Estilo segundo mandato: proyectos inmobiliarios, obras faraónicas, comisiones, criptomonedas, escándalos. El clan multiplica su fortuna, pese a algunos serios reveses judiciales.
Detrás de tanta exaltación, dicen los menos mal intencionados, están los negocios. Por un lado, la marca Trump se valoriza a la hora de cotizar la patente cuando se presta el nombre tan publicitado para ejecutar cualquier emprendimiento. Por otro, están las comisiones, como las de ese 3% que en otros países también sacaron carta de ciudadanía. Las últimas semanas fueron pródigas en noticias de tal sentido. Un caso ejemplifica las normas sucias institucionalizadas. Un estudio de The New Yorker mostró que las empresas que aportaron unos U$S 400 millones para la faraónica obra de construcción de un salón de baile en la Casa Blanca, son las mismas que semanas después de sus generosas contribuciones recibieron contratos por un total de U$S 50.000 millones.
Esa mala costumbre de los Trump (matrimonio y tres hijos), dicen algunos, esa desmedida ambición, dicen otros, fue esbozada ya en la primera presidencia, pero quedó al descubierto apenas inició esta segunda, en enero de 2005. Sólo tres meses después de asumir ya había agrandado el patrimonio familiar en 2900 millones de dólares. Un hotel en Dubai, una torre de viviendas de súper lujo en Arabia Saudita, dos iniciativas de criptomonedas en EE UU, un campo de golf en Washington, un complejo de villas en Qatar. Fue tapa del The New York Times. Grandes obras en los países que entregan su territorio para las bases que apoyan las aventuras genocidas de Trump en Medio Oriente e Irán. Los primeros que visitó apenas asumió, no casualmente los mismos que agigantaron sus iniciativas especulativas.
Las criptomonedas $Trump y $Melania, lanzadas poco antes de que estallara en Argentina el escándalo de $Libra y el más grave aún de las coimas del 3%, incrementaron su valor neto en esos 2900 millones, según una investigación de State Democracy Defenders Action (Defensores de la Democracia en Acción). En esto, agrega la organización, jugaron un rol superlativo los capitales de los países árabes y las empresas locales beneficiadas con contratos del Estado. Algunas, antes de conocerse el tipo y el monto de las prebendas, se apresuraron a confesar sus pecados y arrojar luz sobre las prácticas de la Casa Blanca. Tal el caso de Freight Technologies, que avisó a la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) que había comprado U$S 20 millones de las $Trump.
Amparado en la impunidad que le prestan sus feligreses –ciudadanos, líderes partidarios y empresarios–, Trump en persona cursó la invitación más descarada del mundo: participar de una cena íntima en su Golf Virginia, seguida por un tour a la Casa Blanca. Estaban previstos 220 lugares para quienes fueran los más grandes inversores de la cripto de Trump. “Cena con el presidente y la Comunidad $Trump. Déjale saber al presidente cuántas monedas $Trump tienes”, decía el convite. La cripto presidencial subió más del 60 por ciento. Mientras el negocio especulativo rendía cada vez más, Donald Jr. y Eric, sus hijos varones, viajaban por Medio Oriente para sellar el financiamiento de nuevos negocios, e Ivanka, la hija mujer, ataba emprendimientos en Albania.
La marca Trump, con el aval oficioso de la Casa Blanca y el sello de la corrupción, sigue expandiéndose. A escala global tiene en desarrollo 22 proyectos inmobiliarios en 12 países. Según su declaración jurada de junio del año pasado, el presidente recibió o tiene derecho a recibir algo más de 35 millones por proyectos en marcha en India, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Omán, Corea del Sur, Turquía y Filipinas, todos bajo “tarifas de licencia”. Por prestar el nombre, la Organización Trump cobra un porcentaje del 3% de las ventas totales, que puede llegar al 5%, más una renta anual en el caso de los proyectos hoteleros. Donald Jr. se cebó con esas prácticas: cobra 500 mil dólares por una membresía en el Golf
Washington y ya tiene lista de espera de quienes saben que, después, vienen las prebendas.
En colisión con las buenas noticias generadas por los negocios, hubo otras que dolieron, porque golpearon el inconmensurable ego del presidente. Un juez de ignoto pasado ordenó rever lo relacionado con el cambio de nombre del Kennedy Center, una institución similar al Centro Cultural Kirchner a la que, manu militari, Trump le cambió el nombre para pasar a llamarla The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center. Las nuevas autoridades puestas a dedo debieron destruir la papelería que honraba la figura presidencial y las melosas parrafadas estampadas en el sitio web. Fue “humillante”, lo describieron en la Casa Blanca, pero más humillante fue ver a una multitud, bajo la lluvia, aplaudiendo a los obreros que retiraron la marquesina que lo distinguía en la fachada principal del edificio.
