Organismos de DDHH presentaron este martes en la ex ESMA el informe “Bajo asedio: las políticas públicas de memoria, verdad y justicia ante la ofensiva revisionista”, que aborda el proceso de desmantelamiento de las políticas públicas en materia de Derechos Humanos que lleva adelante el gobierno de Javier Milei desde 2023.

El informe, al que se puede acceder en este link, fue realizado por Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)  y Memoria Abierta con el apoyo de las fundaciones Heinrich Boll, Friedrich Ebert y Rosa Luxemburgo.

En el auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas, Verónica Torras, de Memoria Abierta, Marcela Perelman, del CELS, Carlos Pisoni, de HIJOS, y Carolina Villella, de Abuelas, expusieron sobre diferentes aspectos del relevamiento y sus consecuencias. 

“Nos sirve decir revisionismo no porque sea menos que el negacionismo sino porque muestra algunas hibrideces del discurso defensivo de la dictadura que tiene este gobierno, con elementos de negacionismo, porque hay hechos que no se reconocen, con dimensiones del relativismo, que es el reconocimiento de determinados crímenes pero siempre retaceando algunas de las cantidades, de la masividad o responsabilidad, y finalmente, tiene una forma de justificacionismo, ya que en la medida en que se reconocen un número inmenso de desapariciones, lo que avanza sobre ese reconocimiento es una forma de justificación”, explicó Perelman, sobre la decisión de describir el proceso como “ofensiva revisionista” que realizan en la investigación. 

“Este revisionismo no es menos grave que el negacionismo, sino una forma más específica de defender el terrrorismode de Estado y que derrama también sobre las violencias del presente”, sostuvo y añadió: “Esta idea de ofensiva revisionista nos permite combinar dos dimensiones, que es la dimensión de ‘batalla cultural’, sobre los discursos y símbolos, de la ofensiva concreta, los embates más destructivos de las políticas. Nos interesa mantener esas dos dimensiones juntas y mostrar que el componente más cultural, político revisionista, es instrumental y retroalimenta el nivel de la ofensiva y destrucción”. 

Torras repasó la construcción de muchas de estas políticas públicas que están siendo desfinanciadas y desmanteladas, que “han permitido avanzar en la investigación y condena de graves violaciones a los derechos humanos, en la restitución de la identidad de niñas y niños apropiados, en la identificación de restos de personas desaparecidas, en la reparación de las víctimas.. “.

“Desde la resistencia a la dictadura, comienza un proceso que va a nutrir a partir de la restauración de la democracia la posibilidad de la construcción de estas políticas y han sido el resultado de un esfuerzo colectivo de largo plazo”, detalló y explicó que en nuestro país “estas políticas se construyeron en participación y diálogo con las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil movilizadas por estos temas” y que esto “resultó crucial tanto para el impulso como para la legitimación”. 

“Podemos afirmar que entre 1983 y 2023 se conformó una trama consolidada de políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia, con momentos donde se avanzó de manera más homogénea y momentos donde no fue así”, destacó e indicó que existió en esos años un “compromiso transversal de los tres poderes” y que ese compromiso ha sido federal, con apoyos de gobiernos, municipios y legislaturas de todo el país, “lo que funciona como un contrapeso del desmantelamiento que ha llevado adelante el gobierno nacional”.

Tanto Pisoni como Villella señalaron cómo afecta este desmantelamiento a las políticas en sí. 

“Estamos viviendo un momento impensado en la Argentina porque habíamos llegado a un momento impensado en el que las utopías que pensábamos imposibles fueron posibles”, manifestó Pisoni sobre la posibilidad de juzgar a los responsables del terrorismo de Estado luego de tantos años de impunidad. 

“Hoy tenemos 1202 genocidas condenados, un hecho histórico, pero llegamos a un punto de inflexión: primero en el gobierno de Mauricio Macri, que comenzó a poner en duda muchos logros y temas que ya estaban saldados, y continua con este gobierno, no solo con palabras sino con hechos”, sostuvo y remarcó que “un informe de ATE da cuenta que en 2023 la Secretaría de Derechos Humanos tenía 1050 trabajadores y en la actualidad la ahora Subsecretaría tiene apenas 390. Esto significa que no hay abogados para querellas en juicios de lesa humanidad, no se puede hacer campaña nacional en la Conadi, no se pueden hacer visitas guiadas todos los días en el sitio de memoria de la exESMA”. 

La abogada de Abuelas de Plaza de Mayo se refirió al ataque particular a la institución y el desfinanciamiento que sufre y cómo son afectadas las áreas creadas durante años para la búsqueda de niños y niñas apropiadas durante la dictadura, como son la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).  

“La Conadi, especializada para garantizar el derecho a la identidad y en la búsqueda (de nietos y nietas), ha sufrido recorte presupuestario, la precarización laboral de las personas que la integran”, contó Villella y resaltó que el Banco también se vio afectado, ya que funciona desde hace dos años con el mismo presupuesto de 2023. “Esto tiene un impacto muy impresionante porque no alcanza a cubrir los gastos”, indicó.

“Esto afecta gravemente la búsqueda, porque la ralentiza y esto implica que hay personas que viven con su identidad sustituida, que son víctimas desaparición forzada y las demoras podrían impedir que se puedan dar esas restituciones y esos abrazos en un tiempo pronto. Son casos que llevan casi 50 años y cualquier demora es sumamente grave”, concluyó. 

Para finalizar, Perelman destacó en cinco puntos las fuerzas y potencias que, a pesar de estos ataques, conserva el movimiento de derechos humanos argentino: 

  • “Debemos tener presente que la memoria no es la memoria estatal y que los embates a las políticas son graves pero no debemos confundirlas con la renuncia a nuestra memoria social”
  • “Tenemos una apuesta institucional puesta en el Poder Judicial, con decisiones cruciales que están por venir, también en el Poder Legislativo e instancias internacionales”. 
  • “También tenemos apoyo en el nivel federal, porque los embates que mencionamos se concentran en el nivel nacional pero las políticas de memoria tienen mucha capilaridad municipal y provincial. Sino podría parecer que está todo arrasado y no lo está”. 
  • “Una dimensión muy importante es la cooperación internacional, como esta mesa, creemos en la solidaridad y en una noción de igualdad de derechos y la memoria de escala global”.  
  • “Finalmente, la dimensión de la movilización. Va a ser un verano de muchas movilizaciones que nos llevarán a una cita muy importante el 24 de marzo, cuando se cumplan 50 años del golpe de Estado. Ahí tenemos una invitación, una propuesta para abrir la conversación sobre la importancia de este aniversario  que tengamos una marcha que construya nuevas memorias y que la recordemos”