El Centro para la Integración Socio Urbana (CISUR) lanzó un informe revelador sobre la situación habitacional en barrios populares. El 96,93% de los hogares presenta al menos una situación de déficit habitacional y el 48% de las familias convive simultáneamente con más de un problema. La combinación más frecuente reúne dos problemáticas centrales: viviendas con materiales inadecuados y, al mismo tiempo, con acceso irregular al saneamiento.
Según el informe, el 10% de las familias vive en casas en estado irrecuperable. Siete de cada diez viviendas no tiene un sistema adecuado para eliminar los desechos del baño, seis de cada diez no cuentan con un baño adecuado y ocho de cada diez de los hogares relevados no tiene conexión formal al agua (cuatro de cada diez ni siquiera tienen agua adentro de su vivienda).
Fernanda García Monticelli, directora ejecutiva de CISUR y ex subsecretaria de Gestión de Tierras y Servicios Barriales durante el gobierno anterior, habló con Tiempo Argentino sobre los objetivos del informe: “Lo elaboramos para visibilizar el déficit habitacional en Argentina desde una perspectiva integral, especialmente en barrios populares, donde el problema es más grave y multidimensional: hacinamiento, viviendas precarias, falta de servicios básicos y tenencia insegura. Mostramos que casi la mitad de los hogares sufren algún déficit, y en barrios populares la situación es aún más crítica”.
Para el desarrollo de este informe, desde CISUR se incorporaron ajustes metodológicos fundamentales para captar la realidad de los barrios populares que las herramientas tradicionales de medición suelen invisibilizar. Se analizaron y compararon las condiciones de habitabilidad a nivel nacional y en barrios populares, usando como base el Censo de Viviendas y Hogares 2022 y el Diagnóstico Integral Barrial, una encuesta desarrollada por la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) durante los años 2020-2022, que relevó información en más de ocho mil hogares en barrios populares del país. No existe en Argentina un sistema de medición unificado, por eso hay diversidad de mediciones.
Para medir el déficit habitacional, los acuerdos internacionales hablan de vivienda adecuada. Una vivienda debe tener seguridad jurídica de la tenencia, disponibilidad de servicios, materiales e infraestructura, asequibilidad, habitabilidad, accesibilidad, ubicación y adecuación cultural. Las mediciones más frecuentes del déficit se orientan a la materialidad, los servicios y el espacio. La experiencia y la producción de datos de la SISU generó una capacidad de análisis más precisa para los barrios populares, desde allí se revisaron los sistemas de medición y de construcción del déficit.
Algunos ajustes metodológicos fundamentales para captar la realidad de los barrios populares son la distinción entre conexiones formales e informales a redes de agua y cloacas, la distinción de baños que estén completos o no, la revisión de indicadores de materialidad: en los barrios populares, y el análisis basado en familias, no solo en hogares, para visibilizar la convivencia forzada de múltiples familias en una misma vivienda, dinámica frecuente en estos territorios.
Luis Emanuel Porzio es Director de Desarrollo e Integración productiva de CISUR y referente de la rama de construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Conversó sobre la situación de las políticas públicas sobre barrios populares: “Desde que asumió Milei, la política de integración sociourbana en los barrios populares fue desmantelada: se frenaron obras, se cortó el financiamiento y se agravó la crisis habitacional. Antes, con la gestión anterior, se avanzó mucho en acceso a servicios básicos y generación de trabajo local, pero ahora todo eso se perdió, afectando tanto la calidad de vida como la economía barrial. El mensaje del gobierno es claro: nada para los pobres, y eso destruye sueños y oportunidades en nuestros barrios”.
Desde el CISUR advierten que la problemática de la vivienda dista de ser un tema individual; el acceso a servicios básicos como el agua potable no puede resolverse sin el Estado presente: depende de infraestructura, regulación y escala. La crisis habitacional en Argentina no es nueva y va en aumento; sin embargo, la lectura del informe se agrava con el contexto: cada vez más argentinos y argentinas viven en un piso de tierra, no cuentan con acceso al agua potable o recurren a estrategias de supervivencia como compartir vivienda, y el Estado cada vez hace menos.
No hay programas de mejoramiento de vivienda, no hay acceso al crédito, no hay proyectos de lotes con servicios, no hay programas de ayudas urgentes para situaciones críticas. El escenario para las políticas socio urbanas populares es defensivo y de resistencia. El miércoles 20, luego de varias reuniones y gracias a la presión de la Mesa Nacional de Barrios Populares, se quitó el artículo 3 del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsada por el oficialismo. Este artículo atentaba contra puntos nodales de la Ley de Barrios Populares que establece la imposibilidad de desalojar barrios populares registrados. Una pequeña victoria en un mar de precariedad, pero una resistencia al fin.
