El gobierno sigue en su ataque al sistema público universitario. No solo en los hechos (con el recorte presupuestario), sino también desde lo dialéctico, luego amplificado por seguidores y trolls en las redes.

Un nuevo capítulo ocurrió este miércoles, en las habituales conferencias de prensa del vocero Manuel Adorni. Una joven le comentó la preocupación por lo que sucede con el presupuesto universitario y los chicos que hoy cursan quinto año y pueden estar “preocupados por lo que sucede, la UBA va a tener déficit de 406 millones de pesos, la Universidad de las Artes en emergencia. ¿Va a haber negociación para un presupuesto actualizado y va a haber boleto estudiantil?”, le preguntó.

“No hay nadie que hoy vaya a secundario y tenga alguna duda si el año que viene tiene que ingresar a una universidad pública, nadie tiene dudas de que va a poder hacer en lo que desee”, comenzó su respuesta el vocero, que evitó referirse a lo del boleto.

Y siguió con un concepto (el de “eficiencia”) que históricamente cuando es usado en áreas sociales se traduce en recortes y ajuste: “nosotros no estamos en contra del presupuesto educativo, de que las universidades funcionen de una manera óptima y eficiente para que en el futuro podamos tener excelentes profesionales. De lo que estamos en contra es de todo lo que efectivamente se transfiere a las universidades que nadie sabe bien qué pasa, y que no se traduce en por ejemplo cantidad de egresados versus la cantidad de inscriptos, cuando uno hace la comparación entre universidades…”.

Adorni completó: “lo único que queremos es que el dinero que va a las universidades se traduzca efectivamente en que los chicos terminen con un título universitario y sean lugares que se usen para estudiar y no para ninguna otra cosa. Jamás estuvo en nuestros deseos hacer algo que perjudique a la educación en la Argentina en cualquiera de los niveles”.

“(Porque) Los problemas presupuestarios por haber prorrogado el presupuesto ocurre claramente en todos los niveles y en todas las áreas”, finalizó admitiendo.

Ajuste

“Con una inflación interanual del 250% este no es un problema solo de las universidades, sino de todo el sector público, para pagar sueldos de mayo van a tener que reasignar partidas, según ya adelantaron Nicolás Posse y Santiago Caputo. Lo que estamos pidiendo es que lo hagan ya”, explicó una fuente, presente en la última reunión del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde los rectores declararon el alerta.

La Universidad Nacional de Hurlingham, liderada por el ex ministro de Educación, Jaime Perczyk, debió retrasar la preinscripción de materias “para poder reacomodar la oferta de comisión” debido a “la restricción presupuestaria”. En esta instancia, los estudiantes solo podrían anotarse a tres materias como máximo. La de General Sarmiento tomó una decisión similar.

En el sur del Conurbano, la de Quilmes (UNQui) fue una de las primeras en anunciar una acción en este sentido: «por el congelamiento presupuestario que sufren las universidades públicas, habrá nuevos topes para la inscripción a materias», anunciaron en sus redes el 9 de febrero. Además, la UnQui tenía cursos gratuitos para los estudiantes: ahora serán arancelados.

Quizás sean signos de una «privatización» de hecho que empiece a ocurrir por goteo en las universidades públicas nacionales. Lo mismo sucede con la oferta de extensión de las facultades: cursos y actividades de cara a la comunidad que son lo primero que pueden llegar a cortarse ante la falta de fondos.

También están los costos de los servicios (que el gobierno desreguló incluso para la educación superior) y hasta de los predios, que muchas alquilan. “Nosotros, afortunadamente, somos dueños y podemos ir administrando esta sangría, pero tenemos oxigeno hasta dos o tres meses más”, confiesa a Tiempo Indalecio González Bergez, secretario general y jefe de gabinete de la Universidad Nacional de Lanús.  “No queremos 1200 familias sin laburo o 30 mil estudiantes sin aula. Estamos unificando turnos y horarios. Tenemos el Campus habilitado por la CONEAU para llevar la virtualidad a la mitad de las materias, eso le reduce los gastos a los docentes y a los estudiantes”.

