Un despliegue de más de 1500 efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpió durante la madrugada del jueves en 15 barrios populares porteños. En el marco del megaoperativo policial «Tormenta Negra», la gestión de Jorge Macri justificó la intervención como una ofensiva contra el narcotráfico y para el ordenamiento del espacio público.
Sin embargo, en el territorio, organizaciones sociales y medios comunitarios denunciaron una realidad distinta. Según afirmaron, el despliegue estuvo marcado por hechos de violencia institucional, disparos con armas de fuego y un marcado sesgo racista. Asimismo, señalaron que el operativo afectó de manera directa las herramientas de trabajo y el sustento de los sectores más vulnerables.
Mientras el Ministerio de Seguridad porteño afirmaba que «los únicos que tienen que tener miedo son los delincuentes», la tensión real se focalizó en el sector Cristo Obrero del Barrio Padre Carlos Múgica (Villa 31). Allí, según registros fílmicos obtenidos por los propios trabajadores informales, no hubo una participación generalizada de los vecinos, sino una resistencia directa de los cartoneros frente a los efectivos de la Policía de la Ciudad para evitar la incautación de sus herramientas de transporte.
De acuerdo con el testimonio de la referenta de las 80 familias acorraladas, el despliegue no alcanzó a las cúpulas del narcotráfico, sino que derivó en hechos de violencia institucional contra los trabajadores y sus dos hijas de 14 años, en simultáneo con la cobertura televisiva que acompañaba la recorrida del jefe de Gobierno por el barrio.
«Estaban grabando la situación con el celular y las fueron a revisar. Había muchos masculinos, policías de la Federal y de la Ciudad. Les levantaron la ropa. Yo les gritaba que eran menores, pero no les importó nada, me tiraron contra el piso», relató Lorena Gómez, madre de las adolescentes, referenta de los recolectores y vecina con 40 años de arraigo en el barrio.
El procedimiento contra las adolescentes se desencadenó luego de que filmaran con sus dispositivos móviles a más de 30 efectivos que acorralaban a los 80 trabajadores informales contra una pared. Según denunció la propia referente, este tipo de requisas y agresiones físicas se repiten sistemáticamente cada noche desde hace dos meses.
La escena en Retiro se replicó como un calco violento en la Villa 21-24 (Barracas), donde la cacería policial apuntó contra quienes regresaban a sus casas. Alan Gómez, periodista, cineasta y director de la productora Berretines Audiovisuales, difundió en sus redes sociales los videos grabados por los vecinos para exponer la represión y conserva la fotografía de un cartucho de escopeta detonado en los pasillos.
«Yo publiqué un video donde un policía le tira un escopetazo a un ambulante que venía de laburar con la moto, y lo hace cerca de los nenes», denunció Alan, para quien el uso del celular y la cámara se han convertido, frente a estos hechos, en su mejor aliado.
Ante el apagón y la distorsión de los medios hegemónicos, la organización barrial se refugia en la producción propia. «Creemos que es súper importante que la comunicación se haga desde adentro», planteó Alan. En medio de esa urgencia territorial, el medio comunitario Mundo Villa desplegó una transmisión de streaming de emergencia hace unas semanas, logrando registrar desde la intimidad de los pasillos la triste realidad que las pantallas oficiales decidieron omitir: la clausura masiva de pequeños comercios locales y los crudos episodios de violencia institucional ejercidos contra los vecinos.
El mito del «búnker» y el periodismo de espaldas
La excusa oficial de descabezar las redes del narcotráfico se desarma rápidamente al cruzar la avenida Iriarte o pisar el Bajo Flores. Como advierte Alan desde la Villa 21-24: «No se reventó ningún búnker narco. Si uno se quiere comprar una bolsa, va y lo hace, ellos siguen ahí. Estos vinieron por el ambulante, por el más pobre».
Tatiana Quispe, integrante de la Red de Docentes del Bajo Flores, comunicadora de Telesisa y referente territorial, comparte esa misma lectura: «Los verdaderos jefes están en sus mansiones, de corbata y traje, comiendo bien. Anoche no vinieron a limpiar el espacio público; vinieron a tirarle la comida a la doñita que se levanta a las cinco de la mañana para salir a vender».
Este hostigamiento territorial encontró una rápida validación en las pantallas de los grandes medios de comunicación. Frente a las coberturas periodísticas que celebraban el decomiso de «garrafas ilegales» en los puestos de comida callejeros, Quispe respondió desnudando una violencia estructural histórica: «En la villa usamos garrafa porque no tenemos las instalaciones de gas natural que venimos pidiendo hace años. ¿Qué quieren, que volvamos a cocinar a leña?».
Un retroceso de 30 años y la matriz xenófoba
El peso ideológico del operativo también se esconde en su nombre y en su despliegue táctico. Para Joaquín Ramos, director del medio comunitario Mundo Villa, el título elegido por el Ministerio de Seguridad porteño es una declaración de principios: «El nombre ‘Tormenta Negra’ es profundamente racista y busca estigmatizar. Se vuelve a esa época de hace 30 años donde se creía que en las villas no se podía entrar; el Gobierno criminaliza a todo vecino como si fuese de la peor calaña».
Esa criminalización asfixia la cotidianidad de unos barrios donde las fuerzas de seguridad ya operaban allanando comedores populares desde hace meses. Para Abraham, productor de la radio La Voz del Bajo Flores, la espectacularidad de la represión busca capitalizar políticamente el descontento frente a la crisis económica nacional, construyendo un enemigo interno y fomentando una fractura social: «Están oponiendo al trabajador precarizado formal contra el que la vive con más dificultades, como el que tiene su tallercito de costura en la villa».
