En una nueva muestra de su política de traslado de costos directos a los trabajadores, el Gobierno nacional oficializó este miércoles un tarifazo en el servicio de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y corredores interprovinciales. Bajo el argumento de «mantener la ecuación económica» de las empresas, la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Transporte establece un incremento en dos etapas que dispara el costo de vida de millones de usuarios que dependen del transporte público para producir y estudiar.
Desde las primeras horas de hoy, el boleto mínimo para quienes poseen la tarjeta SUBE registrada saltó a $ 650, pero el castigo al bolsillo no se detiene allí: el 16 de marzo volverá a subir hasta alcanzar los $ 700. Para quienes no han podido personalizar su tarjeta —muchas veces por trabas burocráticas del propio sistema—, el panorama es desolador: el tramo más corto ya cuesta $ 1.033,50 y superará los $ 1.113 el mes próximo, una cifra que directamente segrega a los sectores más vulnerables del acceso al transporte.
La medida del Ejecutivo no solo ajusta el valor base, sino que habilita a las empresas a aplicar recargos discrecionales: hasta un 25% extra para servicios expresos y un escandaloso 75% para aquellos que circulan por autopista. Además, en los recorridos de más de 27 kilómetros, la tarifa ya roza los $900, convirtiendo el traslado interurbano en un lujo difícil de costear.
Un impacto demoledor en salarios estancados
El análisis del impacto real es crudo. Un trabajador promedio que realiza dos viajes diarios en el tramo mínimo durante 22 días hábiles pasará a gastar más de $ 28.000 mensuales de forma inmediata, cifra que escalará a los $ 31.000 en marzo. Estos montos, que no contemplan combinaciones ni los recargos por autopista, representan un porcentaje cada vez más asfixiante de los salarios mínimos y jubilaciones, que no han seguido la misma velocidad que la curva de aumentos oficiales.
A pesar de que el Ejecutivo fundamenta el tarifazo en la suba del gasoil, seguros y salarios, la resolución deja en claro que la prioridad ha sido atender el reclamo de las cámaras empresarias, que exigían «más tarifa» para garantizar su rentabilidad. El Gobierno no solo les concede el aumento solicitado, sino que restaura un mecanismo de ajuste automático mensual, garantizando que el boleto sea un combustible más para la espiral inflacionaria, mientras los subsidios estatales continúan en retirada.
Aunque se mantiene el descuento de la Tarifa Social, el nuevo esquema profundiza la brecha social y castiga la movilidad en el Gran Buenos Aires, dejando abierta la puerta a futuros incrementos que, según la propia normativa, podrán aplicarse sin necesidad de nuevas instancias de debate profundo, consolidando un modelo de transporte donde el derecho a circular queda supeditado a la capacidad de pago de los usuarios.
