En la fiscalía sostienen que antes de que termine julio estará el informe sobre los gastos del exministro y que entonces se pedirán explicaciones. Las restricciones para viajar.
El representante del Ministerio Público había pedido que Adorni informe al Juzgado cualquier intención de salida del país con el fin de evaluar su pertinencia y razonabilidad, previo pronunciamiento del fiscal. Según reveló Página 12 y confirmó Tiempo, el juez de la causa dispuso hacer lugar a la solicitud.
No se trata estrictamente de una prohibición de salida del país, pero sí de una limitación a su libertad de viajar. De ahora en más deberá tener autorización de la Justicia para hacerlo. “Notifíquese a la defensa de lo dispuesto y hágase saber que deberá informar con antelación los viajes al exterior de su defendido”, resolvió Lijo.
La restricción llegó después de una semana en la que hubo versiones de periodistas allegados al gobierno que decían que Adorni evaluaba irse a vivir a Uruguay. El jueves, el defensor de Adorni, Matías Ledesma, presentó un escrito para despejar dudas. Dijo que el exfuncionario está en el país “sin intenciones de salir del mismo en el futuro cercano” y que en caso de que decida hacerlo “será puesto en su conocimiento con la debida antelación”.
En los últimos días hubo dos pedidos de los denunciantes Gregorio Dalbón y Marcela Pagano para que se le impongan restricciones y hasta se dicte su prisión preventiva. Sobre esto último, el fiscal opinó que no correspondía ya que el exvocero posee “arraigo suficiente” en el país: tiene bienes, domicilio y lugar de residencia habitual donde se asienta su familia, considerados “elementos que neutralizan las circunstancias” alegadas por los solicitantes, es decir, las posibilidades de que vaya a irse de Argentina.
A eso se le suma, según el fiscal, “el comportamiento demostrado por Adorni durante el proceso (…) sin oponer reparos innecesarios o dilaciones que afecten el trámite de la causa”.
Para Pollicita, los mensajes de voz que le mandó Adorni al contratista Matías Tabar, a cargo de la remodelación de su casa de Indio Cua, no constituyeron un entorpecimiento de la investigación.
Vale recordar que en una serie de audios que publicaron los periodistas Nicolás Wiñazki y Romina Manguel se escuchaba cómo el exfuncionario le ofreció ayuda al testigo días antes de su declaración. “Te voy a dar todo el soporte, como hice con todos”, le dijo vía WhatsApp.
“De los propios dichos vertidos por el testigo no se advierte que haya existido una modificación de elementos de prueba o que el investigado haya influido en la declaración del testigo”, sentenció el fiscal en un pronunciamiento al que accedió este medio, donde dejó en claro que lo mismo aplica para el resto de los testigos.
Por estos días, el fiscal espera que la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) remita un informe con detalles sobre los movimientos financieros y patrimoniales de Adorni, que usará para requerirle una justificación patrimonial. Fuentes judiciales dijeron a Tiempo que espera que esté listo antes de la feria judicial que arranca el 20 de julio y que, durante el receso, el expediente estará activo para avanzar en el pedido de explicaciones. Cuando el exjefe de Gabinete responda, Comodoro Py pasará a analizar si corresponde llamarlo a indagatoria.
Durante la semana desfilaron por los tribunales de Retiro tres testigos que confirmaron lo que parece haber sido un patrón de conducta: el ex funcionario habría usado tarjetas de crédito de subalternos para hacer compras personales millonarias y esquivar controles.
El lunes se presentó Laura Schiuma, quien declaró que Adorni directamente le pidió su tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer de $ 2,1 millones. El miércoles lo hizo Gisella Kocsis, cuyo nombre había aparecido en una factura del local Rosen The Store por $8,1 millones en ropa de cama y blanquería para Adorni. Ante los investigadores, la mujer confirmó la compra y aportó un detalle clave: dijo que la mujer del ex funcionario, Bettina Angeletti, se acercó al local y pagó la compra en efectivo. También dijo que prestó su tarjeta para otras compras: $ 400 mil en almohadas y $ 3,1 millones en electrodomésticos.
El tercero fue Luis Alujú, que dijo ser amigo de toda la vida de Adorni. Aportó que puso su tarjeta de crédito para que el exfuncionario compre un proyector de casi $ 4 millones.
Pese a la elocuencia de esas declaraciones, fuentes judiciales explicaron a este medio que por el momento no se piensa en una ampliación de la imputación a, por ejemplo, la figura de abuso de autoridad. Se trata, dijeron, de conductas éticamente reprochables pero que no reúnen de momento los requisitos establecidos por el Código Penal.
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