El 4 de julio de 1976, cinco religiosos de la congregación palotina fueron asesinados en una casa parroquial de Belgrano. Cuatro expolicías fueron imputados por encubrir ese crimen.
En esa línea, cuatro expolicías quedaron imputados por el Juzgado Federal Número 3 a cargo de Daniel Rafecas, que comenzará a recibir sus declaraciones indagatorias la semana que viene.
En la madrugada del 4 de julio de 1976, los cuerpos de los cinco religiosos, acribillados a tiros, fueron hallados en la Casa Parroquial de la Iglesia de San Patricio, ubicada en la calle Estomba al 1900, en el barrio de Belgrano.
El caso se conoció como “La Masacre de San Patricio” y se trató del peor crimen cometido contra miembros de la Iglesia Católica durante la última dictadura cívico militar.
El trabajo realizado por la querella que siguen los abogados Pablo Llonto, Adrián Krmpotic y Ariel Noli, junto con el impulso del colectivo Palotinos por la Verdad, la Memoria y La Justicia, permitió que sean llamados a brindar declaración indagatoria a cuatro exefectivos de la Policía Federal.
Estas citaciones, dispuestas por el Juzgado Federal Número 3 que encabeza Daniel Rafecas, están en línea con una hipótesis que sostiene que los asesinatos resultaron ser una venganza perpetrada por la bomba que Montoneros colocó dos días antes en la sede de la Superintendencia de Seguridad, ubicada en Moreno 1417, donde funcionaba un centro clandestino de detención ilegal.
Además, los querellantes aportaron en el expediente nuevos elementos que sugieren que el crimen fue perpetrado por un solo tirador -y no por cinco, como se sugirió durante años- que habría utilizado una pistola ametralladora Ingram Mac 10 con un atenuador de sonido.
Armas de ese tipo habían sido adquiridas durante la gestión del ministro de Bienestar Social José López Rega para los custodios de la cartera que encabezó entre 1973 y 1975 y a los integrantes de la organización parapolicial Triple A. Un elemento que conecta a este asesinato con los vínculos que existieron entre esa banda paraestatal y la Policía Federal, antes y después del golpe del 24 de marzo de 1976.
En base a los elementos aportados por la querella que siguen los letrados en representación de la familia del seminarista Barletti, Rafecas citó a indagatoria al oficial ayudante Miguel Ángel Romano, al sargento Atilio Edgardo Juárez, al agente Serafín Losada y al oficial principal Héctor Roberto Olivetto, todos ellos antiguos efectivos de la Comisaría 37ª de la Federal, con jurisdicción sobre la Iglesia de San Patricio.
Los exefectivos están sospechados de haber liberado la zona para que los autores materiales pudieran perpetrar el crimen. Fuentes ligadas a la causa le indicaron a Tiempo Argentino que la semana que viene, el Juzgado de Rafecas comenzará a tomarles declaraciones a los imputados.
Olivetto debe presentarse el lunes 6 de julio, Losada debe hacerlo el martes 7 y el miércoles 8 será el turno de Juárez. En el caso de Romano, quien en 1987 resultó beneficiado por las leyes de punto final y obediencia debida, la Cámara Federal debe resolver si se encuentra sobreseído por esos hechos en base a un pedido formulado por sus representantes legales. Una medida tendiente a dilatar aún más el progreso de la investigación.
En las primeras horas de ese 4 de julio, dos autos que estaban estacionados frente a la Iglesia de San Patricio llamaron la atención de algunos vecinos de la calle Estomba.
Julio Víctor Martínez, hijo de un militar que se encontraba destacado en Neuquén, estaba esa noche en su domicilio con unos amigos, y al advertir la presencia de estos vehículos concurrió a la Comisaría 37 para hacer una denuncia.
Un móvil policial se trasladó a San Patricio y Romano se apersonó en el lugar, y tras intercambiar unas palabras con los ocupantes de los autos, se retiró como si hubiera impartido directivas.
Rolando Savino, un adolescente de 16 años que oficiaba como organista de la parroquia, llegó ese domingo temprano para participar de la misa dominical. Al ingresar, se encontró con los cuerpos ametrallados.
En las paredes del lugar, los asesinos escribieron consignas: “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la patria”; “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son MSTM (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo)”.
“Era una acción que estuvo firmada, como solía hacer la Triple A, cuyos integrantes estuvieron relacionados con la Federal y luego se sumaron a la represión ilegal”, consideró el abogado querellante Adrián Krmpotic.
La investigación por la Masacre de San Patricio se reabrió tras la anulación de las leyes de impunidad y los indultos presidenciales de Carlos Menem. Por testimonios de sobrevivientes referidos a dichos relatados por represores, los hechos quedaron bajo la órbita de la megacausa ESMA, instruida por el juez federal Sergio Torres.
Pero la declaración de un expolicía de la Federal, Armando Víctor Luchina formulada en 2022 ante el Juzgado Federal Número 12, que instruye en la causa de la Masacre de Fátima (la ejecución de 30 detenidos que fueron llevados en agosto de 1976 a Pilar, donde sus cuerpos fueron dinamitados), permitió orientar la investigación sobre la venganza de la Federal.
Luchina era un agente que prestaba servicios en Coordinación Federal cuando estalló la bomba puesta por Montoneros. El testigo afirmó que tras el ataque a la sede policial los integrantes del Grupo de Tareas que respondía al entonces ministro de Interior Albano Harguindeguy afirmaron que ejecutarían acciones de represalias. El exagente dio cuenta además de las vinculaciones que esos efectivos tuvieron con la Triple A, antes del golpe de Estado.
Con todos estos elementos, los querellantes pidieron que sea investigado el rol de la Federal en la Masacre de San Patricio y Rafecas ordenó estas indagatorias.
“Creemos que se dio un paso importante con estos llamados a indagatorias. Después de muchos años, podemos establecer la verdad de los hechos”, señaló Ramiro Varela, integrantes del colectivo de la comunidad palotina que desde hace años trabaja para esclarecer este crimen. «
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Ayer, Venezuela, Brasil, Honduras, Paraguay, Bolivia o Argentina; antes, Cuba. Otros métodos, no la finalidad.