El celular del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sufrió nuevamente un intento de vulneración en los últimos días. Fuentes judiciales confirmaron que intentaron hackearlo mediante la obtención de un PIN, algo que fue detectado por un agente del área de comunicaciones del Máximo Tribunal.
Según supo Tiempo, el hecho fue denunciado y la presentación con la descripción de lo sucedido quedó radicada en la División Conductas Informáticas Ilícitas de la Policía de la Ciudad. Es el fiscal nacional en lo Criminal y Correccional Santiago Vismara quien tiene a cargo la investigación para saber qué es lo que ocurrió.
Lo que se sabe es que el hecho fue detectado por un agente de la Dirección General de Gestión y Habilitación e Infraestructura de la Corte Suprema. Se trata de una oficina que tiene bajo sus funciones el nexo entre la cabeza del Poder Judicial y las empresas de telecomunicaciones que prestan servicios de conexión en las instalaciones del Tribunal.
El agente referenciado habría recibido un llamado en su línea personal de parte de una persona que decía ser representante de la empresa Movistar, quien supuestamente intentó obtener el código PIN de una línea que, de acuerdo ese relato, había sido reportada como robada. La inconsistencia llamó la atención del agente cortesano, que cortó la comunicación y la reportó ante la Dirección de Seguridad de la Corte. Al revisar la línea en cuestión se dieron cuenta de que su titular era Rosatti.
Rosatti y su antecedente
Como se mencionó antes, no es la primera vez que Rosatti es víctima de un episodio vinculado a su línea telefónica.
Tiempo atrás, la Justicia detectó que al menos entre diciembre del 2022 y mayo del 2023 se dieron de alta de manera ilegítima una gran cantidad de líneas telefónicas a nombre de reconocidos jueces y juezas de la Argentina y también de algunos funcionarios políticos. Una de ellas estaba a nombre del presidente de la Corte.
La investigación aún continúa abierta, y se lleva a cabo en varios expedientes conexos orientados a diferentes líneas de una serie de hechos de variable complejidad. Parten desde una maniobra de suplantación de SIM para la venta de líneas telefónicas baratas con datos para la conexión a internet en zonas humildes del norte del país hasta el acceso de uno de los implicados a bases de datos reservadas como las de Afip, Anses y Migraciones.
En el caso particular de Rosatti, se detectó en su momento que su línea celular había impactado en un celular localizado en la provincia de Misiones. La mujer que lo tenía en su poder se llama Nelly Soledad Valdés, que fue imputada y el fiscal Gerardo Pollicita le dictó la falta de mérito al considerar que no se encontraron elementos que permitan achacarle algún grado de responsabilidad en la comisión de un delito.
En su declaración ante la Justicia, la mujer brindó una descripción que ayuda a comprender cuál fue el fin de la maniobra de la que fue víctima Rosatti años atrás. «Yo compro en el barrio chips que vienen activados (…) Vienen con 1000 o 1500 pesos de crédito. Los uso sobre todo para que mi hija vea videos (…) Esos chips tienen vigencia de un mes. Si se finaliza, se puede recargar en ese mes. No tengo idea a nombre de quién están esos chips», dijo frente al juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Antes de vender las líneas, los autores de la maniobra necesitaban lograr que las empresas telefónicas como Movistar, Claro o Personal las habiliten a nombre de titulares como Rosatti o las otras víctimas. Para hacerlo tenían que responder una trivia que muchas veces era fácil y otras requería de información menos conocida.
Por esa parte del caso hay joven llamado Santiago Machado, de 22 años, que estuvo detenido con preventiva y está camino a juicio oral señalado por haber sido quien realizó los hackeos y la venta de las líneas. Fuentes judiciales indicaron que se trata de un chico humilde que vendía los chips con gigas de internet baratos en la localidad misionera de Garupá.
El segundo involucrado es otro joven oriundo de Misiones llamado Elías Ezequiel Nunes Pinheiro, que también estuvo detenido, pero ahora permanece en libertad, aunque bajo la condición de presentarse periódicamente ante la policía. En su caso, la trama se complejiza porque fue quien admitió en sede judicial haber sido quien hackeó varias de las líneas de jueces federales como Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburo, Andrés Basso y Gustavo Hornos. Pero señaló que lo hizo por encargo de un anónimo que lo contactó en Telegram bajo el usuario eljuanxd y le pagó por hacerlo.
Un servicio en la mira
El punto más complejo de la maniobra aparece en torno a Ariel Zanchetta, un ex integrante de la Policía Federal que durante más de una década montó un «kiosco» de venta de información sobre empresarios, políticos, jueces y personalidades del espectáculo o los deportes. Quedó involucrado luego de que le encontraran más de dos mil pedidos de información personal de jueces en una base de datos llamada Sudamérica Data. Varios de esos jueces fueron víctimas de la maniobra de tramitación de líneas. Uno de ellos fue Rosatti.
Cuando lo allanaron, a Zanchetta le encontraron una increíble cantidad de información acumulada desde el año 2011 en diferentes dispositivos. En total le secuestraron 19, entre celulares, computadoras y pendrives. Pero con el avance de la investigación se encontró que además de las consultas a bases de datos públicas, también tenía acceso a bases reservadas de organismos públicos como Anses, Afip y Migraciones, por medio de usuario y contraseñas que se presume serían de agentes de esos organismos.
Actualmente, la Justicia trabaja en el cruce de todo ese cúmulo de información. Si bien el caso estalló hace dos años, todavía surge información relevante que estira las definiciones. A su vez, el Juzgado de Martínez de Giorgi se enfrenta a dificultades propias del Poder Judicial, vinculadas a la saturación de los mecanismos para acceder a la información de los dispositivos celulares.
Según consignaron a Tiempo fuentes judiciales, aún se espera la información del análisis de los dispositivos con el software conocido como UFED para procesarla y cruzarla con la que ya está disponible. Para optimizar el proceso debieron recurrir no solo al servicio que presta la Gendarmería, cuyos turnos de análisis se dan con unos cuantos meses de demora, sino que también recurrieron al de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal.
En definitiva, la investigación apunta a dos maniobras separadas, con diferente complejidad y objetivos, pero con un mismo modus operandi.
Qué podría pasar
Este antecedente que, entre otros, tuvo como víctima a Rosatti, obligó a las compañías telefónicas a endurecer los controles a la hora de otorgar líneas. Será tarea ahora del fiscal Vismara dilucidar si se trató de una maniobra similar o qué hubo detrás del nuevo intento. Depende de lo que ocurra, por tratarse nuevamente del presidente del Máximo Tribunal del país, no se descarta que el caso pueda pasar a la Justicia Federal.
