El Consejo de la Magistratura archivó el pedido de juicio político contra el juez de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky por sus visitas al expresidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Ya no se volverá a hablar del tema. Asunto terminado.
El expediente, que se inició por denuncia del abogado Marcelo Hertzriken Velasco, estuvo tres años en letargo, primero en la Comisión de Acusación y Disciplina y luego –cuando la Corte repuso una ley derogada 15 años antes y retomó el funcionamiento bajo el sistema anterior- en la de Acusación.
En ese lapso, lo único que pasó fue el tiempo. Una práctica habitual del Consejo cuando -por acción u omisión- elige gambetear los temas que le incomodan.
La resolución no dice que Borinsky incurrió en una falta que amerite su juicio político. Tampoco lo niega. No dice nada. Como a menudo lo hace también la Corte Suprema, resuelve sin resolver.
La Ley 24.937 (y sus modificatorias) establece en el artículo séptimo, inciso 15, que la decisión de abrir un procedimiento de remoción o disciplinario de magistrados «no podrá extenderse por un plazo mayor de tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado. Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la Comisión, éste pasará al plenario para su inmediata consideración».
Es curioso: la Ley 24.937 es una de las que parcialmente volteó la Corte Suprema en diciembre de 2021 para posibilitar que Horacio Rosatti asumiera su presidencia y acumulara así casi todo el poder real dentro del Poder Judicial. Ese artículo séptimo, que protege a los jueces (basta dejar pasar tres años sin hacer nada para que una denuncia se desactive definitivamente) no fue modificado por la Corte.
El Plenario del Consejo del 17 de abril pasado sigilosamente archivó la denuncia por las visitas de Borinsky a Macri. En la página web del Consejo, esa decisión ni siquiera aparece. Todo lo que indica el informe sobre esa reunión es, textualmente: “Se trataron los dictámenes propuestos por las Comisiones de Disciplina, de Acusación y de Administración y Financiera”. Eso es todo.
En abril de 2022 el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ya había resuelto que la conducta de Borinsky no constituía delito. Ante sendas denuncias del propio Hertzriken Velasco; de los diputados Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Leopoldo Moreau, y del entonces ministro de Justicia, Martín Soria, el juez determinó que “no existe prueba alguna incorporada al expediente que indique la comisión de un hecho típico, antijurídico y culpable que pueda ser reprochado. Y por ello, habiéndose comprobado un supuesto de certeza negativa, debe arribarse al sobreseimiento”.
Borinsky reconoció que había jugado al paddle con Macri en la Quinta Presidencial y que había conversado con él sobre la reforma al Código Penal, en la que trabajó arduamente junto a un equipo de juristas y que nunca fue aprobada en el Congreso.
Es probable que todo ello sea cierto. Pero también lo es que en fechas concomitantes con las al menos 15 visitas a Macri la Cámara de Casación (con Borinsky como juez) admitió a la DAIA como querellante en la causa por la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Memorando de Entendimiento con Irán, que había sido desestimada en tres oportunidades. El expediente reabierto fue entregado al fallecido juez Claudio Bonadio, quien hizo un zafarrancho de combate: procesó a la exmandataria por traición a la patria y propició la muerte del excanciller Héctor Timerman, al impedirle viajar a Estados Unidos para continuar con un tratamiento contra el cáncer que finalmente acabó con su vida.
Por aquellos tiempos, Borinsky también intervino en otros expedientes con acusaciones contra funcionarios del gobierno 2003 – 2015: Ruta del Dinero, Dólar Futuro, Vialidad (la expresidenta terminó condenada en primera instancia a seis años de cárcel) y Ciccone (que terminó con el exvicepresidente Amado Boudou condenado y preso).
Pero Martínez de Giorgi (de inferior rango respecto de Borinsky en el escalafón judicial) consideró que no estaba probado que aquellas reuniones -que se mantuvieron en secreto hasta que los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizrahi las descubrieron en una investigación para el sitio El Destape– “hayan sido la ocasión para una influencia indebida por parte de Macri para la resolución de casos judiciales bajo la jurisdicción del doctor Borinsky”.
Un detalle adicional: el fallo fue firmado en abril, pero se mantuvo oculto hasta mediados de junio, cuando lo publicó la periodista Patricia Blanco en el sitio Infobae.
El fallo de Martínez de Giorgi dejaba abierta la puerta para que las reuniones en Olivos se ventilaran en el Consejo de la Magistratura. “La ausencia de pruebas relevantes en materia penal no impide que la cuestión sea ventilada en el ámbito institucional propio en el que debe analizarse la eventual responsabilidad política de los magistrados”.
Ese es el capítulo que, también, acaba de cerrarse.
Un juez puede ser acusado por la comisión de un delito y su sobreseimiento lo exime de la causa penal, mas no del proceso de juicio político. Aun siendo judicialmente inocente, puede ser destituido por las causales de mal desempeño en sus funciones. El caso emblemático en ese sentido es el del excamarista Eduardo Freiler: fue acusado de enriquecimiento ilícito y se le instruyó una causa penal en la que fue sobreseído, es decir declarado inocente. Sin embargo, en el interín, el Consejo de la Magistratura –por impulso del ala macrista- lo suspendió tras una maniobra escandalosa en la que para obtener mayoría demoraron la jura de un consejero que hubiera impedido esa decisión. El consejero en cuestión era el senador Mario Pais; fue retenido en el despacho del entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Freiler fue destituido y hasta hoy nadie le restituyó su cargo. Ni siquiera le pidieron disculpas. «
