La exclusión de las medidas fiscales contempladas en el proyecto de ley ómnibus de reforma económica, privatización y delegación de facultades que analiza el Congreso significará para el Ejecutivo una pérdida aproximada de 1,8% del PBI, de acuerdo a los cálculos preliminares del Ministerio de Economía.
Esos cinco billones de pesos (a valores actuales) son los que dejará de percibir el gobierno nacional por dar de baja los mayores ingresos previstos en materia de retenciones, ingresos personales (exganancias), bienes personales y las iniciativas de blanqueo de capitales y moratoria impositiva. También se incluye en esa suma el dinero que dejará de ahorrar por la proyectada derogación de la fórmula de movilidad automática de los haberes previsionales.
El número es significativo, sobre todo teniendo en cuenta que el ministro Luis Caputo había trazado una hoja de ruta con medidas bien concretas para eliminar un déficit fiscal estimado en alrededor de cinco puntos del Producto Bruto. Es decir que la marcha atrás con esas reformas implica más de un tercio de esa cifra.
A grandes rasgos, la extensión de los derechos de exportación a todos los productos que hasta ahora no estaban alcanzados por ese tributo significaba 0,5% del PBI. Otro tanto pensaba recaudar el gobierno por la implementación de la moratoria (que iba a abarcar todas las obligaciones pendientes en materia tributaria, aduanera y de seguridad social), el blanqueo de capitales y el adelanto de bienes personales.
A ello se iban a agregar 0,4% por la reversión de la quita de ganancias, que ahora se pensaba reconvertir en un denominado impuesto a los ingresos personales, y una cifra similar que deberá seguir abonando por mantener la fórmula de ajuste trimestral a las jubilaciones y pensiones, que en el proyecto enviado al Congreso iba a ser derogada.
Qué entra, qué sale
De todas maneras, el alcance preliminar de esas medidas está por verse. En su conferencia de prensa del viernes, Caputo intentó minimizar el revés político que estas medidas significaban para el gobierno y habló de consensos y disensos con los gobernadores y diputados de la oposición. Pero trastabilló a la hora de dar precisiones técnicas.
En efecto, el ministro habló de que el gobierno retiraría el “capítulo fiscal” del proyecto. Pero en ese capítulo, el número 5, no está incluida la derogación de la movilidad jubilatoria, que Caputo mencionó expresamente (está en el capítulo 3). En ese centenar de artículos, del 113 al 213 en la versión original, también entran los cambios en impuestos internos y la derogación al impuesto a la transferencia de inmuebles, sobre el que no se dieron precisiones sobre su continuidad.
También hubo una gaffe del ministro a la hora de enumerar las medidas que el gobierno retiraría del proyecto: dijo que serían cinco pero enumeró seis, ya que incluyó la reinstalación de ganancias que fue mandada al Congreso recién esta semana. De esa confusión se desprende que este proyecto también caería. El cúmulo de desprolijidades es el fiel correlato de un dictamen legislativo de mayoría que recibió numerosas modificaciones y que, se sospecha, muchos diputados firmaron en blanco para que después se agregaran correcciones.
Mensaje a las provincias
Por encima de los detalles, por estas horas la gran preocupación del equipo económico es cómo reemplazar los recursos faltantes. En línea con su polémico tuit en el que anticipó que recortaría partidas a los gobernadores que no accedieran a acompañar el proyecto (sostuvo que “no es una amenaza” aunque se lo interpretó en ese sentido), Caputo insistió en que “reemplazar ese ingreso implica un mayor ajuste para todos: para la política, la Nación y las provincias”.
En la cuenta tampoco está incluido un componente clave: el impacto en la recaudación de impuestos que puede generar la caída de la actividad económica. En el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central, las consultoras y bancos participantes vaticinaron que la caída del producto este año será de 2,6%. Por fuerza, esto afectará la recaudación en unas cuantas décimas del PBI.
Así y todo, en el Palacio de Hacienda no bajan sus banderas. “Vamos a déficit financiero cero igual”, afirmó ayer el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anticipando que no sólo se cumplirá el objetivo de que no haya rojo primario sino que tampoco habrá gastos por intereses de la deuda.
Una alternativa para lograr esa meta es que el gobierno revise una serie de exenciones impositivas a diversos sectores y regiones, que suman 2,3% del PBI. Son las mismas que en su momento el exministro Sergio Massa había pedido al Congreso que analizara para su eventual derogación. Massa enfrentó en el balotaje a Javier Milei: ¿accedería el presidente a utilizar las recetas de su encarnizado rival para solucionar sus urgencias fiscales? «
Superávit, déficit cero y el FMI
La oficina del presidente emitió un comunicado en el que afirmó que «habrá que avanzar en el ajuste sobre la política tal como se están ajustando los argentinos, debido a que el compromiso del gobierno con el déficit cero es inquebrantable». Sin embargo, lo que dijeron las autoridades al Fondo Monetario Internacional fue bastante más allá: el staff técnico del organismo que visitó la Argentina se fue con la promesa de que este año habrá un superávit primario de 2 por ciento del PBI. Entre uno y otro objetivo hay una diferencia de casi seis billones de pesos.
El número es relevante porque el directorio del Fondo se reunirá este miércoles en Washington para decidir si aprueba las dispensas formales a la Argentina por los incumplimientos de 2023 y le da continuidad al acuerdo de facilidades extendidas. Si así lo hace, girará de inmediato U$S 4700 millones que el gobierno deberá utilizar para pagar cuotas adeudadas a ese organismo y saldar un préstamo puente con la CAF. Ese día se sabrá si la nueva promesa de déficit cero es suficiente para el FMI.
