El informe anual de Amnistía Internacional sobre Argentina advierte que, a dos años del inicio de la gestión de Javier Milei, el Estado ha consolidado un modelo donde “el control social prevalece sobre la garantía de derechos humanos”. Según el organismo, hay un marcado retroceso que es resultado de un proyecto político que resigna responsabilidades esenciales frente a la sociedad y alertó por el hostigamiento a la prensa y la criminalización de la protesta.
La organización internacional dio a conocer su informe anual de balance de derechos humanos en Argentina, titulado “Retos en derechos: a dos años de gestión de Milei”, a través de un comunicado en el que señaló que la “motosierra” como “emblema de gestión” fue aplicada sin evaluaciones de impacto en derechos humanos ni mecanismos de participación democrática, “generando efectos directos sobre la vida y la integridad de las personas”.
En sus conclusiones, el informe destaca que a dos años del inicio de la gestión libertaria, “Argentina enfrenta un deterioro acelerado y multidimensional de los derechos humanos” y señala que “el retroceso no es un accidente ni una sucesión de decisiones aisladas”, sino que es el resultado de “un modelo de gobierno que concibe a las personas como costo, a los derechos como obstáculos y a la crítica como una amenaza”.
Ajuste y represión
En su informe Aminstía detalló que “entre 2023 y 2025 el gasto público cayó más de un 41% en términos reales, alcanzando su nivel más bajo en dos décadas y profundizando las desigualdades estructurales”.
Sin embargo, subraya que el ajuste no fue uniforme, sino que las áreas más afectadas fueron aquellas vinculadas a la realización de derechos humanos como salud, educación, alimentación, vivienda, ambiente y seguridad social, mientras que las partidas destinadas a seguridad, inteligencia y funciones coercitivas registraron incrementos reales o reducciones mucho menores.
Esta asignación diferencial, según el organismo, configura un Estado que “expande su capacidad represiva” al mismo tiempo que “retrae su obligación de brindar protección y justicia social”.
Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, explicó que este modelo “transmite un mensaje inequívoco: el Estado decidió ajustar precisamente a quienes más debería proteger”.
Para Belski, ese proyecto que se está consolidando “parte de la premisa de que los derechos humanos son un gasto prescindible y que quienes los defienden son enemigos ideológicos”, py remarcó que el verdadero costo será “un país más desigual, más injusto y más hostil para quienes ya viven en situaciones de mayor vulnerabilidad: mujeres, personas LGBTTIQ+, adultos mayores, personas con discapacidad, comunidades empobrecidas, entre otras”.
El organismo de derechos humanos también alertó sobre la debilidad institucional que agrava el escenario, señalando que Argentina cumple un nuevo año sin Defensor del Pueblo —cargo vacante desde 2009— y persisten acefalías en otros organismos clave de control.
Paralelamente, el reporte denuncia el aumento de la criminalización de la protesta, el hostigamiento a la prensa y la estigmatización de voces críticas, configurando un clima donde “la verdadera libertad se reduce” y existe un achicamiento del espacio cívico.
Los ejes principales del informe
El informe aborda de manera integrada los principales desafíos en materia de derechos humanos en el país, incluyendo el aumento de la pobreza y su impacto en derechos sociales, la situación de las personas mayores y el acceso a una jubilación digna, las restricciones a la libertad de expresión y el achicamiento del espacio cívico, la represión de la protesta y la criminalización de la asociación, las prácticas de cibervigilancia, los déficits en transparencia estatal, la violencia contra las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, la implementación de la ESI, las políticas de diversidad, la crisis climática y la situación de personas migrantes y refugiadas, además de un análisis de la política exterior.
Esta lectura preocupante sobre la situación en el país se desprende del balance anual que Amnistía Internacional realiza sistemáticamente desde hace décadas sobre todos los gobiernos para monitorear cómo cada administración impacta en la vigencia de los derechos humanos.
