La carta de intención que envió el gobierno al Directorio del Fondo Monetario incluye varios párrafos dedicados a la gestión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que anuncian que el Poder Ejecutivo empleará esos recursos en el pago de  gastos corrientes hasta agotarlos.

Para financiarse, el gobierno liquidará en forma paulatina los activos del FGS. Entre esos activos se encuentran las acciones de empresas privadas en poder del FGS desde su creación, en 2007.

En la carta de intención al FMI, el gobierno incluye, entre sus objetivos fiscales, uno que es específico con el FGS y el sistema previsional. Dice: «Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica».

Para el fiscal del fuero previsional Gabriel De Vedia, «ese texto indica que se van a usar los recursos del FGS para los gastos corrientes. Esto ya estaba previsto en la Ley de Reparación Histórica, y ahora queda ratificado».

De Vedia, quien hace poco fue removido de la conducción de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (Ufises), subrayó que el FGS tiene por objetivo garantizar el pago de las jubilaciones futuras. «Al usarlo para el pago de las actuales, que es gasto corriente, se desnaturaliza su función, que es de garantía del pago futuro y de acción anticíclica».

Según De Vedia, hasta las palabras empleadas en la carta de intención no son adecuadas: «El Ejecutivo hablan de activos que ‘se encuentran en posesión del gobierno’, pero eso es un error. No son activos de un gobierno sino que se trata de un fondo que al tener un horizonte de largo plazo no está atado a las necesidades coyunturales de tal o cual gobierno», declaró.

Páginas más adelante, la carta de intención abre las puertas del sistema previsional al control del FMI. Señala que el presupuesto nacional  «nunca informó los ingresos (contribuciones) capitalizados en los activos de pensiones nacionalizados en 2008». Por esa razón, agrega, una  «misión de asistencia técnica del FMI» llegará a fines de este año para recopilar la información necesaria y asesorar a las autoridades «sobre el registro correcto de la operación de nacionalización y los cambios subsiguientes en el sistema de pensiones que sean consistentes con principios estadísticos sólidos como los incorporados en el Manual de Estadísticas Públicas del FMI».

«La misión de asistencia técnica equivale a la intervención del sistema previsional por parte del FMI», subrayó De Vedia, quien además aseguró que «es falso eso de que nunca se informó los ingresos capitalizados».

Además, el fiscal señaló que «el texto subordina los futuros cambios en el sistema de pensiones a su adecuación a las normas del FMI. Ellos dicen qué hay que hacer, cómo hacerlo y con qué contenido».

Activos en venta

Según el último informe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), publicado en abril último, el FGS tenía un valor de $ 1.265.940 millones (un billón, doscientos sesenta y cinco mil novecientos cuarenta millones de pesos). En 2017 creció por encima de la inflación, un 37,4 por ciento. Pero la devaluación del peso de principios de año hizo que su valor en dólares cayera un 1,9% en el primer trimestre.

Al cierre de ese período, su principal activo eran bonos soberanos (56,6% del total, en el límite máximo permitido para la tenencia de ese tipo de papeles). Del resto, se destaca con el 19,4% del total la presencia de acciones de empresas privadas. Se trata del activo más deseado del FGS. Muchas empresas cuyas acciones se encuentran en esa bolsa quieren recomprarlas. Ya hubo dos casos: Pampa Energía adquirió el 11,85% que el FGS poseía de Petrobras, y Unipar Carbocloro se hizo del 16,71% de Solvay. Ambas decisiones fueron cuestionadas en la justicia. «