictadura se crearon alrededor de 400 villas y que, en el contexto de la organización del mundial de fútbol de 1978 la política de erradicación de villas (hay un gran trabajo al respecto de Oscar Oszlak) echó a 195.577 personas. En cuanto a la inflación (dato sensible para medir la pobreza), el plan de Gelbart con Perón había logrado bajarla al 20% anual, pero tras la crisis del petróleo y el Rodrigazo ascendió a 180% y siguió aumentando, de modo que la dictadura heredó una inflación alta, pero no hizo más que experimentar vaivenes en medio de un ajuste brutal, para terminar en 1983 con 443% anual. La expropiación de empresarios y la corrupción económica, así como la financiarización de la economía (incluyendo un jugoso carry trade, como el de Luis Caputo en la actualidad) fueron rasgos decisivos de ese período. El crecimiento de la deuda externa fue producto de la política económica, ilegítima por tratarse de un gobierno dictatorial, de la estatización de deudas del sector privado (grupos colaboracionistas como Socma, de la familia Macri, Bridas, de los Bulgheroni, Techint, Pérez Companc, Ford, Impsa, Fiat, entre otras) y de la más llana corrupción; llevaron la deuda bruta de u$s 7.899 M a u$s 45.946 M. El Fondo monetario Internacional, que comenzó a contar con Argentina como miembro tras el golpe de Estado de 1955, hizo siete acuerdos con la dictadura. Además, entre las leyes que aun perduran dictadas por los genocidas, la Ley de entidades Financieras (21.526, de 1977) es, tal vez, la más vigente y sintomática de una transformación de la estructura económica de nuestro país, que ningún gobierno se atrevió a abordar.
Hoy y mañana. El gobierno de Milei y Villarruel (familiar de genocidas), con la Fundación Faro a cargo de Agustín Laje, quién celebró públicamente los crímenes de la dictadura y con el respaldo de Patricich Bullrich, acusada en campaña por el propio Milei de “poner bombas en jardines de infante” (y acusada por los militantes de entonces de operar como servicio), y la inestimable complicidad, una vez más, de la cúpula económica, dan voz institucional y lobby al negacionismo. Otra forma de negacionismo que tiende a confundirse con cierto fastidio o con la pereza respecto de nuestra propia historia es aquella que insiste en que hay que dejar atrás lo sucedido, que eso pertenece al pasado y no tiene nada que ver con el presente. Frente a eso último, es necesario interponer una pregunta: ¿realmente quedaron en el pasado esos años? En un sentido se puede decir que lo sucedido pertenece a una situación con sus reglas y especificidades, una situación que ya no es la nuestra. Pero, al mismo tiempo, nadie tiene la autoridad ni la certeza de sostener que eso que sucedió no nos dejó de pasar. Por un lado, los efectos de aquel desastre humanitario, institucional, económico, social, aun repercuten en varios niveles, pero, sobre todo, la desaparición es una situación muy singular, que impide la ritualización del final de esas vidas, su duelo y despedida, su inscripción en la historia como la de cualquier vida. Por eso Hebe de Bonafini junto a otras Madres, lúcidamente reclamaban “aparición con vida”, porque era una forma de invertir la figura del desaparecido, devolviéndole al Estado con la misma moneda: si están desaparecidos es responsabilidad del Estado indicar dónde y cómo se encuentran, si fueron asesinados, es responsabilidad del Estado informar el paradero de los cuerpos. Mientras sigan “desaparecidos” aquella dictadura no dejó de pasar, y es nuestra tarea darle un lugar, asumir el nudo gordiano de nuestra historia reciente, recoger la llama de la Madres siguiendo su ejemplo: búsqueda de justicia, construcción de redes solidarias, capacidad de transformar el dolor en una gran conversación pública y advertir sobre el peligro de la institucionalización de la violencia. Las Madres son una nueva institución, cuya legitimidad no proviene del Estado, al que, de hecho, combatieron en su peor versión (Estado terrorista), sino de una práctica ética, de una paciencia sabia, de una búsqueda de justicia compartida con el conjunto de la sociedad.
*El autor es ensayista, docente, investigador (UNPAZ, UNA). Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Integrante del Grupo de Estudios Sociales y Filosóficos (IIGG-UBA) y del Instituto de Estudios y Formación de la CTA A. Codirector de Red Editorial. Cofundador de la Red Interfaces Digitales. Autor de Nuevas instituciones (del común) (2022). Papa Negra (2011). Globalización. Sacralización del mercado (2001). Coautor de Sátira y política. Diario de la Argentina de Milei (2025, con Adrián Cangi); El Anarca. Filosofía y política en Max Stirner (2021, con Adrián Cangi); La inteligencia artificial no piensa (el cerebro tampoco) (2023, con Miguel Benasayag), Del contrapoder a la complejidad (con Miguel Benasayag y Raúl Zibechi), entre otros.
