Cada vez que el Estado interviene, dice, va contra la vida, la libertad y la propiedad y eso va a terminar mal.
A eso lo llamó «la moral como política de Estado».
El discurso ancla todo su sistema en el derecho natural. La tríada que organiza su universo moral es clásicamente lockeana: vida, libertad y propiedad. Cada vez que el Estado interviene, dice, va contra la vida, la libertad y la propiedad y eso va a terminar mal.
El problema no es invocar el derecho natural, sino amputar deliberadamente su desarrollo histórico. Desde la posguerra, el derecho internacional amplió esa tradición para incorporar también el derecho al trabajo, a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a la salud, todos con jerarquía constitucional en Argentina desde 1994.
Se practica entonces una forma de fundamentalismo selectivo: toma del derecho natural lo que le sirve —la propiedad, el contrato, la no coacción— y descarta lo que lo obliga. Pero la naturaleza no se divide a conveniencia. Si el derecho a la propiedad es natural e inalienable, también lo es el derecho a no morir de hambre.
El discurso de Madrid está construido sobre una premisa implícita que nunca se enuncia pero que lo sostiene todo: los sujetos del mercado son iguales en su punto de partida. El mérito premia al que trabaja, el fracaso castiga al que no.
Esta premisa es indefendible. El artículo 8 de la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO establece el principio de respeto a la vulnerabilidad humana como obligación de toda política pública. La vulnerabilidad no es una debilidad moral individual; es una condición estructural que el Estado tiene el deber de mitigar. Un trabajador que opera en la informalidad —y en Argentina ese universo alcanza cifras que rondan el 44%, según distintas mediciones— no carece de mérito ni de valentía. Carece de condiciones estructurales de partida. Someterlo a la competencia desregulada no es un acto de justicia: es reproducir la desigualdad con el lenguaje de la libertad.
La Justicia Distributiva no es el antivalor que se denuncia como envidia institucionalizada. Es el reconocimiento de que la libertad real requiere condiciones materiales reales. Una libertad que solo pueden ejercer quienes ya tienen propiedad no es libertad universal: es el privilegio rebautizado.
El discurso cerró con una afirmación contundente: su gobierno sacó al 30% de los argentinos de la pobreza, catorce millones de personas, y el PIB creció un 11% por encima de lo esperado. Presentó estos números como prueba moral de la corrección de su programa.
Hay dos problemas con este razonamiento que la bioética y los DDHH permiten identificar con precisión.
El primero es metodológico. Las mediciones de pobreza son sensibles al umbral que se utiliza y al período de comparación. Si la línea de base es el pico inflacionario de finales de 2023 —cuando la pobreza escaló por el propio impacto del ajuste inicial—, una reducción posterior no necesariamente indica mejora estructural sino rebote estadístico. No basta evaluar no solo el dato puntual sino la tendencia de largo plazo y la calidad de la salida de la pobreza: ¿con empleo formal o informal? ¿Con acceso a obra social o sin él?
El segundo problema es bioético: no evalúa solo el resultado presente, sino las consecuencias para las generaciones futuras. El gobierno usa precisamente ese argumento —no trasladar deuda a las generaciones venideras— para justificar el ajuste. Pero también exige preguntarse qué se hereda cuando se destruye capacidad productiva, cuando la industria manufacturera se contrae, cuando los profesionales emigran en busca de condiciones que el mercado local no ofrece. El recorte de 400 becas del CONICET es una cifra pequeña en cualquier balance fiscal pero enorme en términos de capital científico: son investigadores formados durante años que el sistema expulsa y difícilmente recupera. La deuda financiera es visible y medible. La deuda en capital humano, en infraestructura cognitiva, en tejido productivo, se paga durante décadas y no aparece en ningún balance fiscal.
Uno de los pasajes más reveladores del discurso fue la ecuación entre marxismo, satanismo y terrorismo. Karl Marx es Satán, afirmó, y agregó que los terroristas siempre están alineados con la izquierda porque tienen un enemigo común: el capitalismo de libre empresa, basado en los valores judeocristianos.
Esta operación merece atención analítica, no solo indignación. Lo que hace aquí es teologizar el debate político: convierte una disputa sobre modelos económicos en una guerra cósmica entre el bien y el mal. El efecto es clausurar la discusión racional antes de que comience. Si el adversario es literalmente Satán, no hay argumento que valga, no hay dato que cuente, no hay política alternativa que sea legítima.
Una democracia que funciona sobre la base de que solo un sistema de valores es legítimo —y que sus críticos son agentes del mal— no está ejerciendo moral política: está ejerciendo fundamentalismo.
“Hemos quitado 16.000 regulaciones en dos años”, anunció como si se tratara de un logro moral equiparable a la abolición de la esclavitud. La regulación, en su sistema, es siempre coacción, siempre robo, siempre obstáculo.
Pero las regulaciones no nacieron del capricho burocrático. Nacieron, en su mayoría, de la experiencia histórica acumulada de lo que ocurre cuando el mercado opera sin límites: trabajo infantil, contaminación industrial, medicamentos adulterados, colapsos financieros. Cada regulación eliminada tiene, en algún punto de la cadena, una víctima concreta que motivó su existencia.
El principio de no regresividad en DDHH establece que un Estado no puede retroceder injustificadamente en los niveles de protección social ya alcanzados. Eliminar regulaciones laborales, ambientales o sanitarias no es neutralidad: es una decisión política de redistribuir el riesgo desde el capital hacia el trabajo, desde las empresas hacia los cuerpos de los trabajadores y las comunidades.
La salud no es solo ausencia de enfermedad. Es el conjunto de determinantes sociales —vivienda, alimentación, empleo digno, ambiente sano— que permiten a una persona desarrollar su proyecto de vida. Destruir esos determinantes en nombre de la eficiencia de mercado tiene consecuencias sanitarias concretas, aunque nadie las enuncie como tales.
En su discurso invitó a España a mirar el espejo de la Argentina para aprender de su experiencia. El espejo muestra un país donde la estabilización macroeconómica se logró transfiriendo costos hacia los sectores más vulnerables. Donde el superávit fiscal se construyó sobre la licuación de salarios reales, la reducción del gasto en salud y educación, y la contracción del tejido productivo. Donde los números del PIB conviven con una informalidad laboral estructural que deja a millones de trabajadores sin acceso a derechos básicos: vacaciones, aguinaldo, indemnización, cobertura médica.
Un superávit logrado de esa manera no es un óptimo sino una transferencia regresiva de costos. No es un éxito moral: es una elección política de quién paga y quién cobra, disfrazada de inevitabilidad técnica.
La moral como política de Estado, si se toma en serio esa fórmula, exige hacerse esa pregunta. ¿Quién pagó el ajuste? ¿Con qué cuerpos, con qué vidas, con qué futuros se financió el equilibrio fiscal?
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