La captura del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en Argentina por parte del Mossad, la agencia de inteligencia israelí, en mayo de 1960, pasó a la historia como un evento «heroico» que se reflejó hasta el cansancio en artículos, películas y libros a lo largo de los años. La hazaña despertó un revuelo internacional, en plena Guerra Fría, y el entonces presidente Arturo Frondizi llegó a acusar a Israel de violación de la soberanía. Sin embargo, esta historia oficial tiene hasta hoy varios elementos aún ocultos: documentos vinculados con esta operación permanecen secretos o extraviados.
Luego de haber sido uno de los principales organizadores de la “Solución Final” durante la Segunda Guerra Mundial, Eichmann logró huir a la Argentina en 1950, con la ayuda de funcionarios y miembros de la Iglesia Católica y una identificación falsa bajo el nombre de Ricardo Klement. Vivió un tiempo en Tucumán y luego en San Fernando, provincia de Buenos Aires. La versión oficial asegura que en mayo de 1960 agentes del Mossad lo capturaron ilegalmente y lo trasladaron a Israel. En Jerusalén fue sometido a juicio y hallado culpable, con una sentencia: la horca. Murió el 1 de junio de 1962 en la prisión de Ramla.
La periodista alemana residente en Argentina, Gaby Weber, lleva diez años de litigio contra el Estado argentino para acceder a información crucial sobre la presunta detención o captura de Eichmann en Argentina. En marzo de 2025, finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema y le dio la razón: la Cancillería Argentina debe entregar los documentos que requirió. Sin embargo, desde el organismo sostienen que los archivos solicitados no fueron hallados: se extraviaron o fueron robados.
Eichmann, Israel y Frondizi
Desde hace casi cinco décadas, Weber se dedica al periodismo de investigación. Es querellante en diversos juicios por la desclasificación de archivos tanto en Argentina, como en Estados Unidos y Alemania. Publicó varios libros, como Los expedientes Eichmann y produjo documentales. Comenzó a interesarse en el criminal de guerra nazi a partir de su investigación sobre Mercedes Benz Argentina. Primero indagó en el lavado de dinero nazi en la década de 1950 a través de la empresa y luego, la desaparición de obreros y la apropiación de bebés vinculados a la automotriz, durante la última dictadura cívico-militar. Eichmann fue uno de sus empleados.
A partir de una serie de documentos a los que accedió, la periodista pone en tela de juicio la versión oficial de la captura de Eichmann de parte del Mossad, la famosa “Operación Garibaldi” –así se llamaba la calle de la casa en la que vivía–, que recibió en su momento la atención de los medios de todo el mundo. En cambio, Weber investiga el posible involucramiento de oficiales del gobierno de Frondizi en la detención del criminal nazi y un acuerdo entre Israel y Argentina.
“Toda la versión oficial está basada en unos dichos de agentes del Mossad. Son fantasía. El Archivo del Mossad hasta hoy día sigue cerrado. En 1960 el Estado de Israel tenía 12 años, era incapaz de poder hacer algo así. Usan este momento heroico para justificar la violación de la ley internacional, de secuestrar personas, por un fin ‘bueno’”, compartió Weber a Tiempo.
En ese momento, mayo de 1960, tenía lugar la fallida Cumbre de París entre Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética por el desarme nuclear y la posible reunificación de Alemania. El fracaso de un acuerdo que podría haber sido histórico fue pronto eclipsado tras la captura de Eichmann.
En su investigación, Weber halló hojas testigo en el Archivo Histórico de la Cancillería Argentina que hacen referencia a cables inventariados a los que se calificó como “reservados” o “cifrados” que no se encuentran en el archivo público, sino en otro lugar. A través de ellos se entablaron presuntamente comunicaciones entre la Cancillería Argentina y la representación en Tel Aviv, entre la segunda mitad de mayo y el mes de junio de 1960.
El juez federal Santiago Carillo reconoció la importancia de la demanda de Weber contra el Estado para acceder a los documentos y falló en 2020 a favor de su pedido. Sostuvo que su Tribunal comparte el interés de la periodista “por el esclarecimiento de la verdad histórica (…) tanto más cuando se trata de acontecimientos (…) de incomparable trascendencia para la historia universal contemporánea”. Declaró ilegítima la conducta de la Cancillería de negarse a brindar algunos de los expedientes pedidos por Weber sin una suficiente fundamentación, y ordenó la entrega de la copia certificada de la documentación. El caso llegó hasta la Corte Suprema que avaló esa decisión.
En paralelo, y ante la respuesta negativa de la Cancillería, Weber inició una causa penal para investigar el posible robo o supresión de documentos. Luego de la declaración de una serie de testigos que no pudieron dar con el lugar donde se encontrarían los documentos, el juez Sebastián Ramos decidió el archivo de la causa, lo que fue confirmado por la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal. La periodista impugnó esta resolución.
