El Ministerio de Capital Humano reconoció que en al menos un caso se equivocó al retirarle el Plan Potenciar Trabajo a un beneficiario porque supuestamente era empleado del gobierno de Corrientes. La cartera que dirige Sandra Pettovello revocó su propia decisión, pero todavía no paga: le avisó al beneficiario que le devolverá el dinero correspondiente con la liquidación de marzo. Entretanto, que se las arregle como pueda.

Hugo Daniel López vive en la localidad correntina de Riachuelo. Desde 2020 es beneficiario del Potenciar Trabajo. “Eso me permitió, junto con otro grupo de personas, organizarnos en cooperativa de trabajo, obteniendo el beneficio de cobrar como NEXO desde 2021, cumpliendo la contraprestación de carga horaria, como lo establece el reglamento del programa, lo que sigo haciendo hasta la fecha, dado que ha sido la única fuente de ingreso y trabajo genuino luego de casi siete años de desempleo, por mi edad”.

El 2 de enero pasado, López se enteró por los medios de comunicación que había sido dado “de baja” del plan social “por haber sido informado por el gobierno de Corrientes como ‘personal activo’ lo que es un dato ladinamente falso”. Ya ese mes no cobró; febrero, tampoco. 

Desde ese día, López quedó atrapado en la perversión de un sistema que, en alabanza al Dios de la motosierra, primero corta y después pregunta. El gobierno correntino le extendió una certificación en la que consta que no es empleado público. Lo fue en la legislatura provincial entre 2011 y 2013, es decir hace más de diez años. ANSES también le extendió una constancia que indica que es monotributista social, no empleado público.

Documentación en mano, concurrió en reiteradas oportunidades a las filiales locales de Capital Humano. Le respondieron que volviera a la semana siguiente (en dos oportunidades consecutivas) “dado que aún no tienen autorización de recibir reclamos por carecer de autoridad local y reglamento al respecto”. 

“Ante esta situación, remití reclamo vía mail al que en vigencia del Ministerio de Desarrollo Social había que dirigirse, sin respuesta de ningún tipo, lo que demuestra mi intención de agotar la vía administrativa”.

Sin respuestas administrativas, López fue a la Justicia. “No solo me suspenden el cobro del beneficio social  sin verificar lo supuestamente informado por la Provincia de Corrientes -a no se sabe qué organismo, ni en qué términos, o a que fin- sino que además informa a la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES), instando se me inicie una causa penal”. 

Todo parece parte de una patética locura generalizada. “El daño ocasionado a mi persona no solo ha sido económico, en mis ingresos mensuales, de carácter alimentario y único sustento que tengo, sino también en mi honor e imagen, toda vez que se me escrachó desde el Estado en medios de comunicación como una persona que estaba defraudando tanto al estado Nacional como Provincial. Además se me pretende iniciar una causa penal, es decir que no solo se me quita un beneficio social, arbitrariamente, sino que se me endilga la comisión de delitos no cometidos y se me expone públicamente bajo esos términos”.

El Ministerio de Capital Humano les echó la culpa a otros. “El Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia hace saber que la suspensión de la prestación del actor se debió a la recepción de comunicación de la UFISES en la que se enumeraban ‘personas detectadas en posible infracción de las normas vigentes que regulan el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva Y Desarrollo Social –Potenciar Trabajo-. No obstante, atento la documental ahora acompañada y que, en principio, certifica que aquel no presta servicios en el ámbito de la Administración Pública Provincial, se procederá al levantamiento de la mentada suspensión”, sostuvo una nota presentada en el expediente judicial, con la firma del abogado del Ministerio de Capital Humano Ignacio Germán López.

El reconocimiento del error tiene, no obstante, dos puntos oscuros. La nota expresa que “corresponde destacar que si bien el alta corresponde al mes de febrero, el mismo tendrá impacto en la liquidación mensual correspondiente al cobro del mes de marzo”. Nada dice sobre el mes de enero. Además, reclama que se “distribuyan las costas en el orden causado”, esto es que el damnificado tenga que pagar los gastos que le generó poner en marcha el andamiaje judicial para resolver una arbitrariedad en su contra.

La causa está a cargo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssials (uno de los viajeros al Lago Escondido autodefinidos como “Los Huemules”), quien deberá en los próximos días dictar sentencia.