Cataluña, paso a paso en la «desconexión»

«Hoy ponemos las bases de una estructura de Estado que está el servicio de los ciudadanos y no de las cloacas», afirmó durante el debate previo a la votación la diputada Marta Senserrich, de la coalición independentista Junts Pel Sí. Poco después, el pleno del Parlamento catalán, por 71 votos a 62, aprobaría la Ley del Código Tributario, una de las conocidas como «leyes de ruptura», que le entrega a la Generalitat el control de los impuestos que se recaudan en la región.

Esos votos a favor de la mayoría independentista se lograron por la coalición entre Junts Pel Sí y la la Candidatura de Unidad Popular (CUP). El resto de las fuerzas políticas, tanto las más o menos favorables a la secesión como las contrarias, votaron en contra de la ley.

Justamente, Antonio Espinosa, el portavoz de Ciudadanos, calificó el nuevo Código como “un instrumento al servicio de la secesión, en lugar de ser una herramienta para mejorar el servicio de los ciudadanos (…) Esta ley se enmarca en sus chapuceras leyes de desconexión”.

Por el contrario, el secretario de Hacienda del Gobierno catalán, Lluís Salvadó, aseguró que se trata de «una ley importante para el despliegue de la futura hacienda catalana». La nueva norma establece la creación de una serie de órganos tributarios como el Consejo Fiscal de Cataluña, el Instituto de Investigación Fiscal y Estudios Tributarios o el Cuerpo Superior de Técnicos Tributarios. El gobierno regional considera que darán cobertura legal a la eventual desconexión con España y a preparar el andamiaje de un nuevo Estado.

Ahora le tocará a la ley de referéndum, destinada a dar cobertura legal a la consulta. Los portavoces de la Junts Pel Sí anunciaron que será presentada en los próximos días y se anticipa un debate aún más vigoroso que la norma aprobada el viernes último. De hecho, el propio presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, salió a la palestra para anunciar que recurrirá ante el Tribunal Constitucional, un organismo parlamentario sumamente controversial, que fuera diseñado puntualmente para evitar que Madrid pueda suspenda la tramitación de leyes en todo su territorio, incluso antes de su aprobación. Rajoy advirtió en repetidas ocasiones que «no habrá referéndum» porque es «inconstitucional» y anunció que tomará medidas para recurrir la norma sobre la consulta.

Cuando la información llegó a Cataluña, Marta Rovira, de la Junts Pel Sí salió a cruzarlo: «De momento, nadie nos puede impedir poder presentar una ley que regulará el referéndum. Es un derecho que tenemos los diputados de iniciativa política». La ley del referéndum será entregada con la firma de todos los diputados independentistas como gesto de unidad sobre la celebración de la consulta. «