Cada 24 de febrero la Argentina recuerda la Proclamación de los Derechos del Trabajador impulsada por Juan Domingo Perón en 1947. Aquellos derechos -al trabajo, a una retribución justa, al aguinaldo, a las vacaciones que dejaron de ser decretos para convertirse en ley, a condiciones dignas, a la protección frente al despido arbitrario y a la seguridad social- no fueron una concesión graciosa del poder: fueron el reconocimiento político y jurídico de la dignidad de quienes sostienen el país con su esfuerzo.

Esa proclamación marcó un antes y un después. Y no es un dato menor que muchos de esos principios luego adquirieran jerarquía constitucional y quedaran plasmados en el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Es decir: hablamos de derechos con respaldo constitucional, no de privilegios sectoriales.

Hoy, a la luz de esa fecha histórica, resulta inevitable reflexionar sobre el presente. La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei avanza en sentido contrario al principio de progresividad que rige en materia de derechos sociales. Bajo el argumento de la “modernización”, se promueven modificaciones que recortan garantías, debilitan la protección frente al despido y flexibilizan condiciones laborales en un país que ya arrastra altos niveles de informalidad.

En el caso del trabajo rural, el impacto es aún más grave. Nuestro sector ha sido históricamente vulnerable: estacionalidad, dispersión territorial, tercerizaciones y relaciones laborales complejas forman parte de su realidad cotidiana. Por eso fue necesaria una legislación específica que elevara el piso de protección. La Ley 26.727 no fue un exceso: fue un acto de justicia social.

Limitar la responsabilidad solidaria en esquemas de contratación indirecta, extender períodos de prueba que en la práctica habilitan rotación y despidos sin estabilidad, o debilitar organismos clave de regulación salarial son decisiones que no generan empleo genuino. Generan mayor desigualdad y dejan al trabajador en soledad frente al poder económico.

Desde UATRE, bajo la conducción de nuestro secretario general José Voytenco, sostenemos una posición clara: los derechos laborales no pueden ser la variable de ajuste de ningún programa económico. Mucho menos cuando esos derechos tienen raigambre constitucional y forman parte de la identidad social de la Argentina.

Hablar hoy de la Proclamación de los Derechos del Trabajador no es un ejercicio nostálgico. Es reafirmar que el desarrollo no puede construirse sobre la pérdida de derechos. Es recordar que el trabajo no es una mercancía más, sino el fundamento de la dignidad humana y de la cohesión social.

Como dirigente gremial y política, estoy convencida de que la discusión de fondo no es técnica ni administrativa: es profundamente ética y constitucional. O avanzamos hacia más justicia social, más registración y más protección para quienes producen la riqueza del país, o naturalizamos un retroceso que contradice nuestra historia y nuestra Constitución.

A 80 años de aquella proclamación, la tarea sigue siendo la misma: defender el trabajo digno y honrar los derechos que el pueblo trabajador conquistó. Porque los derechos no se modernizan quitándolos. Se fortalecen garantizándolos.