“Frenemos la crisis en salud sexual”, alertó el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis. En el Día Internacional del Preservativo (que se conmemora cada 13 de febrero), reclamaron al Congreso que declare por ley la Emergencia Nacional en Salud Sexual “ante la falta de respuesta del Ejecutivo”.
El diagnóstico es alarmante. Agravamiento de la situación epidemiológica, el desfinanciamiento de políticas públicas esenciales, el desabastecimiento de insumos críticos y la parálisis de los mecanismos institucionales previstos por la Ley 27.675: “Sin preservativos, sin campañas, con aumentos alarmantes de VIH, sífilis y otras ITS –resumieron–. Porque sin insumos, sin presupuesto, sin participación comunitaria, no hay prevención posible. Porque los derechos sexuales son derechos humanos. Porque la salud sexual no puede esperar”.
En ese sentido, iniciaron un petitorio que se puede firmar de manera online: https://forms.gle/1x1RgnQUARAhbpBp6.
Aumento sostenido de los diagnósticos de VIH
Según el Boletín Epidemiológico de VIH e ITS del Ministerio de Salud de la Nación, Argentina registró en 2025 un promedio de 6.900 nuevos diagnósticos de VIH anuales. En el bienio 2023–2024, la tasa nacional fue de 14,2 casos cada 100.000 habitantes, que asciende a 23,4 cada 100.000 en algunas provincias del NOA. El mismo boletín estima que 140.000 personas viven con VIH en el país.
“Sin embargo, no solo es grave el aumento sistemático de los nuevos diagnósticos, sino que el 48,1 % de estos diagnósticos, se realizan de forma tardía, es decir, en una etapa avanzada de la infección, lo que incrementa la mortalidad, los costos sanitarios y la posibilidad de transmisión a otras personas”, apuntaron.
“Este escenario evidencia una epidemia activa, en constante crecimiento, sin políticas preventivas eficaces y con desigualdades territoriales creciente”, añadieron.
Epidemia de sífilis: crecimiento acelerado y sin control
En 2025 se registraron 55.183 casos de sífilis, el número más alto del que se tenga registro en nuestro país. Esto representa un aumento del 20% respecto del año anterior y del 71 % respecto de la mediana 2020–2024.
Entre las semanas epidemiológicas 1–44 de 2025 se notificaron 36.702 casos, un 20,5 % más que en el mismo período de 2024. El 76 % de los casos se concentra en personas de 15 a 39 años, con picos en los grupos de 20–24 y 25–29 años. En mujeres y personas gestantes, los casos aumentaron un 10 % en 2025.
“La sífilis constituye hoy una emergencia sanitaria real, con impacto directo en población adolescente, joven y gestante”.
Crisis en la prevención y control del Virus del Papiloma Humano (VPH)
El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la ITS más frecuente del país y la causa del 99 % de los cánceres de cuello uterino, un cáncer evitable que provoca alrededor de 5.000 nuevos casos y 1.800 muertes anuales en Argentina.
En los últimos años se registra una caída histórica en la vacunación contra el VPH: la cobertura de la primera dosis descendió del 88 % (2017) al 62 % (2023). La segunda dosis cayó del 77 % (2017) al 47 % (2023), con provincias por debajo del 40 %.
La combinación de baja vacunación, tamizaje debilitado y desigualdad territorial coloca al país en riesgo de retroceder décadas en la prevención del cáncer cervicouterino.
Otras infecciones de transmisión sexual bacterianas en aumento o sin control
Un caso particular es el de la gonorrea: se informó un descenso aparente del 43% en notificaciones, pero aumentó del 33% en casos confirmados por laboratorio, lo que indica subdiagnóstico previo.
También está el síndrome de secreción uretral en varones, con aumento del 65 %, indicador indirecto de ITS bacterianas no diagnosticadas.
“La falta de vigilancia epidemiológica efectiva, la interrupción en la entrega de preservativos y la ausencia de campañas públicas favorecen la expansión de otras ITS bacterianas, tales como la tricomoniasis vaginal o la clamidia”, señalaron.
Desabastecimiento histórico de preservativos y caída de compras nacionales
Durante 2025, el Estado Nacional no realizó compras de preservativos, lo que generó faltantes críticos en todo el país. En comparación, en 2023 se distribuyeron 30 millones de unidades a través del Programa 22, y 25,3 millones mediante el Programa 25. En 2025, al tercer trimestre, se habían distribuido apenas 832 preservativos. Para 2026 se proyecta la compra de 33,5 millones, un poco más de la mitad de lo distribuido en 2023.
