Como si de un thriller de espías se tratara, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) del gobierno de Javier Milei monopoliza desde hace tiempo la atención de oficialistas y opositores. Las profundas modificaciones que la gestión libertaria insiste en imponer en la carta orgánica del organismo generan resquemor no sólo en los sectores aliados de La Libertad Avanza, también hay tensiones puertas adentro del espacio político libertario, cada vez más inmovilizado por sus propias internas.
Esta semana, el juez federal Daniel Alonso habilitó suspender la feria judicial para tratar uno de las decenas de recursos judiciales que se presentaron desde la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 que habilitó la ampliación de facultades de la agencia de inteligencia. Tomando como fundamentos la entendida inexistencia de la “limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna”, el magistrado rechazó el habeas corpus preventivo que presentaron los letrados Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos.
Incluso para el propio gobierno fue llamativa la decisión del juez de suspender la feria para tratar el caso. Desde la llegada de Javier Milei al poder, en la Casa Rosada entendieron como pocos que son escasas las veces en las que la Justicia interviene en una decisión del Ejecutivo en vigencia, circunstancia que utilizaron al máximo en los últimos tiempos para avanzar con la implementación de políticas y reformas profundas vía decreto. Aunque estaban alertados de que podría haber movimientos, la decisión del magistrado de Paraná de frenar el receso de verano fue todo un mensaje, para más de un sector.
Las tribus que conviven en el Congreso, incluso hasta el propio titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, daban por hecho que el DNU se trataría en el recinto. No sólo por una expresa manifestación de gran parte de la oposición de frenar esta disposición sino también por voluntad de los propios aliados. Martín Goerling, presidente de la comisión bicameral de Inteligencia, sigue sin conformarse por el incumplimiento de Menem y Victoria Villarruel de firmar su resolución. Él fue el encargado de hacer saber que, esta vez, el PRO no votaría a libro cerrado. “Queremos que muestren los protocolos de la norma”, repiten una y otra vez en el partido amarillo.
En particular, la dirigencia republicana tiene reparos respecto al apartado que habilita la aprehensión de ciudadanos y la virtual apertura al espionaje hacia partidos políticos, una circunstancia que ni en los sueños de experimentados deambulantes de La Casa se atrevieron a formalizar. Si bien desde la bancada que dirige Cristian Ritondo se mostraron de acuerdo frente a la “modernización” de las leyes de inteligencia, entienden que una mala regulación de la misma podría traer más problemas que soluciones.
“Nosotros no vamos a sentarnos a votar nada hasta que no nos expliquen qué quieren hacer. Se acabó el jueguito de tomarnos de boludos”, dijo a este diario un dirigente amarillo, quien advirtió que el PRO no renunciará a su voluntad de discutir el decreto en la Cámara. Desde la cúpula de Diputados tomaron nota. En el gobierno advierten que la oposición no puede forzar un llamado para tratar el DNU en el recinto hasta que no se reabran las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional. Del otro lado del mostrador lo niegan. Sin embargo, el bajo ímpetu del oficialismo parlamentario para impedir la organización de los bloques opositores para voltear el DNU hizo que en las últimas horas aumentaran las versiones sobre un posible sabotaje interno.
Según dijeron a este medio diferentes agentes de la oposición dialoguista, las altas esferas de la Cámara de Diputados habrían dejado trascender entre sus colegas legisladores que, en caso de que la oposición lograra obtener quórum para tratar el DNU, la presidencia del recinto no intentaría ningún artilugio para impedirlo. Incluso hay quienes hacen saber que el propio Martín Menem manifestó su descontento con las modificaciones en la carta orgánica del sistema de inteligencia, instancia más que suficiente para no inmutarse si el recinto rechaza el decreto.
Los rumores sobre una aparente jugada coordinada entre compañeros de espacio para coartar los planes que Cristian Auguadra, amparado por el poder político de Santiago Caputo, tiene para la nueva SIDE se incrementaron desde el momento que se conoció que el juez Alonso estaría a cargo de analizar el recurso. Antes de oficiar como magistrado, el letrado fue abogado de Carlos Nahir Menem en el juicio por filiación que le inició al expresidente Carlos Saúl Menem y, desde ese momento, en Entre Ríos se habla sobre sus vínculos con el clan riojano. Al parecer, no alcanzó.
La dinámica resolución del juez frente al pedido presentado por los letrados ligados al radicalismo rememoró su jugada para impedir que el Congreso enviara representantes al Consejo de la Magistratura en 2022, que por entonces había intentando ampliarse unilateralmente. Con una medida cautelar presentada por el entonces diputado Marcelo Cassaretto, Alonso impidió el ingreso de los representantes legislativos y el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Aquella acción le valió la apertura de una causa disciplinaria que el órgano multisectorial rechazó el año pasado, ya en tiempos de Milei en el Ejecutivo y sus representantes en las sillas del Consejo. Los rumores sobre una devolución de favores se reproducen a borbotones.
De nuevo en el presente, la oposición aún no alcanzó el número mágico de 129 bancas para tratar el proyecto. Por ahora, los acompañantes rondan entre 120 y 123, por lo que sólo un milagro o un enojo de último momento podrían quebrar los planes de Auguadra y Caputo.
En el gobierno, por su parte, se muestran tranquilos. No sólo dan por hecho que el DNU se mantendrá vigente, también advierten que el respaldo de la Justicia es un aval clave para seguir avanzando con estas modificaciones a espaldas del Congreso.
