A 50 años del golpe: cómo interrogar las condiciones de posibilidad de la violencia estatal en los tiempos que corren

En estas emanas se desarrollaron numerosas actividades, charlas, jornadas, entrevistas, testimonios y recordatorios por el 50 aniversario del golpe de Estado. A la vez, la masiva movilización del 24 de marzo pasado, Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, dejó en claro que los consensos construidos en estos años en torno al repudio del terrorismo de Estado, el Nunca Más y la defensa de los derechos humanos continúan en pie; a pesar de los cuantiosos embates que, con consignas falaces, intentaron resquebrajarlos o limitar su capacidad de interpelación ética.

El ejercicio de memoria en torno al aniversario invita a tomar conciencia del riguroso y comprometido trabajo con los hechos que hizo posible nominar, documentar y problematizar la violencia estatal. Una violencia que traspasó todo límite, que llegó mucho más allá de lo imaginable, y que pudo ser denunciada y juzgada debido al sostenido reclamo de justicia y a las creativas estrategias jurídico-políticas desarrolladas por el movimiento de derechos humanos en nuestro país.

Este trabajo combinó militancia, producción de conocimiento y acción jurídica de un modo que resultó decisivo para la denuncia y el posterior juzgamiento de los crímenes del terrorismo de Estado. También posibilitó extender ese saber-hacer al litigio, la impugnación y la movilización frente a las violencias de Estado y las violaciones de derechos humanos posteriores a 1983. Justamente, como se vio en las actividades de estas semanas, lejos de circunscribirse a un pasado clausurado, el hecho de recordar y abordar el terrorismo de Estado en sus múltiples dimensiones (material, simbólica, burocrática) puede transformarse en una herramienta crítica para intervenir en el presente.

El movimiento de derechos humanos y la producción de conocimiento

La emergencia del movimiento de derechos humanos en la Argentina no fue una respuesta automática frente a la violencia estatal, sino un proceso histórico contingente, atravesado por diversas miradas, articulaciones y formas de identificación política. A través de él se construyeron lenguajes y categorías que permitieron dar sentido a experiencias de violencia extrema, hacerlas inteligibles y convertirlas así en objeto de denuncia pública.

La experiencia argentina es particularmente significativa en el contexto regional. No solo dio lugar a un proceso sostenido de judicialización de los crímenes del terrorismo de Estado, sino que ello estuvo acompañado de la producción de jurisprudencia innovadora, la ampliación de derechos y la consolidación de una institucionalidad específica en la materia.

De esta manera la movilización política y el activismo legal fueron fundamentales para instalar en la agenda pública una serie de conflictos entendidos en términos de “derechos humanos”. La producción de una lente interpretativa en clave de derechos humanos posibilitó que hechos muchas veces fragmentarios y negados fueran progresivamente configurados como “casos”, y ello habilitó su visibilización, así como  su inscripción en marcos jurídicos y políticos que favorecieron su problematización y juzgamiento. En estas luchas la producción de conocimiento y la acción política y legal se encuentran estrechamente imbricadas.

En ese sentido, en nuestras investigaciones hemos estudiado casos de violencia estatal —tanto excepcionales como ordinarios— que abordamos como “paradigmáticos”. Dicha elección no se basa únicamente en una decisión metodológica, sino que guarda afinidad con las formas de construcción del activismo en derechos humanos, que históricamente trabajó en torno a casos que permitieron denunciar situaciones concretas y evidenciar sus dimensiones estructurales. Así, esos casos fueron progresivamente transformándose en “causas” que activaron la movilización política y la demanda de justicia en la arena pública. En ese pasaje —de los hechos a los casos y de los casos a las causas— se fueron delimitando los contornos de lo que hoy reconocemos como violencias de Estado y crímenes de lesa humanidad.

Esta es una de las maneras en que la producción de conocimiento en el campo de la antropología política y jurídica ha estado, en parte, entrelazada con ese proceso histórico del movimiento de derechos humanos. En muchos de los casos que estudiamos, la reconstrucción etnográfica solo fue posible gracias al trabajo de actores del movimiento de derechos humanos que denunciaron, documentaron e impugnaron esas violencias. Así, el análisis de la violencia estatal se desarrolló en diálogo con las luchas sociales que contribuyeron a hacerla visible e inscribirla en la esfera pública.

El aporte de la antropología política y jurídica

Ahora bien, ¿cómo abordar antropológicamente esa violencia? Aunque en el sentido común el terrorismo de Estado aparece como radicalmente excepcional, el mismo involucró continuidades históricas a atender. En otras palabras, a la vez que desmesurada e inédita, la violencia estatal estuvo anclada en prácticas, saberes y dispositivos institucionales preexistentes, cuyas condiciones sociales de posibilidad es necesario estudiar.

