“En materia de capital humano, necesitamos reformar la educación inicial, primaria y secundaria. Todos sabemos lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo; las estadísticas son apabullantes. Por eso, durante nuestro Gobierno, la escuela servirá a su propósito original: darle las herramientas a nuestros niños para que puedan procurarse un futuro mejor, no para adoctrinarlos”. Las palabras del presidente Javier Milei en su discurso de la apertura de sesiones del Congreso de la Nación días atrás parecen anclar en que la educación sería una prioridad para este gobierno. Pero los números, a pesar de que el mandatario sostiene ser especialista en ellos, no mienten: los recortes en el área educativa afectan sectores claves como la formación docente.
Arranquemos entonces con las cifras: de acuerdo al relevamiento del Centro Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales, el 2025 terminó con alta subejecución de la gestión mileísta. Especialmente en lo social.
Conectar Igualdad y Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%), Fortalecimiento edilicio de Jardines Infantiles (-90%), Becas y Gestión Estudiantil (-78%), Acciones de Formación Docente (-75%) fueron los más perjudicados dentro de Educación. Este año sigue el recorte en Formación Docente: supera el 44%.
“La Administración Pública Nacional atraviesa un escenario de fuerte reducción del gasto público, afectando la continuidad de políticas sociales, de salud, educación y desarrollo productivo, mientras se incrementa el gasto en Inteligencia y se mantiene un peso relevante de los Servicios de Deuda Pública. La magnitud de los recortes plantea un desafío crítico para la sostenibilidad de programas esenciales en un contexto económico adverso”, enfatizaron en CEPA.
Y acotaron: “Se observa una marcada reducción en la ejecución de la mayoría de las jurisdicciones. El caso más importante por su incidencia en el total es el recorte en el Ministerio de Capital Humano, donde la Secretaría de Educación registra una caída del 48% y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia una disminución del 73%”.
En la misma tendencia descendente se da la ejecución de fondos en Ciencia y Tecnología. Allí, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (dependiente de la Agencia I+D+i que conduce Natalaia Avendaño) muestra una fuerte caída del 76,4%, mientras que la CONAE (-24,0%) y el CONICET (-21,1%) también registran descensos significativos.
El Servicio Meteorológico Nacional (-41,2%), la Fundación Miguel Lillo (-27,9%) y la CONEAU (-2,9%) presentan reducciones adicionales.
Presupuesto a la baja
De acuerdo al presupuesto 2026 aprobado por el Congreso, el gobierno nacional destinará este año aproximadamente el 0,75% del PBI a Educación. La ley de hace 20 años estipulaba un mínimo de 6% del PBI a este sector. Justamente la norma que busca reemplazar el Gobierno. El de este año es un piso aún más bajo que el 0,8% precedente. Y casi un tercio de lo que se destinaba en 2015.
La Secretaría de Educación afrontará la gestión con un 50% menos de recursos en términos reales respecto a 2023. Universidades, escuelas técnicas, infraestructura, equipamiento y formación docente son las áreas con mayores caídas.
La inversión nacional representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público y el restante 75% corresponde a las provincias. En el presupuesto 2026, la Secretaría de Educación exhibe un aumento nominal del 17,9%. Es decir que si la inflación supera ese número, va a quedar a la baja.
De acuerdo al presupuesto 2026, se destinan menos recursos para capacitación y materiales, y más para extensión del horario escolar, un enfoque que el Gobierno presenta como “eficiencia en la inversión”, aunque especialistas advierten sobre la pérdida de políticas de acompañamiento pedagógico.
La CTERA planteó un plan de lucha “frente a las políticas de ajuste que afectan a la educación pública y al conjunto del pueblo trabajador”. Desde el inicio de la gestión de Milei, la caída del presupuesto educativo en términos reales es del 50 por ciento. La quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), recursos que se le transferían a las provincias para mitigar las desigualdades salariales a lo largo del país, perforó el bolsillo de maestras y profesores. Hoy, sus salarios se encuentran en un piso histórico, menor que el de hace 20 años, antes de la Ley de Financiamiento Educativo.
La motosierra también se tradujo en la discontinuación del Conectar Igualdad, la pérdida de más de un millón de Becas Progresar y el congelamiento de su valor, la demora en la distribución de libros y la desinversión en las escuelas técnicas. Capítulo aparte las universidades, que perdieron 29% en dos años. La Ley de Financiamiento Universitario buscó reparar el ajuste. A pesar de que la Justicia obliga a cumplirla, Milei envió un proyecto para modificarla. Busca aumentar las partidas salariales en un 4,4%, cuando la ley sancionada lograba el 63 por ciento.
El futuro
De acuerdo al informe elaborado por el Instituto Marina Vilte de CTERA, la función Educación y Cultura sufrió una caída real del 47,7% entre 2023 y 2025, muy por encima del promedio del ajuste general del Estado Nacional.
“Este recorte confirma que la educación ha sido una de las principales variables de ajuste del modelo económico del gobierno”, remarcaron.
Sostienen que el impacto del ajuste se expresa de manera directa en las escuelas: los programas de Educación Obligatoria sufrieron una reducción real del 76,5%, mientras que la inversión en infraestructura educativa cayó un 58,5%. «Esto se traduce en menos recursos para comedores escolares, becas, formación docente, conectividad, políticas socioeducativas y mantenimiento edilicio».
Durante 2025, además, quedaron más de 135 mil millones de pesos del presupuesto educativo sin ejecutar, “lo que evidencia una política deliberada de vaciamiento del sistema educativo público”.
Los programas educativos nacionales (sin incluir universidades) registraron una caída real del 75,1% entre 2023 y 2025, afectando políticas de inclusión, alfabetización, infraestructura, becas y acompañamiento a las trayectorias escolares.
CTERA advirtió que este ajuste no es un error técnico ni una medida transitoria, “sino una decisión política que prioriza el recorte al futuro de nuestro país y promueve un modelo de mercantilización de la educación, profundizando las desigualdades sociales y condenando a millones de niñas, niños y jóvenes a una educación precarizada. La educación no es un gasto: es una inversión estratégica para el desarrollo nacional. Ajustar la educación es ajustar el futuro del país”.
Pedido ante los recortes y el ajuste
Ante la situación actual de recortes y ajuste en Educación, CTERA exige:
- La convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
- Urgente aumento salarial.
- La restitución inmediata del Fonid.
- Nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- Un piso mínimo de inversión del 6% del PBI para educación.
- Más presupuesto para infraestructura, programas educativos, comedores y becas.
- El cese del ajuste y del vaciamiento del sistema educativo público.
RECU:
