Este miércoles 10 de junio, al cumplirse un año de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, se llevarán adelante actividades simultáneas en distintos puntos de la Argentina. Organizadas por La Cámpora, junto a otras organizaciones sociales y políticas, las iniciativas incluirán encuentros militantes y actos políticos que harán foco en la relación entre la proscripción de la expresidenta y los problemas económicos y sociales que atraviesa la población.

También en el Congreso, los bloques Unión por la Patria y Justicialista darán a conocer un comunicado que luego elevarán a la Corte Suprema de Justicia con reclamos al accionar del poder judicial y la proscripción de la dirigente opositora.

En la Ciudad de Buenos Aires, se realizarán actividades desde las 16 en San José 1111, domicilio donde Cristina cumple prisión domiciliaria. La jornada tendrá como eje acompañar a la expresidenta y reclamar por su libertad, al considerar que fue víctima de una condena injusta en el marco de una persecución política. Habrá una radio abierta de sindicatos y un acto en que se proyectará un video que describe el empeoramiento de las condiciones de vida de la población desde que se dictó el fallo.

En simultáneo, se desarrollarán actividades a lo largo y ancho del país. Habrá convocatorias en San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia (Chaco), San Juan y Trelew (Chubut), y en otras 21 localidades de distintas provincias.

En la provincia de Buenos Aires, se realizarán actividades en los municipios de Tres de Febrero, Ituzaingó, Hurlingham, San Fernando, Luján, General Rodríguez, Escobar, José C. Paz, Merlo, Tigre, Morón, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, La Matanza, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Almirante Brown, Ezeiza, San Vicente, Brandsen, Cañuelas, Ensenada, Magdalena, Berisso, Presidente Perón y Punta Indio. También se realizarán actividades en la ciudad de La Plata y en 25 localidades del interior de la PBA como Chacabuco, 9 de Julio, Carmen de Areco, Colón, San Nicolás, Zárate, Azul, Olavarría.

En el Congreso

Diputados y senadores de los bloques «UxP» y «Justicialista» convocaron a una conferencia de prensa este miércoles a las 13 en el salón Provincias Unidas del Senado.

Allí expresarán y denunciarán la injusta condena, la persecución y la proscripción sobre la dos veces presidenta, ex vicepresidenta de la Argentina y principal líder de la oposición.

Habrá un reclamo explícito por el accionar del Poder Judicial que, como señalan en el documento que presentarán una vez finalizada la conferencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “se trata ni más ni menos que de la actuación de un poder del Estado atentando contra la propia democracia y ejecutando una proscripción política inadmisible en tiempos democráticos”.

Ahí mismo denuncian que las condiciones de detención resultan “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias” luego de señalar que “ninguna democracia puede considerarse plenamente saludable cuando la principal dirigente de la oposición se encuentra proscripta e injustamente privada de su libertad”.

Sobre el final del escrito, manifiestan: «La democracia no puede naturalizar que el Poder Judicial se convierta en un actor de disciplinamiento político. Cuando una decisión judicial priva de libertad, inhabilita de por vida y restringe la vida política de una dirigente política, la afectación alcanza al derecho del pueblo a elegir, a la competencia electoral y a la soberanía popular. Por ello, denunciamos que la detención de Cristina Fernández de Kirchner constituye lisa y llanamente una forma de proscripción política que hiere la legitimidad democrática de la República Argentina y exigimos al poder judicial argentino el apego irrestricto a la ley y la Constitución Nacional”.

El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia rechazó los últimos recursos de la defensa de Cristina Fernández y dejó firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad.

Un día después, el Tribunal Oral Federal N.° 2 (TOF 2) emitió la orden formal para iniciar la ejecución de la pena. El juez fijó un plazo de cinco días hábiles para su presentación, que se hizo efectiva el 17 de junio de 2025.

Tras concederle el beneficio de la prisión domiciliaria debido a su edad y razones de seguridad, se le colocó la tobillera electrónica de monitoreo en su residencia, ubicada en San José 1111 del barrio de Constitución.