El Banco Nación (BNA) intentó apagar el incendio mediante un comunicado dominical, asegurando que no modificó sus criterios de elegibilidad para la línea +Hogares con BNA. Sin embargo, la aclaración oficial suena a blindaje preventivo: la entidad se vio forzada a responder tras las denuncias judiciales por presuntos beneficios a funcionarios, legisladores oficialistas y militantes de La Libertad Avanza en el acceso a préstamos de privilegio. La «transparencia» esgrimida por el Departamento de Prensa busca contener un escándalo que ya perforó la narrativa de austeridad del Ejecutivo.
Uso y abuso del Banco Nación
Bajo el paraguas de la Reglamentación Nº 802, el Banco Nación ratificó que el universo de beneficiarios se concentra en empleados públicos, empresas con capital mayoritariamente estatal y personal de la propia entidad. Aunque el subgerente Mario Zagaglia niega «acomodos» y Luis Caputo defiende la igualdad de tasas y plazos, la reglamentación deja abierta la puerta a interpretaciones discrecionales para ciertos sectores. El sistema permite, por ejemplo, sumar codeudores y familiares directos, una ingeniería financiera que parece diseñada a medida de quienes ostentan ingresos altos en la función pública.
Mientras la banca pública se aferra a la letra fría de los reglamentos, la realidad de la calle cuenta otra historia: en una Argentina con el crédito hipotecario pulverizado para el trabajador común, el Banco Nación parece funcionar como una ventanilla de prioridad para el ecosistema libertario. El «no hay plata» se vuelve una consigna selectiva que no parece aplicar cuando el solicitante tiene despacho oficial o carnet partidario. Lo que el oficialismo presenta como un régimen de igualdad, para el resto de la sociedad se percibe como la consolidación de una nueva casta que accede al techo propio mientras el resto padece la intemperie del mercado.
