“Mientras el Poder Ejecutivo y las fuerzas aliadas concentran sus esfuerzos en negociar reformas y ajustes para las sesiones extraordinarias, la protección de los derechos de las infancias quedó fuera de la agenda oficial”, advirtió el colectivo Infancia en Deuda al denunciar que la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes continúa sin autoridades designadas, “una situación de acefalía que el Senado se niega a resolver”.
El concurso público para designar defensor se completó hace casi seis meses. Desde entonces, “Argentina sigue sin una Defensoría Nacional de los Derechos de NNYA plenamente en funciones. No por falta de candidatos/as ni por demoras administrativas, sino por una decisión política: el Senado no trata la designación”.
El proceso de selección cerró el 22 de septiembre de 2025, cuando la Comisión Bicameral elevó formalmente una propuesta de postulantes surgida del concurso público, tal como establece la Ley 26.061. El 8 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el orden de mérito sin modificaciones. A partir de allí, el expediente quedó sin tratamiento en el Senado, presidido por Victoria Villarruel.
El Reglamento del Concurso establece que el proceso tiene una vigencia de 180 días desde la elevación de la propuesta a las Cámaras (art. 19), plazo que vence aproximadamente a mediados de marzo de 2026. “Si el Senado no trata la designación dentro de ese período, el concurso quedará agotado y el procedimiento deberá iniciarse nuevamente desde cero, prolongando por tiempo indefinido la falta de autoridades en un organismo central para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. No se trata de un tecnicismo ni de una falla administrativa. Es un bloqueo institucional con consecuencias concretas”, apuntó el Colectivo, que reúne a organizaciones de la sociedad civil.
Infancias desprotegidas
La ausencia de autoridades designadas “limita la capacidad de la Defensoría para intervenir frente al Estado y ante actores privados, defender derechos vulnerados, exigir el cumplimiento de políticas públicas, monitorear recortes presupuestarios y actuar frente al deterioro del sistema de protección integral”. Todo esto, en un contexto en el que casi la mitad de las niñas, niños y adolescentes vive en situación de pobreza, “mientras se profundiza el ajuste sobre políticas clave como educación, salud, protección social y prevención de violencias”. Se da, además, en el marco del fomento por parte del gobierno de Javier Milei para bajar la edad de punibilidad a los 13 años.
“La Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061 obligan al Estado a la máxima satisfacción posible de sus derechos. La omisión del Senado en incluir esta designación en el temario de sesiones extraordinarias es una violación a estos compromisos internacionales y nacionales”, concluyó Infancia en Deuda mediante un comunicado.
En enero del año pasado, el mismo colectivo había presentado un amparo ante el riesgo de acefalía en la Defensoría, por el vencimiento del mandato de la extitular, Marisa Graham, y la inacción del Senado, que debía designar a los miembros para la Comisión Bicameral responsable de impulsar el concurso público y nombrar reemplazante. Un año después, el reclamo por incumplir su rol vuelve a apuntar a la Cámara Alta.