No fue todo. Una jueza ordenó que anule el decreto por el que exigía a museos, parques y monumentos de todo el país que dejaran de mostrar “elementos que denigran de forma inapropiada a los estadounidenses, vivos o difuntos”. Para la jueza de Massachusetts, el presidente buscaba “reescribir la Historia con un corrector blanco (cuando) la Historia no puede contarse fielmente mientras se excluyan las experiencias de comunidades cuyos aportes, luchas y logros forman parte importante del relato de nuestra Nación”. El decreto presidencial, de definido corte racista, había sido acompañado de instrucciones precisas de “no caer en las formas deformantes que busca imponer la cultura woke” (progresista).
Y la última, quizás la que más duela porque golpea la política antiinmigrantes con la que Trump ha satisfecho a los sectores nazifascistas de la sociedad norteamericana: el lunes último, la Suprema Corte –conservadora como es– falló contra una iniciativa clave, que buscaba anular el derecho a la ciudadanía por nacimiento de los hijos de extranjeros nacidos en EE UU, un serio revés que ahora ambienta la ofensiva progresista que exige rever otras medidas de su campaña contra los inmigrantes indocumentados. El decreto que anulaba la ciudadanía por nacimiento había sido firmado por Trump el mismo día que asumió la presidencia, el 20 de enero del año pasado, y en su marco convirtió a miles de niños en objeto de persecución.
En su lucha sin cuartel contra la Humanidad, Trump situó al cambio climático y las energías limpias entre sus primeros enemigos. Se embanderó en la defensa a ultranza de los combustibles fósiles. Logró que en las mentes colonizadas de sus fieles adulones del sur se restringieran, o hasta se eliminaran, ideas tales como la del cambio climático, “Cosas de la cultura woke” (progresista), dicen. Sin embargo, en casa, algunos jueces estaduales se retobaron y encontraron fisuras en la Justicia imperial. Lo que fue un esbozo en su primer mandato, tomó forma en este segundo y Trump declaró la Emergencia Energética para aumentar la producción de combustibles fósiles con su lema del “drill, baby, drill” (perfora, bebé perfora” que ampara a los amigos de buen bolsillo. Eso ahora quedó frenado.
Al mejor estilo libertario –sustentar sus razonamientos con falsedades–, Trump llega a decir que el concepto de energía limpia es la mayor estafa del siglo. Lo dice, por ejemplo, para dar cuerpo a las presiones que ejerce sobre sus aliados, Gran Bretaña a la cabeza, para que abandonen la premisa de las energías renovables y vuelvan a perforar en busca de petróleo. Las grandes existencias del mar del Norte, con sus pozos desactivados, son su obsesión en estos días. Durante el último Foro de Davos disparó una indisimulada andanada de mentiras hacia los representantes británicos y llegó a garantizar que China fabrica “casi todas las turbinas del mundo con el único objetivo de vendérselas a gente estúpida”.
A su regreso a la Casa Blanca, y amparado en el decreto de la Emergencia, Trump libró un nuevo decreto que obligó al Pentágono a comprar más electricidad generada a partir del carbón, la forma de producción más sucia y contaminante que se conoce. Simultáneamente, bloqueó la concreción de ocho proyectos eólicos marinos con la falsa premisa de que esas instalaciones suponen un riesgo para la seguridad nacional. Para ello ordenó al Ministerio del Interior recomprar concesiones marinas, ofreciendo generosas compensaciones para que las empresas inviertan en combustibles fósiles.
Los proyectos parados comprometían una inversión de U$S 2600 millones. La francesa TotalEnergies admitió que en marzo le adjudicaron 1000 millones a cambio de destinar a fósiles (en Texas) el capital reservado para dos plantas marinas en las costas de Carolina del Norte y Nueva York.
Un grupo de jueces federales frenó los planes de Trump, que sobre la base de falsedades prosigue con su idea de volver a la prehistoria criminal de la generación energética. El martes siete fiscalías demandaron al gobierno para que desista de sus planes regresivos y deshaga el compromiso con TotalEnergies. La demanda, iniciada por las fiscalías de Nueva York y California, busca anular lo dispuesto y frenar judicialmente todos los “planes contaminantes” del gobierno. En principio, lo logró.
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