El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que apelará a nuevas colocaciones de bonos en dólares entre los residentes en el país para cubrir los compromisos de deuda en moneda extranjera que quedan por afrontar durante el resto del mandato de Javier Milei.
Se tratará de la ampliación de los ya existentes bonos AO27 y AO28, con vencimiento el año que viene y el subsiguiente, más un nuevo bono AO29 a tres años de plazo.
Estos bonos, a suscribir en dólares y bajo legislación local, son la respuesta oficial a las dificultades para acceder a los mercados internacionales, atendiendo a la alta tasa que exigen los inversores para comprar títulos argentinos. El riesgo país descendió considerablemente en los últimos dos meses, pero no logra bajar de los 400 puntos básicos, lo que significa que el gobierno debería aceptar una tasa cercana al 8% anual para colocar bonos en otros mercados. Por eso, se apuesta a conseguir financiamiento más barato en el ámbito local, donde las restricciones cambiarias hacen que muchas empresas no puedan sacar sus dólares hacia sus casas matrices.
Caputo dice que llueve…
Lejos de presentarlo como un fracaso, Caputo hizo de esa debilidad una fortaleza. “Salir a los mercados es una opción, no un objetivo. La tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia”, sostuvo.
La emisión de bonos es una de las especialidades del ministro. Lo hizo cuando se encargó de la cartera de Finanzas durante la presidencia de Mauricio Macri, para cubrir el déficit fiscal que el exmandatario no lograba controlar; hasta llegó a sacar el bono Centenario, que pagaba intereses del 7% anual por un siglo, hasta 2117. Usó la misma receta apenas iniciada su actual gestión, entregando títulos a proveedores de energía para que no dejaran de suministrar electricidad. Una solución similar implementó su socio, Santiago Bausili, a la sazón titular del Banco Central, para que los importadores cancelaran sus deudas con proveedores del exterior (los famosos Bopreales).
El anuncio fue formulado en coincidencia con el pago a los tenedores de Globales y Bonares en moneda extranjera. La amortización y pago de intereses semestral, previsto para el jueves 9, insumirá unos U$S 4.400 millones, tal como lo informó Tiempo en su edición impresa del domingo 5.
En una conferencia de prensa, Caputo (acompañado por su viceministro José Luis Daza y por el secretario de Finanzas, Federico Furiase) explicó la estrategia para afrontar pagos por U$S 19.200 millones en lo que queda del año (incluyendo los de esta semana) y U$S 24.900 millones para 2027.
De ese total, se planea conseguir U$S 11.000 millones a través de los bonos en dólares en el mercado local; U$S 3.600 millones del Fondo Monetario Internacional; U$S 7.000 millones de otros organismos internacionales; U$S 4.000 millones de otros préstamos a concertar, con garantías ya otorgadas por el Banco Mundial; y U$S 2.600 millones con la refinanciación de pasivos de otros organismos estatales.
Bonos para cancelar bonos
En términos prácticos, los nuevos bonos y préstamos de organismos internacionales servirán para cancelar viejos bonos y préstamos de organismos internacionales. Detrás del juego de palabras asoma la continuidad de un mecanismo de endeudamiento que parece beneficiar mucho más a los acreedores que a los argentinos.
También se planea lograr un superávit fiscal que permita comprar divisas al Banco Central por U$S 11.600 millones. Según Economía, “la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada; los intereses se pagan con superávit fiscal”.
Uno de los renglones que ayudan a completar los recursos en dólares comprende al rubro privatizaciones, por el cual se esperan ingresos en dólares por U$S 2.300 millones para el período 2026-27. Por ahora el único proceso que dejó resultados financieros al gobierno fue la concesión de las represas hidroeléctricas, que a comienzos de año redituó poco más de U$S 700 millones. Algunos de los más ambiciosos, como la venta de AySA y el desguace y venta por separado del ferrocarril Belgrano Cargas, vienen a paso muy lento y sin fecha de concreción.
Tampoco está claro si es conveniente la enajenación de empresas que podrían ser importantes en el desarrollo del país para afrontar pagos a bonistas. Ese debate, sin embargo, no está en la agenda del gobierno nacional.