En el marco del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la distribución real cayó un 45,5 % entre 2023 y 2024 (de 4,4 millones a 2,4 millones), y solo se entregó el 9,1% de lo planificado para 2024 (26,1 millones de preservativos).
Las provincias, con presupuestos limitados, no pueden compensar la falta de compras nacionales. Esta situación revela un desabastecimiento estructural y sostenido, que afecta directamente la prevención del VIH, otras ITS y embarazos no intencionales, vulnerando el derecho a la salud sexual.
Déficit presupuestario crítico en el Presupuesto Nacional 2026
El Programa 22 (respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y TB) sufrirá una reducción del 38 % en dólares entre 2024 y 2026: US$ 70,8 millones (2024) → US$ 43,6 millones (2026). El programa pasará a representar solo 2 % del presupuesto del Ministerio de Salud, cuando en 2023 representaba 4,8 por ciento.
Las metas físicas del Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno y aprobado por el Congreso, prevén atender a 71.500 personas con VIH, cuando en 2024 se atendieron 79.170. No se prevén en el presupuesto las compras de tratamientos preventivos con PrEP y PEP, dejando sin cobertura más de 11.000 personas que las utilizaron en años previos.
Parálisis de los órganos creados por la Ley 27.675
La Comisión Nacional de Respuesta Integral al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis, así como el Observatorio Nacional de Estigma y Discriminación, órganos creados por la Ley 27.675 como instancias clave para garantizar la planificación, coordinación y monitoreo de políticas públicas, no se encuentran en funcionamiento efectivo.
No han sido convocadas nuevas reuniones ni emitidas actas públicas desde agosto de 2024, lo que impide el seguimiento adecuado de las acciones estatales y bloquea los canales institucionales de participación de las organizaciones de la sociedad civil.
“Esta situación constituye un claro incumplimiento de la ley vigente, que exige que la Comisión se reúna al menos 4 veces al año, debilita la transparencia, bloquea la construcción colectiva de políticas públicas y anula la participación comunitaria, que es un pilar fundamental del enfoque integral, federal y con perspectiva de derechos que establece la normativa”, remarcaron desde el Frente Nacional.
Debilitamiento de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis: despidos de más de la mitad de su dotación
En enero de 2025, el 40 % del personal técnico de la Dirección Nacional de Respuesta al VIH, ITS y Hepatitis fue despedido. A esto se suma que, al momento de esta solicitud, no se han renovado los contratos del equipo restante para el año 2026, generando un vacío de gestión en una de las áreas más sensibles del sistema de salud pública.
Además, las coordinaciones de los programas específicos de Hepatitis Virales y de Tuberculosis han sido cerrados y desmantelados, eliminando estructuras políticas y técnicas fundamentales para abordar estas enfermedades que también forman parte de la Ley 27.675.
“Este proceso de vaciamiento institucional afecta gravemente la capacidad operativa del Estado nacional, interrumpe líneas de trabajo estratégicas y debilita los mecanismos de articulación con las provincias y la sociedad civil. La parálisis técnica y administrativa de esta Dirección representa un retroceso inaceptable, más aún en un contexto de emergencia sanitaria, y expone a la población a riesgos evitables por ausencia de planificación, recursos humanos y voluntad política”, señalaron.
Incumplimientos sistemáticos de obras sociales, prepagas y sistemas provinciales de salud
Se registra un aumento sostenido de incumplimientos por parte de obras sociales provinciales, agentes nacionales del seguro de salud y empresas de medicina prepaga, que interrumpen o demoran el acceso a tratamientos, estudios y prestaciones esenciales para personas con VIH, ITS, hepatitis virales y otras condiciones asociadas a la salud sexual.
“Esta situación afecta particularmente a personas que deben iniciar el tratamiento por primera vez, quienes sufren demoras de hasta 3 meses para las autorizaciones de los mismos, o personas que pierden su empleo (quedando sin obra social), o usuarias/os de obras sociales y prepagas con procesos burocráticos que demoran tratamientos esenciales para la salud”, subrayaron.
Y completaron: “En todos los casos, el Estado Nacional tiene el deber de garantizar la continuidad del tratamiento, independientemente del tipo de cobertura que tenga cada persona, conforme al artículo 3 de la Ley 27.675 y los principios de no regresividad y progresividad del derecho a la salud. La Dirección Nacional de Respuesta al VIH ha funcionado históricamente como garante de última instancia ante estos incumplimientos. Su debilitamiento pone en riesgo directo la vida de miles de personas que dependen del tratamiento continuo para sostener su salud”.
