Una amenaza para toda la industria editorial

La Cámara de Diputados inició la primera semana del año con el objetivo de tratar la “ley ómnibus”, que además de promover la privatización de empresas públicas, la delegación de facultades legislativas al presidente por dos años y la suspensión de la actual fórmula de movilidad jubilatoria, busca derogar leyes como la Ley de Defensa de la Actividad Librera N° 25.542, que establece que los editores deben fijar el precio de venta de los libros publicados y los puntos de comercialización respetarlo en todos los puntos de venta del país, desde las pequeñas librerías hasta las más grandes y las plataformas online inclusive. Una verdadera amenaza.

“Al brindar un marco para establecer un precio fijo en un acuerdo entre privados, se trata de una ley que hace que no tengas que competir por el precio, sino que competís por la oferta del catálogo y la edición. De esta manera, las librerías pueden dedicarse a buscar un mejor servicio, en lugar de enfocarse en competir por el precio. Así se promueve que las librerías compitan en las mismas condiciones”, dijo a Tiempo Juan Pampín, editor de Corregidor y director de la Cámara Argentina del Libro.

Derogada esta ley, el marco regulatorio caería y la industria editorial se vería perjudicada por una nueva amenaza. “Uno de los malentendidos más comunes es que, si se elimina la ley de precio fijo, el precio de venta al público cae, lo cual ha resultado falso en varios países. Los jugadores de mayor tamaño obtienen un gran descuento de parte de las editoriales en un primer momento porque ofrecen comprar volumen; luego, cuando han monopolizado una cuota de mercado mayoritaria, retiran ese descuento y fijan un descuento menor ante la falta de competencia. Este ciclo se observó en varios países”, destacó a este diario Víctor Malumian, editor de Ediciones Godot.

Por ejemplo, agregó Pampín, “en Inglaterra desaparecieron el 30% de las librerías cuando se derogó la ley de precio fijo. En España, Dinamarca, Portugal, países en donde la ley está en vigencia y hay una industria editorial fuerte, también hay una industria librera fuerte. Y, por otro lado, nuestra ley se está usando como modelo en países como Chile, Colombia, México, lugares donde van hacia una ley de precio único”.
Como se ve, completó Malumián, “no es una excentricidad nuestra. Funciona bien. Tuvo su origen en Francia en la década de los 80 por un ministro de cultura que sí hizo el trabajo de entender cómo funciona el mundo del libro”.

Al empezar a cerrar las librerías independientes, desaparecerían los puntos de venta de las pequeñas editoriales. Luego empezarían a desaparecer las pequeñas editoriales.

Una amenaza que produjo un rechazo absoluto

Se trata, por otra parte, de una regulación que no implica inversión económica de parte del Estado argentino, ya que no tiene subsidios asociados. Entonces, si la ley beneficia al consumidor y a la industria editorial sin costarle dinero al Estado, ¿a quién favorece la derogación? ¿Es un beneficio o una amenaza?

“Este es uno de los pocos puntos en donde hay unanimidad absoluta en la industria del libro con respecto a la importancia de la vigencia de la ley. Entendemos que la búsqueda de la derogación viene a partir de la concentración de las grandes superficies y la introducción de las plataformas digitales en la venta de libros. Hemos tenido algunas discusiones desde la Cámara del Libro con Mercado Libre, por ejemplo, porque fomentan la competencia de precio y nosotros trabajamos sobre precio fijo para que la competencia sea sobre diversidad y servicio”, dijo Pampín.

En la última semana, amplios sectores de la industria editorial se manifestaron en contra de la derogación de la ley que constituye una amenaza para toda la cadena productiva y desde la Fundación El Libro, que agrupa a quince instituciones del sector, se expresaron a través de un comunicado en donde se afirma, entre otras cuestiones, que “la derogación haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles”.

La única voz disonante en la querella contra la derogación fue la del exsecretario de Cultura de la Nación Pablo Avelluto. En diálogo con Clarín, expresó su acuerdo con la medida y, como argumento, sostuvo: “las librerías independientes van a tener que reconvertirse y brindar un mejor servicio, buenos catálogos y una oferta más segmentada; eso les va a permitir sobrevivir, como pasa en otros mercados”. Para Avelluto, la medida no constituiría una amenaza.

Esta idea contrasta con la experiencia empírica en una pequeña librería. “Justamente, las librerías independientes se caracterizan por tener un muy buen servicio y una oferta segmentada sin dejar de ser biblio diversas. Es evidente que hace mucho tiempo que Avelluto no visita una librería”, dijo Pampín.

Una amenaza que corre el foco el problema

En otro orden de cosas, este tipo de medidas distraen la atención del verdadero flagelo de la industria editorial: el precio del papel. “Si queremos que bajen los precios de los libros tenemos que avanzar sobre el papel que tiene precios fuera del mercado internacional. Adicionalmente hay un tema: los libros tienen propiedad intelectual, si vos querés comprar Cien años de soledad, se lo tenés que comprar a la editorial que tiene los derechos de explotación de ese título, no puede aparecer otra editorial y publicarlo porque lo percibe caro y quiere competir.»

«Los precios los van a seguir fijando las editoriales, que luego se respeten o no de forma uniforme en el canal librero es otra cosa. Esos precios se fijan en torno a un costo. El costo primordial de los libros está en el papel”, destacó Malumian.

En este sentido, la derogación agravaría una situación que ya es crítica para el sector. “Va a afectar mucho al sector librero. Inicialmente, al librero pyme, independiente, en detrimento de lo que es la bibliodiversidad. Argentina tiene más de 1500 librerías a lo largo y ancho del país. Todo eso se va a ver muy comprometido si nosotros dejamos liberadas las reglas al ‘dios mercado’; las editoriales se van a ver impedidas de editar aquellos libros que tienen más riesgo. Por otro lado, los y las autoras van a perder también la posibilidad de trabajo y de ser conocidos por el público”, dijo Pampin.

Luego de lanzar el comunicado, la Fundación El Libro recibió el apoyo de Colombia, México, Brasil y del Grupo Iberoamericano de Editores (GIE), que representa a la industria editorial de América Latina, España y Portugal.

Además, desde las instituciones que nuclea la Fundación El Libro buscan reunirse próximamente en Diputados y Senadores con la Comisión de Cultura y la Comisión de Presupuesto y Hacienda para discutir una medida que se realizó de manera inconsulta a la industria editorial.

“Argentina es punta de lanza en cuanto a calidad de su edición y a su diversidad, y a cantidad de librerías. La ley del libro apunta a defender la pluralidad de voces”, señaló el director de la Cámara Argentina del Libro sobre una derogación que, dispuesta como está en la ‘ley ómnibus’, avasallaría esa pluralidad.