La Argentina es una anomalía en América Latina. Incluso podría ampliarse el mapa, incluir a España, y decir que es una anomalía en Hispanoamérica. En ningún país de los que están incluidos en ese mapa unificado por el idioma español los sindicatos tienen la potencia que tienen en Argentina. Cuando la derecha habla de construir “un país normal”, entre otras cosas se refiere a destruir este rasgo político y cultural.
Hay algunos datos que ilustran sobre este fenómeno. En España la tasa de sindicalización de los trabajadores –los que están afiliados a algún gremio– es del 21%. Está en línea con varios países europeos. En Brasil es del 8,1%; en Colombia es del 4%; en México es del 12%; en Chile es del 16%. ¿Qué ocurre en Argentina? En 2015, cuando terminó el segundo gobierno de Cristina Fernández, la tasa de sindicalización era del 39% de los asalariados registrados. En la década que trascurrió desde entonces hasta ahora hubo una reducción. Las últimas cifras rondan el 35 por ciento. Es un 50% más que en España y un 300% más que el promedio de Latinoamérica. No es un país “normal” para el modelo que la derecha tiene en la cabeza.
La anomalía argentina, cuya expresión política es el diverso, complejo y contradictorio peronismo, se expresa también en datos como es ser el único país con un sindicato de trabajadores informales: la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular). Incluso las trabajadoras sexuales tienen su gremio, AMMAR.
Este rasgo cultural de organizarse -uno de los mejores que tiene esta sociedad- no comenzó con el peronismo. En su Historia del movimiento obrero, el historiador Alberto “Pepe” Robles describe la forma en que Argentina fue pionera en la región en la formación de organizaciones sindicales en el siglo IXX.
La reforma laboral de Milei es un nuevo intento de la derecha por demoler ese rasgo ideosincrático. Es uno de los ejes de la famosa “batalla cultural” del mileísmo. El conflicto -que ya empezó- traerá una tensión política, social y filosófica sobre si las leyes modelan la cultura o la cultura a las leyes.
Las encuestas indican que hay una mayoría de la población que está en contra de la cuota solidaria sindical y que querría que fuera voluntaria. Es parte de esta época de egoísmo extremo y falta de visión. La cuota solidaria existe porque todos los trabajadores gozan de las conquistas que logra el grupo que da pelea. Mientras la mayoría se va del trabajo a la casa, un grupo avanza. Así fueron todas las conquistas -desde la jornada de ocho horas hasta las vacaciones pagas- en Argentina y en el mundo.
La derecha tiene siempre en el radar, como una guía, la puja que tuvo Margaret Thatcher con los sindicatos mineros a mediados de la década de 1980. El Sindicato Nacional de Mineros, NUM, por sus siglas en inglés, declaró una huelga general el 6 de marzo de 1984. Fue luego de que el gobierno conservador decidiera cerrar varias minas y despedir 20 mil trabajadores. El conflicto se planteó como un punto de inflexión para las reformas neoliberales que impulsaban a nivel global Thatcher y el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan. La huelga duró casi un año y finalmente se quebró.
En el manual de la derecha local ése es el ejemplo de que llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias puede terminar rompiendo la resistencia y planteando una “victoria” que despeje el camino para la restauración conservadora.
Como todo ejemplo sacado de un manual, tiene como punto débil la falta de contexto cultural y político. La reforma laboral será una carrera más de resistencia que de velocidad. La batalla no se terminará el día que el Congreso Nacional la apruebe, lo que hoy parece bastante probable. Esa será sólo una instancia. El tiempo mostrará si la anomalía argentina puede resistir este nuevo embate que busca instalar la “normalidad”, un país todavía más desigual en el que los trabajadores no tengan la capacidad de participar en el debate sobre el modelo de sociedad y sean sólo espectadores que acatan. «