Franco Oscari fue detenido de madrugada en su casa, sin ninguna notificación. Padeció traslados forzosos por distintas provincias. El viernes fue liberado.

Desde el 23 de junio, el muchacho había deambulado en diferentes penales federales por el norte del país, una maniobra calificada por su familia y la defensa como un modo de “disciplinamiento” por parte del Gobierno nacional, ejecutada por la justicia que se impone desde Comodoro Py para quienes critican las políticas del presidente Javier Milei. El joven se manifestaba en contra de La Libertad Avanza, su mamá es parte de un amparo ambiental y la familia de su novia está a un paso de ser desalojada.
“Ayer fue trasladado desde Salta. Vinimos a verlo y saber cómo está, además de conocer cómo sigue su situación judicial”, explica Mabel ese jueves. Debió pedir el día en su trabajo, en el que cuida a adultos mayores, para recorrer en remís los casi 160 kilómetros desde Palma Sola, en el Departamento de Santa Bárbara, donde vive, para llegar a la capital provincial. La incertidumbre recién llegará a su fin al otro día, el viernes, cuando el joven termine recuperando la libertad. Madre e hijo volvieron a abrazarse, pero esta vez en la calle.
La mujer recordó que se enteró de la detención esa misma madrugada. “Me llamó mi nuera llorando para avisarme que la Policía Federal había llegado con una orden de allanamiento y se lo había llevado por una supuesta amenaza en Facebook. Tuve que pedir dinero prestado para viajar y verlo en Jujuy. Después de eso no volví a verlo”, describe Mabel en diálogo con este diario.
Daiana acota que el operativo fue alrededor de las 5 y media de la madrugada: «Estábamos durmiendo. Nos sacaron de la cama. Cuando salí ya tenían a mi papá y a mi primo en el piso, apuntándoles con armas. Después de secuestrar los teléfonos y las computadoras nos explicaron el motivo del procedimiento. Solamente dijeron que Franco estaba detenido por una amenaza. No mencionaron a quién iba dirigida”.
Franco y Daiana viven en pareja desde hace unos tres años en el paraje Las Goteras, que estará a unas tres horas de Palma Sola, tras atravesar unos 15 arroyos, donde junto a la familia de ella trabajan el campo: crían animales como gallinas, vacas, ovejas y chanchos; cultivan verduras y producen alimentos. Especialmente quesos. “Ellos viven prácticamente aislados”, añade la madre de él.
“En los días previos él nunca me habló de ningún mensaje ni de ningún problema relacionado con eso. Por eso todo nos tomó por sorpresa”, refiere Daiana. Por su parte, Mabel refuerza que “antes de la detención yo notaba movimientos extraños. Frente a mi casa se estacionaba una camioneta negra con personas que parecían vigilar. Pensé que podían ser ladrones porque en Palma Sola hubo muchos robos, incluso denuncié esa situación”.
“Después -continúa la madre- fueron hasta el campo un hombre y una mujer armados, dijeron ser de la Policía Federal y que tenían una notificación para Franco, pero nunca le entregaron ninguna. Mi nuera grabó ese momento. Le dijeron que él sabía lo que había hecho y se fueron. Un mes después regresaron para detenerlo”.
Tras la detención, la familia quedó sumida en la incertidumbre. “Lo que más me desesperó fue el traslado posterior. No nos avisaron y a las abogadas tampoco. Nos dijeron que iba rumbo a Buenos Aires. Horas más tarde nos informaron que estaba en Tucumán y que finalmente lo llevarían a Salta. Fueron momentos muy duros y todavía no entiendo por qué actuaron de esa manera”, resume Mabel.
El traslado de Franco a San Salvador fue a raíz de la presentación de un hábeas corpus ante la Justicia Federal de Jujuy. Esteban Hansen, el juez que inicialmente se había declarado incompetente para intervenir, “tuvo que conocer la causa y resolverla”, analiza la abogada Samantha Delgado quien junto a su colega María José Castillo asesoran a la familia. “El magistrado concluyó que las condiciones de detención de Franco se habían agravado como consecuencia de los traslados forzosos”, añade.
Finalmente, el juez federal Ariel Lijo, ante quien cayó la denuncia de Bullrich, “no esperó a que la Cámara Federal de Apelaciones en CABA resolviera la excarcelación y procedió a dictarle la libertad y a procesarlo por la supuesta amenaza a Bullrich”, puntualiza la abogada, quien considera “totalmente grave e inaudito en un estado democrático lo que padeció Franco en estos 10 días de detención ilegal y traslados arbitrarios. Apelaremos el procesamiento, Franco fue preso por campesino, por defensor de los bosques, por el acceso a la tierra, por luchador”.
“Somos una familia humilde y de trabajo. Me da bronca que digan que él representa una amenaza para el Gobierno o que iba a matar a Patricia Bullrich”, sostiene, entre lágrimas, Mabel Alicia Oscari Romano.
La defensa también cuestiona la acusación. “A Franco se le atribuye un mensaje enviado por Facebook en abril, pero eso deberá probarse. El teléfono secuestrado está siendo peritado y él había perdido otros celulares anteriormente”, explica la abogada Samantha Delgado.
“Además, aun si ese mensaje hubiera existido, el delito no se configura. Para que haya una amenaza penalmente relevante debe existir una posibilidad real de concretarla, algo que no surge de Franco. En la propia resolución del juez Lijo se describe a Franco como un trabajador rural. No existían las condiciones de tiempo, modo y lugar para que pudiera concretarse una amenaza”.
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Ayer, Venezuela, Brasil, Honduras, Paraguay, Bolivia o Argentina; antes, Cuba. Otros métodos, no la finalidad.