De la declaración de emergencia energética y social a la adulteración de naftas, el gobierno de derecha de Rodrigo Paz no logra superar la crisis del combustible en Bolivia, que se arrastra desde mediados del gobierno de Luis Arce, y cuyo último episodio fue la circulación de “gasolina basura”, que causó daños a miles de vehículos, generó protestas y unificó a sectores de la oposición que parecían irreconciliables.
Según confirmó, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) trabaja por estas horas en diversas investigaciones internas sobre irregularidades en la calidad de los combustibles, y no descarta la posibilidad de un “sabotaje”, según declaraciones de su presidente, Yussef Akly. “Estamos investigando si hubo sabotaje y vamos a ejercer todo el peso de la ley”, aseguró en una conferencia de prensa hace unas horas, en la que anunció que el Estado aplicará “acciones firmes” para “proteger a los dueños de vehículos” y a la corporación.
Justamente, las primeras medidas fueron dirigidas a castigar a los trabajadores: despidieron a 360 empleados como parte de un plan de “depuración”. Según Akly, las investigaciones permitieron hallar restos de caucho y manganeso en algunos tanques de combustible. Aclaró el funcionario que estos casos tuvieron lugar en zonas de Oruro, Trinidad y Montero, y que el problema no se registró a escala nacional.
El escándalo de la denominada “gasolina basura” provocó durante los últimos días diversas protestas y bloqueos de choferes de colectivos y vehículos de transporte en diversas jurisdicciones ante los daños sufridos en sus motores, exigiendo un resarcimiento a cargo de las estatales YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el ente regulador.
La última semana, el gobierno reconoció que parte del combustible distribuido en el país no había cumplido los parámetros internacionalmente establecidos. Según difundió el diario La época, el problema fue “originado por la mezcla de gasolina importada con etanol”.
Pero fiel al estilo de la derecha, el presidente Rodrigo Paz culpó del problema al gobierno que le entregó el poder hace tres meses y cuyo titular se encuentra detenido en La Paz, por una acusación de presunto desfalco del Fondo Indígena cuando se desempeñaba como ministro de Economía del gobierno del presidente Evo Morales, entre 2006 y 2017, situación que el propio Lucho Arce y su entorno denuncian como una “persecución política”.
La justificación de Paz, que el 13 de enero dictó el Decreto Supremo 5517 -que pone en juego la soberanía petrolífera con la excusa de resolver problemas como el actual-, provocó la reacción crítica no solo de la dirigencia hoy ubicada en la oposición, encabezada por el expresidente Evo Morales y el excandidato presidencial Andrónico Rodríguez, sino también del derechista líder de la alianza Unidad y también principal aliado del Gobierno, Samuel Doria Medina.
Justamente, este último, que fuera candidato presidencial derrotado en los comicios generales de 2025 y se trata de un acaudalado empresario, aseguró que YPFB es “responsable” de la venta del combustible defectuoso. “Ya está de buen tamaño ese cuento de la anterior gestión. La gente del YPFB es responsable desde que ha sido nombrada. Entonces, ya no pueden echar la culpa al anterior Gobierno. Ellos son los responsables y todos los funcionarios públicos son responsables de sus actos”, criticó, según refirió el citado medio.
A su vez, el extitular del Senado y antiguo aliado de Evo, Andrónico Rodríguez, atribuyó al gobierno la “responsabilidad de garantizar la calidad” del combustible importado. “Es absolutamente inadmisible que, después de anunciar con bombos y platillos la llegada de cisternas y asegurar que el abastecimiento de gasolina y diesel estaba garantizado, el propio Gobierno admita ahora la distribución de combustible de mala calidad, intentando culpar a gestiones anteriores”, declaró.
Tras un tiempo fuera de la agenda cotidiana, Evo Morales reapareció en redes sociales para presentar sus críticas sobre el caso. “El gobierno de Rodrigo Paz debe resarcir el terrible daño ocasionado a miles de bolivianos de todos los estamentos sociales cuyos vehículos quedaron destruidos por la gasolina mala que distribuyó mediante YPFB”, posteó el exmandatario boliviano en X y a su vez convocó a las “miles de víctimas” a iniciar un juicio civil exigiendo al Estado un resarcimiento por daños y perjuicios. «
