Ya han transcurrido casi 15 días del bombardeo sin precedentes de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Poco a poco, el mundo va conociendo las consecuencias horrorosas de estos ataques: 80 venezolanos entre civiles y militares muertos, 32 militares cubanos fallecidos que han recibido honores en su Patria, viviendas destruidas. Además, entre los objetivos de destrucción del ataque imperialista, se encuentra el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
Este instituto científico creado en 1955, se ubica en Altos de Pipe, en las afueras de Caracas, y está compuesto por distintos centros de investigación de diversas disciplinas del conocimiento. Allí se produce ciencia de muy alta calidad, trabajan y se forman investigadores -muchos opositores a la revolución-, que vienen sufriendo y sorteando las consecuencias del bloqueo para conseguir insumos y materiales de producción.
Pero este 3 de enero, en el IVIC impactaron dos misiles, que destruyeron infraestructura clave, entre ella, las antenas del Centro de Estudios de Matemática y los generadores eléctricos. Para quienes producimos conocimiento científico en Sudamérica es difícil imaginar el impacto de bombas sobre nuestros laboratorios, aulas y oficinas; solo pensarlo produce un escalofrío inmenso y desasosiego ante la posibilidad -ahora cierta- de que la profunda decadencia del imperialismo norteamericano bombardee nuestros lugares de trabajo, nuestros insumos, nuestra producción.
Los bombardeos a Venezuela tienen múltiples sentidos, además de los más inmediatos y explícitos que Trump, sin pudor, mencionó directamente: destruir la Revolución Bolivariana y apropiarse del petróleo venezolano. Los otros múltiples mensajes incluyen objetivos de disciplinamiento social a través del terror y del trauma social, junto con evidenciar y ostentar el poderío militar estadounidense. Asimismo, pretenden dar una señal muy concreta respecto de la autonomía, la autodeterminación y la soberanía científico-tecnológica.
La vocación imperialista de poner en jaque nuestro desarrollo científico también se siente en nuestro país, en dos años de gobierno libertario. Un bombardeo de políticas destructivas. Primero, intentaron desprestigiarnos y despidieron trabajadores. Produjeron un estropicio institucional, cerrando áreas, abriendo nuevas y modificando funciones, en el afán por configurar una nueva estructura estatal, no más pequeña, sino más orientada a negocios. Además, redujeron estrepitosamente los salarios, empujándonos a pluriemplearnos, renunciar, trabajar de otra cosa o irnos del país. Ajustaron de forma casi absoluta el financiamiento para producir ciencia y tecnología y pusieron a la venta el patrimonio público, -como en el caso de los edificios o campos del INTA y la búsqueda de privatización de las Centrales Nucleares y de la minería de uranio-. Y se proponen avanzar con el plan SACAU para las Universidades Públicas, que destruye derechos laborales, achica carreras de grado y mercantiliza la universidad.
Para el poder imperial, la dependencia y subordinación se ejerce en todos los terrenos, pero sobre todo en impedir la capacidad soberana del pueblo de decidir qué, cuánto y cómo producir. Para eso existen nuestros sistemas científicos, para mejorar la vida, romper la dependencia tecnológica y construir ciencia para la igualdad, la justicia y la paz.
Estos ataques son una bisagra, pues ponen en cuestión los parámetros éticos de concepción de la humanidad. A los y las trabajadoras del sector de ciencia de América Latina y el Caribe hoy nos toca la tarea de defender y fortalecer nuestras capacidades científicas, recuperando el histórico sentido antimperialista y asumiendo un rol activo solidario con la Revolución Bolivariana.