El pasado martes 31 de marzo tuvo lugar una audiencia pública en la que Weber y su abogado, Marcos Filardi, expusieron ante los jueces de Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal las razones por las que consideran que debe abrirse nuevamente la causa. Entre ellas, destacaron que aún existen pruebas pendientes de producción y testigos que pidieron que sean llamados a declarar y aún no fueron convocados, y figuras que deberían dar testimonio como el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, cargo que actualmente desempeña Pablo Quirno. “Si admitimos como sociedad que una autoridad pública pueda negarse a entregar la información que obra en su poder alegando impunemente que no la encuentra es el fin del acceso a la información pública, pilar fundamental del escrutinio democrático de la actuación del Estado en todos sus niveles”, sostuvo en diálogo con Tiempo el abogado Filardi.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto buscó en todo momento impedir el acceso de Gaby Weber a los cables diplomáticos, negando primero su existencia y alegando luego que no podía entregarlos. Una vez iniciada la causa penal, obstaculizaron y dilataron todo lo posible su avance. En pocas palabras, buscó por todos los medios a su alcance blindar al Estado del acceso a tan valiosa información”, agregó.
En esta línea, el fiscal Mario Alberto Villar consideró que debe hacerse lugar al recurso que interpuso la periodista y que, por lo tanto, se reabra la causa. Al cierre de esta nota aún está pendiente la respuesta de los magistrados.
El Observatorio de Derecho Informático de Argentina (ODIA) acompañó a la periodista en la audiencia pública.
Weber completó: “La Ley de Acceso a la Información Pública argentina es muy buena. Pero hay una falta de voluntad de los gobiernos en cumplirla. Para que exista un buen periodismo es necesario que la información sea pública y accesible”. «
La desclasificación de los archivos nazis
El decreto 232 de febrero de 1992, firmado por el entonces presidente Carlos Menem, dejó “sin efecto toda reserva por ‘razones de Estado’ de documentación relacionada con criminales nazis”. La Comisión para el Esclarecimiento de las Actividades del Nazismo en la República Argentina, creada cinco años después, anunció que los criminales del Tercer Reich refugiados en el país fueron 180, una cifra luego desestimada por el Centro Simon Wiesenthal por considerarla demasiado baja.
En abril del año pasado,
el Archivo General de la Nación (AGN) puso a disposición de la ciudadanía estos documentos desclasificados en su sitio web, que hasta el momento solo se podían consultar en una sala del AGN.
Se trata de 1850 documentos reunidos en siete expedientes sobre actividades nazis en Argentina. Además, el AGN publicó online los decretos presidenciales, secretos y reservados, producidos entre 1957 y 2005.
Cuando el gobierno nacional difundió esta noticia el año pasado, la periodista Gaby Weber le envió una carta en mayo al presidente Javier Milei. “Por pedido del presente correo solicitamos respetuosamente a usted ordenar que el Ministerio de Relaciones Exteriores ponga a nuestra disposición los documentos relativos al oficial de las S.S. (Schutzstaffel) Adolf Eichmann”, dice el primer párrafo de la carta.
“Nunca la contestaron, ni él ni sus funcionarios. Todo lo que se desclasificó es información que ya se sabe. No hay nada nuevo importante”, compartió Weber en diálogo con Tiempo.
Un rol clave en el exterminio
Adolf Eichmann, nacido en 1906 en Alemania, vivió buena parte de su juventud en Linz, Austria, donde se afilió al Partido Nacional Socialista Austríaco y a las Schutzstaffel (SS). Cuando alcanzó el rango de sargento de las SS, se unió a la Oficina Principal del Servicio de Seguridad.
Desde allí vigiló las actividades sionistas e impulsó la emigración de judíos.
Fue encargado de la oficina central de emigración judía en Viena, cuyo modelo impulsó la apertura de la Oficina Central del Reich para la Emigración Judía, que también estuvo a su cargo desde octubre de 1939. Cuando en septiembre de ese año se creó la Oficina Central de Seguridad del Reich (RSHA), Eichmann fue trasladado a la Gestapo y jugó un papel central en la deportación de más de 1,5 millones de judíos de países europeos ocupados por Alemania a los campos y sitios de exterminio. Allí participó en la planificación de la aniquilación de millones de judíos, la llamada “Solución final”, como teniente coronel de las SS. Una década más tarde llegaría a la Argentina.
El juicio internacional
El juicio contra Adolf Eichmann en Israel despertó el interés internacional, con noticias en todo el mundo. Los jueces Moshe Landau, Benjamín Halevy y Yitzhak Raveh lo hallaron culpable de crímenes contra el pueblo judío y la humanidad. El procurador general de Israel, Gideon Hausner, lo había acusado por 15 cargos. El libro de la filósofa e historiadora Hannah Arendt Eichmann en Jerusalén (1963) analizó la conducta del condenado a pena de muerte durante el proceso judicial.
