A dos meses de la histórica condena a prisión perpetua a siete policías por la desaparición seguida de muerte de Daniel Solano, los sospechosos continúan en libertad y ni siquiera fueron exonerados de la fuerza. El muchacho, de 24 años, era un trabajador golondrina de Salta que había viajado a Río Negro, para la cosecha de manzanas. Según se pudo reconstruir, la víctima se había quejado de la explotación laboral a la que era sometido por una multinacional y poco después, agentes de la policía provincial lo secuestraron. Su cuerpo nunca apareció.

Tras seis meses de juicio, el 1° de agosto, el Tribunal integrado por los jueces Oscar Gatti, María Evelina García Balduini y Gastón Martín condenaron a los efectivos Pablo Roberto Quidel, Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender, Héctor César Martínez, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, y Diego Vicente Cuello.

En el fallo condenatorio, los jueces plantearon que “hubo pistas y testimonios falsos”, se “presionaron testigos” y “desapareció evidencia durante la búsqueda”. Sin embargo, no creyeron conveniente que tras la sentencia los imputados vayan tras las rejas, al considerar que “no existen riesgos procesales” ya que los imputados “han prestado caución real” y “han fijado domicilio, realizan presentaciones semanales y han cumplido todas las cargas procesales”.

Si bien la querella y la fiscalía solicitaron la prisión preventiva de los acusados, el tribunal especificó que hasta que el fallo no quedara firme, los condenados continuarán gozando de la libertad.

En ese entonces, la cúpula de la fuerza de Seguridad provincial adelantó que la Junta de Disciplina se reuniría para analizar los casos y tratar los pases a disponibilidad. Según informó recientemente el portal de noticias En estos días, el cuerpo disciplinario se juntó la semana pasada, durante dos días en Vieda, pero no llegó a tratar el tema de los policías condenados. Por lo que no se tomó ninguna medida administrativa peso al respecto.

Vale decir que dos días después de la lectura del fallo, el Ministerio informó que había suspendido preventivamente a los implicados para “garantizar que los condenados no portaran armas”.

El caso

Daniel Solano era de Tartagal, Salta, y junto a otros guaraníes como él, había sido trasladado a la localidad de Lamarqué, el 8 de octubre de 2011, para trabajar en la cosecha de la manzana para la multinacional Expofrut. Casi un mes después, el 5 de noviembre, fue a una disco con algunos compañeros de donde fue echado por miembros de la seguridad privada del lugar, en connivencia con los policías imputados. Nunca más se lo vio con vida.

Días antes, el joven se había quejado de las precarias condiciones de trabajo y se cree que estaba organizando a sus compañeros para plantearle algunos cuestionamientos a sus patrones. Casualmente, los integrantes de la policía de Río Negro, eran los custodios de los predios y los negocios de la multinacional.

En un primer momento, la policía impuso la versión de que la víctima había sido vista en la terminal de ómnibus. La justicia, entonces, archivó el expediente. Finalmente, un abogado de Salta Sergio Heredia logró reabrir el expediente y reencauzar la investigación que ya lleva la apertura de 25 causas conexas por otras desapariciones y muertes de trabajadores norteños, trata de personas, narcotráfico, estafa laboral y corrupción empresarial.