Primera generación

Mientras tanto, el gobierno avanza en otros recortes: además de lo mencionado del Boleto Estudiantil, están las becas Progresar, y hasta las becas Belgrano, destinadas a carreras «estratégicas» para el país.

“Hasta el 10 de diciembre teníamos una política activa de becas, pero todavía no pusieron a nadie en esa área. No hay firma”, advierte González Bergez. Y comenta: “hace 20 años que voluntariamente en la UNLa los funcionarios donan el 2% de su salario y los trabajadores el 1% para un fondo de becas. Un 80% de los estudiantes es primera generación universitaria y buscamos acompañarlos como sea. Estamos evaluando las reasignaciones de ese fondo”.

El jueves, la Facultad de Exactas de la UBA informó que el gobierno nacional «interrumpió» desde diciembre el pago a las empresas que brindan seguridad, mantenimiento y limpieza en el Cero+Infinito (un sitio de investigación vanguardia en la región): por ese motivo debieron cerrar el acceso principal al edificio.

La Universidad Nacional de Misiones declaró formalmente la emergencia presupuestaria, y la de Luján (UNLu) ve peligrar las obras de infraestructura planeadas. El rector de la UNLu, Walter Panessi, admitió estar atravesando una gran “incertidumbre” respecto a la continuidad de diferentes obras de infraestructura que la casa de altos estudios lleva adelante como la reestructuración de instalaciones y la reconstrucción de la pileta de natación en la Delegación San Fernando: “Vamos a tener que resignar, por lo menos un poquito, dos cuestiones fundamentales para la Universidad, que son las que tienen que ver con la investigación y la extensión”.

Desde la Universidad Nacional de Córdoba adelantaron una serie de medidas para reducir los gastos. Se cree que desvincularían a muchos de los 240 trabajadores, entre planta y contratados, que tiene el sistema de medios de la institución: Canal 10; canal digital CBA24N; y las emisoras Radio Universidad (AM 580) y Nuestra Radio (FM 102.3). Entre otras medidas, se propusieron disminuir el consumo energético y la reducción de los gastos en seguridad, para lo cual se espera coordinar las tareas con el municipio de Córdoba. 

Tiempo pudo saber también que la Universidad Nacional de La Matanza, está evaluando la posibilidad de dejar de publicar semanalmente un periódico con noticias regionales y universitarias. En un partido (como la mayoría del país) donde escasean los medios locales y las universidades terminan cumpliendo otro rol clave contando a la comunidad la realidad que les rodea.

Izquierdas

La declaración de este miércoles de Adorni se condice con la marcada política de ajuste del gobierno libertario hacia la educación. Un informe de CEPA de este miércoles sobre ejecución presupuestaria en febrero revela que en el Programa de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría de Educación (ex Ministerio de Educación) directamente no tuvo ejecución: “otro de los programas con fuerte caída es el Conectar Igualdad, el programa que brinda computadores para estudiantes de las escuelas públicas, con el objetivo de reducir la brecha digital en nuestro país. También se ajusta notablemente al programa de Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes, que cae 61%. El Programa de Desarrollo de la Educación Superior sufre un recorte del -38% interanual”.

Y completan: “se observa una caída del 20% en el devengado del Fondo Nacional de Incentivo Docente, el cual el Gobierno Nacional ya manifestó su voluntad de eliminarlo, lo que implica un recorte nominal de los salarios docentes de entre el 10% y 20% de acuerdo a cada distrito. Sin embargo, a pesar que este programa devengó gasto, hasta el momento no tuvo ningún monto de ejecución de caja y el gobierno anunció que no realizará el pago y discontinuará la partida.

Más que económico, el encono del gobierno parece ser ideológico. En la apertura de sesiones, Milei cargó contra las universidades. Hasta el propio titular de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, publicó un documento en noviembre donde habla de «un clima de sovietización» en los claustros universitarios, y de la dominación en las facultades de «las ideologías de las izquierdas académicas, las teorías queer y posmodernas».