Brasil entra en un nuevo año electoral con una democracia que fue puesta a prueba por un intento de golpe de Estado y con actores que no abandonaron esa agenda, aun después de condenas judiciales inéditas. El 8 de enero de 2023 no fue un episodio aislado ni una protesta desbordada. Fue un intento de ruptura institucional organizado, violento y con responsables políticos identificables.
Ese día, cientos de manifestantes invadieron las sedes de los tres poderes en Brasilia, destruyeron edificios públicos, vandalizaron piezas históricas y arrasaron con instalaciones del Congreso Nacional y del Supremo Tribunal Federal. Las investigaciones judiciales demostraron que no se trató de un hecho espontáneo, sino de una operación planificada, con financiamiento privado, logística sostenida y un objetivo político claro: generar un escenario de caos que habilitaría una intervención militar y desconociera el resultado electoral.
La responsabilidad política tuvo un nombre propio: Jair Bolsonaro. Su liderazgo fue central en la construcción del clima golpista. La narrativa del fraude electoral no surgió de manera improvisada, sino que fue el resultado de un trabajo previo y sistemático de descrédito del sistema electoral brasileño, apoyado en redes de desinformación y campañas de fake news orientadas a erosionar la confianza pública en las urnas. Ese entramado civil y militar avanzó cuando el resultado electoral no respondió a sus expectativas.
La respuesta institucional comenzó a consolidarse en 2025 y dejó un precedente histórico. El Supremo Tribunal Federal condenó a Bolsonaro a 27 años de prisión por delitos vinculados al intento de golpe y al ataque al Estado Democrático de Derecho. En el mismo proceso, y por primera vez desde el retorno democrático, altos mandos militares fueron juzgados y condenados por la justicia civil, con penas que superan los 20 años de prisión en los casos más graves. La figura del juez Alexandre de Moraes fue central en ese proceso, pero contó con una mayoría del tribunal que sostuvo las investigaciones y las condenas, incluso frente a fuertes presiones políticas y campañas de intimidación.
Sin embargo, la dimensión judicial no agotó el conflicto político. El bolsonarismo conserva una presencia significativa en el Congreso Nacional y continúa disputando sentidos en la esfera pública. Desde ese espacio, sectores aliados al expresidente impulsaron distintas versiones de proyectos de ley de amnistía orientados a flexibilizar o revertir las condenas vinculadas al 8 de enero, bajo el argumento de una supuesta “pacificación nacional”. Estos intentos muestran que el golpe no fue un paréntesis cerrado.
En este escenario, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicó que pretende competir por la reelección y aparece como favorito en las encuestas. Al mismo tiempo, enfrenta una correlación de fuerzas adversa en el Congreso, donde el bolsonarismo y sus aliados condicionan la agenda y obligan a una negociación permanente. En ese contexto, la derecha brasileña ya disputa la sucesión política del expresidente condenado. Este reordenamiento no implica una moderación del proyecto político, sino la persistencia de discursos que relativizan el intento de golpe y cuestionan las reglas democráticas.
A tres años del intento de golpe, el 8 de enero puede leerse como un hito central de un proceso político más amplio. Si se observa en retrospectiva, es posible trazar una línea directa y dolorosa que conecta ese día con los momentos previos al golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2014. No se trata de una repetición mecánica de los hechos, sino de una disputa persistente por los límites de la democracia, el valor del voto y el rol de las instituciones.
En ese recorrido, la expresión popular que dice que “el mundo da vueltas” adquiere un sentido concreto en la historia reciente de Brasil. Los avances logrados a través de la justicia y del funcionamiento institucional conviven con intentos de reescritura del pasado, proyectos de amnistía y una competencia electoral atravesada por actores que ya demostraron estar dispuestos a desconocer las reglas del juego. Por eso, el proceso electoral que se abre no puede leerse como uno más: ocurre después de un intento explícito de quiebre democrático y exige atención sostenida, dentro y fuera del país, sobre el rumbo que tomará una de las democracias centrales de la región.
*Renata Codas es abogada y especialista en políticas públicas
*Danielle Santana es Historiadora, consultora política y militante antirascista
