Los jubilados y jubiladas protestan de manera ininterrumpida todos los miércoles en la Plaza de los Dos Congresos desde que asumió este gobierno. Y, a la luz de los resultados, no hacen mal.
Son, de hecho, el foco de resistencia más persistente a la motosierra libertaria y han sido el blanco de la mayoría de las represiones comandadas por las fuerzas federales y porteñas. Fue en una marcha en defensa de los jubilados y jubiladas, el 12 de marzo de 2025 cuando, el efectivo de Gendarmería Héctor Guerrero intentó asesinar con una granada de gas lacrimógeno al fotoperiodista Pablo Grillo.
Tres gobiernos, tres fórmulas en contra
La lucha de los y las jubiladas por una mejora en sus ingresos se recrudeció con el gobierno de Javier Milei aunque, en rigor, es el tercer gobierno consecutivo que, en nombre del perjuicio sufrido por la clase pasiva durante la gestión política anterior, propuso una modificación de la fórmula de actualización de sus haberes. También es el tercero que, con diversos mecanismos, terminó agravando aún más la situación de los ingresos previsionales.
Ya Mauricio Macri había “mejorado” la fórmula de actualización de los haberes vigente durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner pero haciendo uso del empalme para eludir la actualización de un trimestre entero en las jubilaciones.
Lo mismo, a su manera, hizo Alberto Fernández que por decreto dejó sin efecto esa fórmula y, hasta establecer una nueva modalidad de indexación mediante la ley 27.609, dispuso los incrementos de manera discrecional incorporando la modalidad del bono para los haberes inferiores que achataron la pirámide de ingresos previsionales.
Pero además, los elevadísimos niveles de inflación combinados con el rezago trimestral de la nueva fórmula que condensaba recaudación y evolución de los salarios, implicaron una pérdida persistente del poder adquisitivo en la medida en que, como el juego del palo enjabonado, los ingresos siempre viajaban muy por detrás de los precios. Esa caída se recuperaría paulatinamente cuando la suba de precios comenzara a mostrar una tendencia decreciente.
La trampa libertaria
Fue allí cuando, luego de un profundo retroceso resultado de la brutal devaluación de diciembre de 2023 y la inflación de ese mes y enero de 2024, el actual gobierno propuso una nueva fórmula (IPC con rezago de dos meses) pero con un nuevo empalme que, dejando enero de 2024 afuera a cambio de una compensación del 12,5%, implicó una pérdida de varios puntos porcentuales adicionales.
Pero la trampa, además de esa confiscación de 7,2 puntos porcentuales que el Congreso Nacional votó restituir con una ley que fue vetada por el Ejecutivo, consistió en el congelamiento del bono naturalizado por la gestión de Alberto Fernández. Es que ese beneficio que asiste a las jubilaciones más bajas que representan el 70% del total de los beneficiarios, se incrementó de los $32 mil vigentes en noviembre de 2023 hasta $70 mil para marzo de 2024 para quedar congelados en ese monto desde esa fecha hasta la actualidad. De esa forma, si bien los haberes puros acompañan con cierto rezago la inflación (subestimada por el retraso metodológico del INDEC), los haberes reales de la base de la pirámide pierden mes a mes con los precios.
De hecho, esos $70 mil que representan una porción importante del haber mínimo fijado, sin bono, en $340.886 para diciembre de este año, debería llegar a $177.485 si el mismo se hubiera actualizado a la par del haber mínimo.
Pero, además, el mínimo también se vio afectado por la nueva fórmula en tanto si se hubiera mantenido el criterio vigente de actualización hoy ese haber se ubicaría en $ 434.279 cuando apenas alcanza $340.886. Se trata, sin tomar en cuenta el deterioro del bono, de una caída en términos reales de casi el 22%.
La diferencia con relación a lo percibido con el bono en el último trimestre de la gestión de Alberto Fernández es de 16,8% que se reduce al 2,3% para la medición sin bono. La brecha con el 22% indicado surge del hecho mencionado más arriba: la fórmula vigente desde 2021 auguraba una recuperación de los haberes cuando la inflación se desacelerara que es lo que el ejecutivo buscó y logró evitar.
Los datos surgen de un informe realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que, en su análisis, sostiene que la política libertaria implicó “consolidar el poder adquisitivo de las jubilaciones en un piso histórico del cual no se podrán recuperar”. En tanto, dicen “no es casual que la fórmula se haya modificado cuando la inflación comenzaba a mostrar un sendero descendente”.
El mismo estudio indica que con la actualización del bono y el 7,2% adicional votados por el Congreso Nacional y vetados por el ejecutivo, “la jubilación mínima más bono hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido en los meses posteriores a la asunción de Milei”.
Pero el efecto del veto de la ley jubilatoria votada por el congreso es aún mayor. A ese golpe corresponde añadirle la negativa a prorrogar la moratoria jubilatoria y la mejora del PUAM. Por eso, concluye el CEPA, “la política previsional adoptada desde diciembre 2023, ha constado de distintas aristas, todas con carácter regresivo, con la pérdida del poder adquisitivo de los haberes tras la aceleración inflacionaria, su consolidación a través del DNU 274/2024 y la licuación de los bonos a las jubilaciones mínimas”.
