En Bolivia, la COB accede a un acuerdo y el gobierno responde con el estado de excepción

Bolivia y su crisis que parece interminable: cuando la solución del conflicto extremo que paraliza el país hace siete semanas parecía al alcance del camino, otra vez campea la incertidumbre, tras la decisión presidencial, sorprendente, polémica y para muchos inoportuna, de decretar el estado de excepción.

Surgen las preguntas, entonces: ¿lo ameritaba horas después de haberse avanzado concretamente en un acuerdo con una parte de los líderes de las protestas? ¿Otra vez las diferencias entre los sectores sindicales progresistas y los vinculados al exmandatario Evo Morales embarran la cancha?

En definitiva, se produce cuando ya trascurrió un lapso muy prolongado de protestas y bloqueos de rutas estratégicas por parte de sectores sindicales, indigenistas y otros, igual de opositores al gobierno. En ese período de conflicto, la represión provocó 16 muertes; 13 por falta de atención médica oportuna. Decididamente el país parecía detenido, con una economía que se derrumba, aún antes de que se desatara este conflicto. Pero en las últimas horas creció el desconcierto, justamente cuando parecía que las partes se acercaban a una solución.

Por un lado, la Central Obrera Boliviana (COB) había anunciado un principio de acuerdo con el objetivo de “pacificar” el país. Incluso se suscribió un documento que despertó la protesta de amplios sectores de las bases que lo cuestionaron e incluso amenazaron con desobedecerlo. Fue firmado en la propia sede del gobierno, en La Paz, por el mandatario nacional Rodrigo Paz y el máximo representante de la COB, el minero Mario Argollo, en un encuentro privado. Establece 90 días para cumplir los compromisos establecidos, así como mesas de diálogo y trabajo.

Claro que al mismo tiempo los sindicatos campesinos y los sectores más estrechamente vinculados al expresidente Evo Morales, en particular la poderosísima Federación Departamental de Campesinos y otras agrupaciones cercanas, entienden que las demandas siguen insatisfechas, por lo que anunciaron que persisten en su postura de realizar bloqueos de rutas en distintas regiones. Al mismo tiempo que exigen la renuncia de Paz.

Pero la respuesta institucional pone la tensión al tope y la situación al límite de una nueva ruptura: el presidente Paz tensó la cuerda al declarar el “estado de emergencia en todo el territorio nacional”. Nacido en Santiago de Compostela, España, hace 58 años, es hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora. Asumió el 8 de noviembre de 2025, hace sólo siete meses y días. Pero este sábado, bien temprano, enfrentó a la cámara de la TV oficial y dijo: “Tras agotar todas las vías de diálogo, llegar a acuerdos con aquellos cuyas demandas eran legítimas e identificar a quienes utilizaron la violencia en un intento por desestabilizar Bolivia, tomamos esta decisión”. En su discurso también aseguró: “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes”.

La incertidumbre crece, entonces, ante semejantes idas y venidas. Las próximas horas aparentan ser decisivas ante la incógnita de si Bolivia puede encontrar alguna vía que detenga la protesta, pero fundamentalmente amengüe tanto la representación como las divisiones internas que siguen  desangrando al país.