El juez federal Sebastián Casanello ordenó cuatro nuevos allanamientos en las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina S.A. en busca de evidencia sobre eventual pago de sobornos para la compra de medicamentos. Además, el magistrado hizo lugar a un pedido del fiscal Franco Piccardi y levantó el secreto bancario y fiscal de los accionistas de la droguería Jonathan y Emannuel Kovalivker y del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo.
Este viernes efectivos de la Policía de la Ciudad ingresaron poco antes del mediodía a las oficinas de la empresa y del organismo estatal. Uno de los allanamientos se llevó a cabo en la sede de Andis ubicada en Hipólito Yrigoyen 1439 y otro en la droguería ubicada en Monroe 801 de CABA, a cargo de personal del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad.
El allanamiento se realizó en simultáneo en todo el país como parte de la causa relacionada los audios del ex titular de la Agencia, Diego Spagnuolo, que develó una trama de corrupción en torno a la compra de medicamentos para personas con discapacidad, que involucra a Karina Milei y su armador político, Eduardo ‘Lule’ Menem, y que salpica al presidente Javier Milei.
Tras la ruta del dinero de las coimas
Este viernes, Casanello hizo lugar a un pedido del fiscal Picardi y levantó el secreto fiscal y bandario de los ivolucrados en la causa, en la parte de la investigación que intenta rastrear la ruta del dinero de eventuales pagos de sobornos, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas.
El procedimiento busca dar con movimientos de dinero que no tengan justificación y para ello se libraron oficios a ARCA y al Banco Central, entre otros organismos. La medida se sumó a la orden de bloquear a todos los investigados eventuales ingresos a cajas de seguridad que puedan poseer en entidades bancarias mientras rige en la causa el secreto de sumario.
Al allanarse las viviendas de los Kovalivker en Nordelta, los investigadores secuestraron 266.000 dólares en efectivo y siete millones de pesos en el auto de uno de los hermanos mientras que en la casa del otro encontraron cajas fuertes abiertas, como si se hubieran vaciado a las apuradas ante la inminencia del procedimiento policial.
Las medidas dispuestas por Casanello se produjeron luego de que el juzgado recibiera más de 50 grabaciones. Los audios fueron entregados en un pendrive por el periodista Mauro Federico, quien declaró como testigo ante el fiscal Picardi para explicar que los recibió el 16 de agosto y que difundió el primero de ellos varios días después.
La declaración del periodista se produjo poco antes de que Spagnuolo designara de manera formal dos abogados para defenderlo en el caso, Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz.
Ahora, Picardi comenzará a analizar los audios que se habrían grabado entre agosto y octubre de 2024 y en los que Spagnuolo hablaría de coimas y porcentajes que representantes de la droguería Suizo Argentina exigirían a laboratorios para, a su vez, pagarlos a funcionarios del Gobierno nacional.
Una de las cosas que se busca establecer el expediente que investigan Casanello y Picardi es si existió ese entramado de cobros de sobreprecios en contratos por medicamentos con Suizo Argentina S.A., a partir de los cuales la secretaria general y hermana del presidente, se habría quedado con el 3 por ciento.
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