Ahora el gobierno evalúa modificar la fórmula de movilidad jubilatoria por decreto

Luego del traspié sufrido por el oficialismo cuando el Senado rechazó el DNU 70/23, el gobierno aspira a retomar la iniciativa parlamentaria con la nueva ley Bases. Sin embargo, los tiempos del Congreso obligan a comenzar su tratamiento en el recinto recién en los primero días de abril. Lo mismo ocurre con el debate que la cámara baja deberá dar sobre mismo DNU para dar su visto bueno o descartarlo en forma definitiva.

El gobierno, sin embargo, aspira que los haberes de los jubilados se actualicen en el mes de abril bajo el criterio de una nueva fórmula de actualización. Para eso, según trascendidos periodísticos, busca publicar en las próximas horas un nuevo decreto de necesidad y urgencia que deje sin efecto la fórmula de movilidad vigente para dar lugar a una nueva que actualice los haberes de manera mensual y según la evolución del IPC disponible en el momento de acreditar los haberes. Según el calendario oficial del INDEC, eso implicaría que los haberes aumenten en función de la inflación registrada en el segundo mes inmediato anterior.

El criterio se había acordado con la oposición «colaboracionista» con el propósito de lograr dictamen de comisión para la ley ómnibus que finalmente el mismo gobierno retiró. El proyecto original confería al poder ejecutivo la potestad de actualizar los haberes en forma discrecional.

El pasado 13 de marzo, Martín Menem, presidente de la cámara baja habilitó una sesión en diputados para dar tratamiento a uno de los proyectos de ley que se han presentado. Se trata de la norma presentada por Juan Manuel López diputado de la Coalición Cívica como parte del bloque Hacemos Coalición Federal. Esa misma sesión finalmente no pudo llevarse a cabo porque el recinto no reunió el quórum necesario. Ese día se ausentaron los diputados del oficialismo y de Juntos por el Cambio que, por su parte, tienen otro proyecto con la firma de María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo.

En total existen seis proyectos de ley presentados que, con la excepción del del Frente de Izquierda que dispone la restitución del 82% móvil y un mínimo acorde a la canasta de consumos de la tercera edad, disienten en el criterio a la hora de establecer el empalme entre una y otra fórmula.

Es que el régimen vigente actualiza los haberes de manera trimestral en virtud de lo que ocurre con el índice de salarios (RIPTE) y la recaudación previsional durante el trimestre inmediato anterior al que concluye. Por ese motivo, en marzo de este año los haberes tuvieron una suba del 27,5% que surgen de la evolución de esas variables en los meses de octubre a diciembre de 2023.

Esa mejora quedó muy lejos de la inflación del primer trimestre de este año pero también de la evolución de los precios durante el último trimestre del año anterior sobre la base del cual se determinó la suba en tanto, por la disparada de precios del último semestre, salarios y recaudación evolucionaron muy por detrás de los precios.  

La propuesta inicial del gobierno que quedó incluida en el dictamen final de la ley ómnibus implicaba que en el mes de abril los jubilados comenzarían a cobrar en función de la inflación registrada en febrero. De esa manera la propuesta consolidaría una confiscación a los jubilados sobre la base de omitir lo ocurrido durante el mes de enero cuando los precios crecieron un 20,6%. Por eso, el proyecto de la Coalición Cívica sumaba al criterio oficial una mejora complementaria equivalente a la inflación del mes de enero que, sumada a la de febrero, implicaría una mejora del 36,6%.  

El oficialismo se mostró dispuesto primero a consensuar un proyecto que otorgara una suma complementaria del 10% para atravesar el empalme que, ahora y según los trascendidos periodísticos, mediante el nuevo DNU elevaría hasta un 12% o 14% lo que consolidaría una pérdida de unos 8 puntos porcentuales solo en concepto de lo ocurrido en enero.  

El oficialismo asegura heberse visto obligado a recurrir a un decreto luego de verificar que “el período de negociaciones se agotó” sin lograr los consensos parlamentarios necesarios.