El Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei mediante el cual reforma la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y amplia sus facultades continúa bajo la lupa y se suman los rechazos por partes de diputados de la oposición. Los bloques mantienen diálogo para dejar la medida sin efecto cuando pase por el Congreso.
Se trata del DNU 941/2025, publicado el 2 de enero de 2026. En el Palacio Legislativo pese al receso estival,sectores del kirchnerismo, la UCR, la Coalición Cívica, el socialismo y espacios federales ya comenzaron contactos para reunir los 129 votos necesarios en la Cámara de Diputados para rechazar el decreto.
En las bancadas opositoras sostienen que, por la sensibilidad de temas que el decreto abarca, esos debates deben darse en el seno del Congreso. Ponen como ejempo la modificación de estructuras de inteligencia. También que la medida aborda materias que no son urgentes.
Desde la esfera judicial, esta semana los diputados nacionales Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón interpusieron una acción de amparo ante la Justicia para suspender los efectos del DNU solicitando la inconstitucionalidad y su nulidad absoluta.
Pero, previo que el DNU llegue a debatirse en el recinto, debe ser analizado por la Comisión bicameral de Trámite Legislativo que todavía no tiene composición completa. En diálogo con Tiempo, Ferraro señaló que “es urgente que se integre la comisión bicameral de trámite legislativo para que se pueda realizar el efectivo control tanto de constitucionalidad como político de este DNU y rechazarlo frente a la evidente violación de los límites que impone nuestra Constitución”.
Ferraro explicó que además de la gravedad institucional por la utilización de un DNU para una reforma de estas características hay principalmente algunos aspectos que despiertan alarmas: “La consolidación de un modelo discrecional y poco transparente en la toma de decisiones en el control de las actividades de inteligencia, donde se elimina el control del Senado en el nombramiento de las autoridades. Se le da carácter encubierto a todas las actuaciones de la SIDE y se le otorga mayor autonomía (opacidad) presupuestaria”.
“Se introduce una ampliación muy preocupante de lo que se considera ´tareas de contrainteligencia-agregó el diputado-.Tiene un alcance mucho mayor que incluye a todo el sector público nacional en donde los titulares de órganos y organismos serían responsables de implementar medidas de estas características al interior de sus instituciones. A esto se suma una injerencia directa de la SIDE sobre todo el sector público a través de una centralización masiva del acceso a bases de datos personales y públicos a mera solicitud”.
Además, Ferraro indicó que un punto importante es “la incorporación de la facultad de aprehender personas por parte de agentes de inteligencia cuando históricamente, los organismos de inteligencia tuvieron una prohibición expresa de ejercer tareas represivas, policiales o de investigación judicial”.
El diputado, expresó que el sistema de inteligencia argentino necesita reformas y resaltó que desde el bloque de la Coalición Cívica “hemos empujado históricamente para su transformación con un proyecto que prioriza la transparencia y la defensa de la soberanía nacional y la lucha contra el crimen organizado por sobre la opacidad y utilización política qué caracterizado a los servicios de inteligencia”.
Asimismo, Ferraro recordó que ya “hubo reformas en la ley de inteligencia nacional como la de 2015 y también se dictaron otros DNU. No olvidemos que este es el segundo de la era Milei”.
De hecho, como antecedente, el Congreso rechazó en 2024 por primera vez un DNU. Se trataba justamente del que ampliaba en $100.000 millones los fondos reservados de la SIDE. Al año siguiente, el Parlamento también formalizó el rechazo a decretos que buscaban la reestructuración de organismos como Vialidad Nacional, el INTI y el INTA.
