La Justicia federal elevó a juicio uno de los desprendimientos de la llamada causa Andis. Se trata de la investigación por encubrimiento y otros delitos que se abrió para investigar el comportamiento del jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis. Según consta en el expediente, habría realizado movimientos que le permitieron a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, eludir una orden judicial.

La causa en cuestión se abrió a partir de una extracción de testimonios que hizo el juez federal Sebastián Casanello en los inicios del expediente que tiene procesado al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Ese movimiento implicó, en los hechos, una denuncia al encargado de seguridad del mencionado desarrollo inmobiliario luego de advertir que había muestras de que intentó frenar una orden de presentación en la vivienda de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la empresa mencionada en los audios atribuidos al ex titular del organismo que dieron origen al caso. Esa orden tenía como objeto recabar información para el caso.

Según pudo saber Tiempo de fuentes judiciales, la investigación contra De Vicentis fue elevada a juicio y es por eso que el encargado de seguridad de Nordelta deberá encarar próximamente un proceso oral.

El hombre había sido procesado en 2025 por Casanello, que le achacó la comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo del acto funcional y encubrimiento. Ahora, según supo este medio, la Justicia logró probar con la certeza requerida para la elevación a juicio que el imputado tuvo comportamientos orientados a un entorpecimiento del trabajo judicial.

La elevación a juicio fue decidida por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, que interviene en la causa desde que Casanello se declaró incompetente por razones de jurisdicción. Así, el caso quedó bajo la órbita de la Cámara Federal de San Martín, que en febrero ratificó el procesamiento de De Vincentis tras la apelación de la defensa a cargo del abogado Guillermo Soares Gache.

El hecho

El hecho en cuestión ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando Casanello dispuso una orden de presentación en el barrio La Isla de Nordelta en el marco de la incipiente investigación por sobreprecios y retornos millonarios en el marco de la Andis. La medida tenía como fin recabar información sobre los Kovakivker. Al llegar, en horas de la noche, un efectivo policial se presentó en una de las garitas y manifestó los motivos de la presencia en el lugar, lo que desató que uno de los empleados de seguridad comenzara a recibir “insistentes llamados” a su teléfono celular. ¿Quién era? Su jefe De Vincentis.

El comisario a cargo del procedimiento atendió y le comunicó a De Vincentis la orden que tenían que cumplir en términos generales, pero este intentó obtener más información, frente a lo cual el efectivo cortó la comunicación. Los llamados del jefe de Seguridad de Nordelta siguieron llegando a otro empleado de la garita que atendió pese a la orden policial de no hacerlo. Tuvieron que quitarle el teléfono y cortar la comunicación.
Cuando Casanello obtuvo los detalles de lo que había ocurrido esa noche, extrajo de la causa los detalles que aportó el efectivo a cargo de la diligencia en el barrio La Isla y pidió una serie de medidas para que la situación se investigue en un expediente paralelo al central, que tenía el foco puesto en la aparente irregularidad de las contrataciones de medicamentos e insumos para personas con discapacidad.

De esas medidas obtuvo, por ejemplo, una serie de mensajes de WhatsApp atribuidos a De Vincentis, en los que se dirigió a sus empleados con órdenes expresas de no permitir el trabajo policial ordenado por la Justicia. “Sea la fuerza de seguridad que fuere, ningún personal que no corresponda al área legal está autorizado a facilitar información sobre la identidad, ingresos y egresos de vecinos”, escribió. “Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno”, agregó. “Si tienen que realizar un allanamiento con la orden respectiva que lo hagan y con sus propios técnicos (…) Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno. Si la Fiscalía o la policía no sabe trabajar o no nos contacta previamente para coordinarnos (…) y creen estar en Fuerte Apache, se confunden”, expresó en otro de los textos recuperados de su teléfono marca Samsung.

Otro de los episodios que se incorporó a la investigación ahora elevada a juicio es un llamado al 911 que se realizó desde una línea registrada a nombre de “Asociación Vecinal Nordelta”. Alerta que provocó la presencia de efectivos de la Policía bonaerense que llegaron hasta la garita de seguridad del barrio y dijeron haber sido advertidos de la presencia de supuestos “falsos policías”. Al constatar la legalidad del procedimiento, estos se retiraron del lugar. Esa maniobra también fue ligada a De Vincentis.

Kovalivker se fue

El punto central de esta trama es que mientras todo eso ocurría, Jonathan Kovalivker logró tiempo para retirarse del barrio privado a bordo de su Audi S3. De esa manera, logró evitar el procedimiento policial ordenado por la Justicia.

En la instrucción de la causa, la defensa de De Vincentis expresó que el imputado se limitó a cumplir con su deber y que su actuación no generó demoras al procedimiento. También rechazaron la existencia de elementos de prueba que den cuenta de que avisó a Kovalivker de la presencia policial y de que haya realizado actos tendientes a demorar el procedimiento de aquella noche de agosto de 2025.

Otra de las explicaciones que dieron fue para controvertir las sospechas que puso Casanello al principio de la causa, relacionadas a que la intervención de De Vincentis se dio en un momento en el que estaba de licencia. Al respecto, plantearon que no era la primera vez que trabajaba mientras estaba de vacaciones debido a la “enorme responsabilidad” de su función. Para probarlo, aportaron copias de correos electrónicos que envió en otras oportunidades mientras estuvo de licencia.

Jonathan Kovalivker es uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios atribuídos a Spagnuolo como una de las integrantes del entramado de corrupción que investiga la Justicia desde el año pasado. Si bien él junto a su hermano Emmanuel y Eduardo, el padre de ambos, están imputados en la causa que lleva el fiscal Franco Picardi, no están entre los empresarios que fueron procesados hasta el momento.