Además, dada la importancia histórica del movimiento de derechos humanos en Argentina, ¿cómo abordar el modo en que esa violencia fue progresivamente nominada como crimen de lesa humanidad, transformada en objeto de denuncia pública y, finalmente, juzgada? Y, a la vez, ¿cómo comprender los procesos sociales, el trabajo del activismo y las militancias que, a partir de la expertise y los saberes acumulados, ampliaron la agenda de derechos humanos e impugnaron otras violencias de Estado?

Estos interrogantes dieron lugar a la conformación de una agenda de investigación y a un equipo de trabajo, hoy consolidado como Programa de Antropología Política y Jurídica, cuya preocupación central ha sido indagar las formas vernáculas de la violencia estatal examinando las tramas de relaciones sociales e institucionales en las que se inscriben. A partir de estos intereses, desde mediados de la década de 1990, hemos examinado la violencia excepcional del terrorismo de Estado no como un hecho que cayó del cielo sino, tal como señaló Hannah Arendt respecto del totalitarismo, como un proceso que, aun en su desmesura y crueldad, se imbricó en redes de relaciones, en estructuras burocráticas de larga data y en procedimientos cotidianos que formaban parte del funcionamiento ordinario de diversas agencias estatales.

Ello implicó desplazarse de las perspectivas centradas en la responsabilidad individual —propias del campo jurídico-penal— hacia el análisis de las lógicas institucionales y burocráticas. El estudio de esa violencia extraordinaria se articuló con una indagación más amplia sobre sus condiciones sociales de posibilidad: los dispositivos jurídico-políticos, las rutinas institucionales y las relaciones de poder que la sostuvieron y que, bajo nuevas formas, continúan habilitando violencias en el presente.

En este camino fuimos desarrollando una perspectiva analítica que, privilegiando un enfoque etnográfico, se desplazó de los episodios más extraordinarios de la represión para analizar la microfísica de la violencia estatal. Apuntamos a reconstruir las lógicas administrativas, las dinámicas institucionales y las rutinas que la sostuvieron y, en determinados contextos, la normalizaron, banalizaron e incluso legitimaron.

Si algo ha quedado claro a partir de nuestras investigaciones es que el análisis de la violencia estatal no puede separarse de los procesos sociales y políticos que hicieron posible su denuncia e impugnación. En contextos adversos, familiares, organismos de derechos humanos, abogados y otros actores desplegaron estrategias para visibilizar los crímenes y sostener la demanda de justicia. De este modo, el estudio de estas violencias nos condujo a examinar también las formas en que fueron impugnadas y denunciadas, así como las articulaciones, aprendizajes y préstamos entre colectivos que, a lo largo del tiempo, ampliaron la agenda de derechos humanos y continúan interviniendo frente a las violencias estatales del presente.

En esta dirección, nuestras investigaciones buscaron comprender el modo en que los derechos humanos fueron forjados como un lenguaje legítimo y disponible, capaz de articular demandas diversas y de estructurar formas de intervención. Lejos de entender ese lenguaje como universal y deshistorizado, nuestro interés ha sido identificar sus prácticas y examinar los sentidos con los que localmente fue dotado. Se trató, en suma, de comprender los modos en que han sido apropiados, resignificados y convertidos en un lenguaje legítimo de la acción política.

En un contexto contemporáneo atravesado por renovadas disputas en torno a la memoria y por virulentos intentos de deslegitimación de las políticas de derechos humanos, así como de hostigamiento y desfinanciamiento del sistema científico-tecnológico y universitario, entendemos que la profundización de estas reflexiones y el desarrollo de investigaciones sostenidas en el tiempo adquieren una relevancia ineludible. Revisitar las condiciones de posibilidad de la violencia de Estado, así como los procesos históricos que hicieron factible su nominación, denuncia y juzgamiento, no constituye únicamente una tarea de reconstrucción del pasado, sino una intervención crítica en el presente. Comprender cómo fue posible el despliegue de esa violencia y su posterior impugnación permite iluminar los mecanismos —muchas veces más sutiles— a través de los cuales ciertas formas de violencia institucional continúan reproduciéndose.

A cincuenta años del golpe de Estado, el desafío no se agota en la conmemoración ni en la reafirmación de consensos, por fundamentales que sean. Se trata, tal como hemos propuesto como Programa desde hace tiempo, de analizar las condiciones sociales, políticas e institucionales que hacen posible la violencia estatal, así como las formas en que ésta es resistida, denunciada y juzgada. En este sentido, renovar los horizontes de memoria, verdad y justicia implica no sólo preservar lo conquistado, sino también profundizar una mirada crítica capaz de reconocer continuidades, detectar desplazamientos y abrir nuevas preguntas sobre el presente.

* Las autoras coordinan el Programa de Antropología Política y Jurídica del Instituto de Ciencias Antropológicas

** Gran parte de las publicaciones del Programa se encuentran en la Colección Antropología Jurídica y derechos humanos, de la editorial TeseoPress, accesibles en forma libre y gratuita.

*** Esta nota forma parte de un acuerdo entre Tiempo y el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA. También se publica en el proyecto de divulgación Diarios de campo.