La redacción final del proyecto de ley que habilita el blanqueo de capitales, y que obtuvo media sanción de Diputados en la semana que pasó, dejó un dato llamativo: permite participar del blanqueo a los familiares directos de todo tipo de funcionario del Estado, salvo los miembros del Poder Ejecutivo nacional, provincial y municipal y de los espías.
El artículo 83 quedó escrito así: «Quedan excluidos de las disposiciones del Título I del libro II los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) y w) del artículo 82.»
Según algunos legisladores oficialistas, se trata de un «simple error» y el artículo debió decir «…incisos a) a w) del artículo 82».
Pero lo cierto es que según la actual redacción que ha sido girada al Senado para su tratamiento desde esta semana, los cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los más diversos funcionarios de los tres poderes del Estado podrían participar del blanqueo. Se trata de un beneficio para los allegados de legisladores nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires; de jueces y fiscales de todas las jurisdicciones; de ministros, secretarios y subsecretarios; de embajadores; de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad; del pesonal de dirección de las universidades públicas; personal de los organismos regulatorios; de los entes que realizan licitaciones públicas; y de todo aquel que administre patrimonio público.
Si el Senado subsana el «simple error», el proyecto debería volver a Diputados. Si el oficialismo prefiere esperar al decreto reglamentario para hacer la corrección, podría encontrarse con dos situaciones: de un lado, una tormenta política agitada por los socios de Cambiemos y la oposición; y del otro, pedidos de inconstitucionalidad. «
