Es sabido: el Gobierno de Jorge Macri intenta competirle a la gestión de Javier Milei en materia de corrimiento del Estado y recorte de derechos. Para la población de la Villa 21-24-Zavaleta, esto se traduce entre otras cosas en que no se les garantiza algo tan básico como el agua segura. Pese a que hay un acuerdo firmado en 2020 entre la gestión porteña y la empresa AYSA, las obras internas a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) registran sólo un 39% de avance de la primera etapa y se encuentran suspendidas desde noviembre de 2023.
El dato surge de un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), La Poderosa y Fundación TEMAS. Si bien el convenio firmado preveía finalizar la infraestructura en tres etapas consecutivas para el primer semestre de 2025, la meta está lejos de cumplirse y actualmente la obra está paralizada.
“La falta de inversión y la interrupción de los trabajos agravan los riesgos del barrio más populoso de la Ciudad, donde habitan más de 80.000 personas, de las cuales el 40% son niñas, niños y adolescentes”, advirtieron las organizaciones.
Perjudicial para la salud
El relevamiento –realizado entre noviembre y diciembre de 2024- partió de la necesidad de visibilidad las condiciones reales en la que se encuentran los barrios populares con respecto al agua, ya que las encuestas y censos oficiales suelen reflejar el porcentaje de hogares conectados a la red de agua corriente, sin plasmar otras situaciones.
Así, según los datos obtenidos en el Relevamiento de Condiciones Habitacionales de Villa 21-24-Zavaleta, realizado por el Observatorio Villero de La Poderosa, ACIJ y Fundación TEMAS, si bien el 99% de las viviendas tiene acceso a la red de agua, sólo el 26% dispone de conexión a la red formal, únicamente el 37% recibe agua suficiente las 24 horas del día y apenas el 12% refiere recibir agua con sus características conservadas (sin olor, color o sabor). En suma, el 88% de las viviendas relevadas no accede al agua gestionada de manera segura de acuerdo a los criterios establecidos por Naciones Unidas.
“El escenario es crítico dado que las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias agudas constituyen las principales causas de mortalidad infantil, y ambas guardan una relación directa y comprobada con las condiciones de acceso a servicios de saneamiento y agua segura”, detalla el informe, y alerta que la Comuna 4 sostiene históricamente una de las tasas más altas de mortalidad infantil de la CABA, con especial peso de las muertes por causas reducibles, según los datos oficiales disponibles.
Baldes y botellas
La falta de acceso al agua no tiene que ver con ausencia de instalaciones dentro de las viviendas: el 96% tiene conexión de agua en su interior. El principal problema radica en el acceso a la red formal, en la cantidad y calidad del agua que reciben. En tanto, el 43% de las viviendas no cuenta con tanque de almacenamiento. Las familias que viven en estas condiciones dependen completamente de la presión de la red para abastecerse, por lo que en los momentos de baja presión —frecuentes en el barrio— directamente se quedan sin agua. Pese a que en su mayoría las familias están por debajo de la línea de la pobreza, el 74 % debe comprar agua embotellada para consumo.
Lo mismo pasa con el acceso al sistema de saneamiento: mientras que el 92% de las viviendas cuenta con baño dentro de la vivienda, solo el 53% dispone de baños completos —con lavamanos e inodoro con arrastre de agua con botón o cadena—. El 42% de los hogares, en cambio, debe recurrir al uso de baldes para el arrastre de los efluentes.
El Gobierno de la Ciudad reconoce la situación de emergencia vivida en el barrio: lo hace al entregar entre 9.000 y 12.000 servicios de reparto de agua en camiones cisterna al mes en la zona. Es decir, la gestión de Jorge Macri sabe que el problema existe. Pero de todos modos mantiene paralizadas las obras.
“A más de un año y medio del inicio de la actual gestión, el IVC no ha ejecutado ni un solo metro de cañería, y no ha informado de ninguna acción administrativa orientada a reactivar la licitación que permita avanzar con la implementación del convenio celebrado en 2020. Además, las obras de infraestructura para la Villa 21-24-Zavaleta no se encuentran identificadas de manera específica en el proyecto de Presupuesto ni en el Plan Plurianual de Inversiones 2025-2027 presentado por el GCBA a la Legislatura a fines del 2024. Esta falta de apertura de los datos presupuestarios impide corroborar si existen partidas específicas destinadas a dichas obras, y atenta contra el seguimiento y monitoreo ciudadano en relación a su ejecución”, denuncia el documento.
“La situación se agrava con la decisión del gobierno local de reducir las partidas presupuestarias destinadas a obras de vivienda e infraestructura en barrios populares. Para 2025, el presupuesto del IVC presenta una reducción del 27%, lo que representa sólo el 0,74% del presupuesto total del GCBA, el porcentaje más bajo de los últimos doce años”, cuestiona el informe difundido por las ONG.