De acuerdo con su lectura, el trasfondo de este despliegue responde directamente a una estrategia de supervivencia electoral frente al oficialismo central: «Como el Gobierno nacional se está desbaratando por el ajuste, el macrismo genera un contexto para decirle a sus votantes: ‘Nosotros hemos cumplido lo que Milei no cumplió'».
Alan Gómez coincide con ese termómetro electoral y estira la hipótesis hacia la interna de la coalición gobernante. Según el realizador, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ingresó en una disputa simbólica con la ex ministra de Seguridad de la Nación: «Está jugando a ver quién es el más malo, si él o Patricia Bullrich, y utiliza a los pobres en el medio».
El manifiesto villero frente a la tormenta represiva
Al amanecer, la respuesta territorial se expresó en un documento de «Alerta Máxima» firmado por las organizaciones que sostienen el día a día en los barrios. En el texto, las entidades repudiaron lo que definieron como un «show represivo» y denunciaron que el Gobierno porteño utiliza pretextos —como la fiscalización de infractores de tránsito, la venta ambulante o los controles migratorios— para encubrir la criminalización y asfixiar la economía popular.
Bajo la consigna de cierre «Pará Macri», el documento logró unificar a un arco transversal de resistencia territorial. El pronunciamiento lleva las firmas de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores; asambleas como Ni Una Menos y la Red de Redes Feministas Villeras; espacios de derechos como la Mesa Federal de Articulación de Niñez y Adolescencia; y medios comunitarios como Radio Comunitaria Siete Eskinas.
Frente a un operativo que, según aseguraron, solo buscó «cosechar terror y violencia», las redes territoriales hicieron un llamado urgente a organizarse y «responder como un solo puño». Al mismo tiempo, exigieron la intervención inmediata del Comité contra la Tortura, la Defensoría del Pueblo y los organismos de derechos humanos para desarmar lo que calificaron como una campaña mediática estigmatizante y garantizar que este tipo de despliegues no se repitan.
La «Tormenta Negra» dejó infancias violentadas, disparos de escopeta y un intento de disciplinamiento social. Sin embargo, la resistencia comunitaria promete no retroceder. Como advirtió Lorena desde Cristo Obrero, abrazada a su carro: «Tormenta negra se le va a venir a él, porque nosotros somos igual que cualquier ciudadano. Tenemos dos manos, dos piernas y no por ser de un barrio popular vamos a ser distintos».
Los legisladores y legisladoras de Fuerza Por Buenos Aires emitieron un comunicado donde dijeron que entablarán encuentros con las comunidades de los diferentes barrios populares: «Conocemos su realidad. Miles de vecinos y vecinas trabajan, estudian y se esfuerzan cotidianamente en condiciones de abandono que el Estado no termina de revertir. Precisamente por eso, garantizar su seguridad es una obligación que exige seriedad, eficiencia y respeto: no un espectáculo mediático. Es necesario ser precisos respecto de lo que ocurrió ayer por la noche con el denominado «Operativo Tormenta Negra»».
Sostienen que lo que hubo fue, ante todo, «una operación de prensa, en horario central, donde se transformó a los barrios populares en un escenario propagandístico. En términos de seguridad, el operativo fue un rotundo fracaso. Se desplegaron más de 1500 efectivos de la Policía de la Ciudad en 15 barrios populares, una cantidad innumerable de patrulleros y vehículos policiales, y hasta un helicóptero sobrevolando determinadas zonas. Un gasto desproporcionado y sin ningún objetivo. Todo ello para detener a 27 personas, en muchos casos al azar. Un despliegue absolutamente inconsistente con cualquier objetivo de política criminal serio».
Durante el operativo, no se cerró ningún búnker: el mismo ministro reconoció en los medios que los allanamientos sucedieron días atrás, por órdenes judiciales. Las imágenes y filmaciones que se difundieron como parte del operativo correspondían, en su mayor parte, a procedimientos anteriores. «Una vez más, Jorge Macri se apropió del trabajo ajeno; en este caso, del Poder Judicial, que fue quien llevó adelante los allanamientos. Por si esto fuera poco, el operativo fue anunciado de antemano. Eso solo basta para entender que el objetivo no era encontrar nada ni desmantelar las grandes estructuras criminales que existen. Y lo más grave es que, para montar esa escena, se tiró al piso a mujeres y niños, se hostigó a vecinos que volvían de trabajar y se sembró el miedo en los trabajadores de los barrios populares. Los que representan un peligro real no estaban ahí», completan.
Y concluyen: «Desde nuestro bloque legislativo entendemos que la seguridad es un problema real y la prevención del delito es necesaria, pero para ello es necesario un abordaje serio, integral y coordinado. La conclusión de un operativo millonario para “combatir el narcotráfico” no puede tener como resultado la clausura de una carnicería o una rotisería, como sucedió en el barrio Fátima. A la vez, ese costo excesivo del operativo simultáneo en distintos barrios, contrasta con el abandono del Gobierno Porteño de estos sectores de la Ciudad. Mientras que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) se encuentra completamente desfinanciado y con el presupuesto más bajo de la última decada, el Jefe de Gobierno decide ponerse una campera de la Policía de la Ciudad y hacer sobrevolar un helicóptero sin sentido aparente: un show carísimo de propaganda política».
📝 Comunicado sobre el Operativo «Tormenta Negra» pic.twitter.com/PFT1Dj2WEY
— Legisladores Fuerza por Buenos Aires (@diputados_caba) May 15, 2026
